Con un pie en la calle a pesar de haber pagado

"?Nieves! ?Se acab¨®! ?Se han ido!". Al o¨ªr la noticia, Javier Queipo se echa a llorar. Su madre, Nieves G¨®mez, sigue hablando por el tel¨¦fono. Ni siquiera se gira para escuchar de frente lo que dice su amiga. Ella tambi¨¦n llora. Quienes "se han ido" son la comisi¨®n judicial que ven¨ªa a echarla de su piso, en el n¨²mero 30 de la calle Moreja, en Orcasitas. Son las once de la ma?ana. Media hora antes, seg¨²n la notificaci¨®n del juzgado, tendr¨ªan que haber estado en la calle por impago al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Aunque la deuda ya estaba saldada.

Nieves G¨®mez sald¨® la deuda despu¨¦s de que el juez ordenara la expulsi¨®n

Vecinos y familiares acudieron a la casa para evitar el desalojo

La mujer ha pasado las horas anteriores como improvisada anfitriona, combinando los llantos con el recibimiento a multitud de vecinos, amigos y asociaciones del barrio que han acudido para impedir el desahucio. Incluso un letrado ha metido baza: "Mira, yo te ayudo pero le quitas el tema a tu abogada y me lo das a m¨ª". Nieves asiente a cada palabra. En el piso viven ella y tres de sus cinco hijos: Ra¨²l, de 11 a?os; Itziar, de 12, y Javier, de 24. "Todo con tal de que no nos dejen en la calle", repite.

Los problemas vienen ya de largo. En 1990, Nieves G¨®mez, de 49 a?os, y Javier Queipo, de 53, empezaron a tener dificultades para pagar los 60 euros de alquiler que pagaban entonces por el piso. El Ivima, que gestiona 23.000 pisos y 2.000 locales comerciales en la regi¨®n, se querell¨® en 2002 contra el matrimonio por impago de 155 recibos. La deuda, a diciembre de 2007, era ya de 167 recibos. En esa fecha, un juzgado orden¨® el desahucio, que tendr¨ªa que haberse ejecutado ayer. Nadie recurri¨® la sentencia ni llam¨® al Ivima para buscar una soluci¨®n.

Hasta el 11 de febrero, cuando Nieves corri¨® a pagar la deuda de 21.000 euros a la oficina de cobros del Instituto. Pero llegaba tarde: la sentencia de desahucio era firme. En ella, el juez menciona s¨®lo a Javier Queipo, el ¨²nico titular en el contrato de alquiler de la vivienda, al que declara en "rebeld¨ªa por no haber comparecido en forma con abogado y procurador" el d¨ªa de la vista. El resultado es la rescisi¨®n del contrato con el Ivima. "No me enter¨¦ porque no estoy en el contrato", se lamenta Nieves. Seg¨²n su versi¨®n, y el escrito que remiti¨® al juez el pasado mi¨¦rcoles, su todav¨ªa marido le "escondi¨® la orden de desahucio [del 3 de abril] por maldad".

"El Ivima tiene que cumplir la ley y aunque haya pagado la deuda, el contrato ya est¨¢ rescindido", argumentaba ayer un portavoz de la Consejer¨ªa de Vivienda. Aun as¨ª, el Ivima cedi¨®. Con la casa de Nieves repleta de gente y minutos antes de echarla, opt¨® por "volver a estudiar su caso, dado que no es una mujer conflictiva". Ning¨²n portavoz explic¨® por qu¨¦ se dilat¨® la toma de la decisi¨®n y por qu¨¦ no se comunic¨® siquiera a la comisi¨®n judicial, que desde las diez y media aguantaba en la calle las quejas e incluso los huevos que les lanzaban algunos vecinos. A las once, ante la ausencia de los miembros del Instituto de la Vivienda, la comisi¨®n se fue.

Tampoco le dijeron nada a G¨®mez sobre la situaci¨®n legal en que quedaba su arrendamiento despu¨¦s del retraso del desahucio. El contrato sigue a nombre de su marido. Ambos viven bajo el mismo techo, a pesar de llevar cinco a?os separados. Dividen el espacio en dos: la casa de ella y la habitaci¨®n de Javier, al final del pasillo. El territorio de Nieves est¨¢ lleno de fotos de familia. Las puertas son azules y las paredes amarillas, con cuadros y retratos por doquier. En medio del comedor, de no m¨¢s de siete metros, una televisi¨®n de plasma anima la ma?ana a los que est¨¢n sentados en el sof¨¢ azul. Del padre, todo lo que queda est¨¢ detr¨¢s de la puerta de su habitaci¨®n. Desde la ma?ana del desahucio la familia no ha vuelto a tener noticia de ¨¦l. Nieves G¨®mez le acusa de la situaci¨®n en la que se encuentra: "?l nos ha metido en esto y ahora no da la cara".

De momento la familia se podr¨¢ quedar en su piso. Al menos hasta la pr¨®xima orden. Tienen unas semanas m¨¢s para negociar con el Ivima. Aunque, seg¨²n un portavoz del organismo, eso no significa que no les vayan a echar.