13 detenidos por facilitar bodas de conveniencia a inmigrantes

El pasado d¨ªa 16, en el Registro Civil de Amposta (Tarragona), una boda no se celebr¨®. Tres testigos de la ceremonia fueron detenidos por la polic¨ªa nacional. Acud¨ªan a dar fe de una relaci¨®n que en realidad era un matrimonio de conveniencia.

La polic¨ªa estima que pueden llegar a mil los inmigrantes que capt¨® la banda

Ese mismo d¨ªa, pero en Valencia, la polic¨ªa detuvo a otras diez personas. Todos ellos formaban parte de una red que desde hace al menos cuatro a?os captaba inmigrantes, sobre todo suramericanos, les ofrec¨ªa residencia y nacionalidad a trav¨¦s de matrimonios de conveniencia, les cobraba por ello entre 4.000 y 14.000 euros y les proporcionaba contratos de trabajo con empresas tapadera o mercantiles con deudas a la Seguridad Social. Una gestor¨ªa ubicada en la avenida de los Tamarindos, en Valencia, acumulaba la mayor¨ªa de los expedientes ahora bajo sospecha. Los trece detenidos est¨¢n acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, de estafa y de falsificaci¨®n documental. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 20 de Valencia se ha hecho cargo de la investigaci¨®n.

J.J.C.F., de Valencia, gestor de profesi¨®n, es el cabecilla, seg¨²n la polic¨ªa nacional, de una red que fundamentalmente se dedicaba a proporcionar a inmigrantes en situaci¨®n irregular matrimonios de conveniencia. A estos mismos inmigrantes o a otros, les ofertaba la tramitaci¨®n de la residencia por arraigo, aunque, seg¨²n algunos detenidos, no siempre lo hac¨ªa. A un n¨²mero indeterminado, les cobr¨® 4.000 euros por regularizar su situaci¨®n, pero no lo hizo. Los afectados dif¨ªcilmente pod¨ªan reclamar porque el cabecilla nunca desvelaba la direcci¨®n de sus oficinas.

Seg¨²n fuentes policiales, J.J.C.F., sin antecedentes, hab¨ªa tejido una red de colaboradores muy s¨®lida. Unos estaban en su propia gestor¨ªa (en la avenida de los Tamarindos o en otra oficina con menor actividad situada en la calle del Maestro Rodrigo, tambi¨¦n en Valencia). Otros, eran captadores y figurantes (testigos falsos en las bodas).

La investigaci¨®n se inici¨® el pasado diciembre por informaciones policiales previas. No hay, hasta ahora, denuncias de inmigrantes a los que la red cobrara por matrimonio de conveniencia, por tramitar papeles o por ambas cosas. De momento, de una importante cantidad de expedientes localizados en los registros de las dos oficinas, la polic¨ªa deduce que pueden ser hasta mil los inmigrantes afectados, y se han localizado 30 matrimonios de conveniencia perfectamente documentados. Desde la brigada que lleva el asunto se asegura que "la cifra se disparar¨¢ mucho porque la red se dedicaba fundamentalmente a los matrimonios de conveniencia". La polic¨ªa tiene documentado que esos matrimonios se han celebrado sobre todo en la provincia de Valencia, pero tambi¨¦n en Toledo, Cuenca, Castell¨®n y Tarragona. Los inmigrantes, que seg¨²n la polic¨ªa sab¨ªan que participaban de una ilegalidad al acceder a contraer un matrimonio de conveniencia, no han presentado denuncia.

Los tr¨¢mites, para los que la red estaba preparada hasta el extremo de contar con cuestionarios muy rigurosos sobre las preguntas que podr¨ªan hacer a los contrayentes para verificar la autenticidad del v¨ªnculo, fueron reales y los certificados tambi¨¦n. Las bodas figuran como aut¨¦nticas porque superaron los controles. El contrayente espa?ol cobraba entre 2.000 y 4.000 euros; cada testigo, 300; el resto de participantes para recados, 60; y los que empadronaban en su domicilio a alguno de los contrayentes, 200 euros.

Seg¨²n la informaci¨®n obtenida de los detenidos, los matrimonios duraban entre uno y dos a?os. Para proteger los intereses del espa?ol que acced¨ªa a la boda por dinero, inmediatamente despu¨¦s del enlace, la red acompa?aba a la pareja a un notario para dejar constancia de la separaci¨®n de bienes.

El negocio no acababa ah¨ª. Despu¨¦s, el divorcio. Lo gestionaban por 1.200 euros. Y si inclu¨ªa un trabajo, 250 euros al mes por estar dado de alta en la Seguridad Social. En este caso, en empresas tapadera, sin actividad, o en una cadena de mercantiles que acumularon, seg¨²n la polic¨ªa, deudas millonarias a la tesorer¨ªa general.