Lo que se oculta a los ciudadanos

Los periodistas brit¨¢nicos saben, hasta el ¨²ltimo penique, lo que le cuesta al erario p¨²blico el uso de los coches oficiales, la compensaci¨®n pagada a los sospechosos del IRA o la ubicaci¨®n de las c¨¢maras que registran la velocidad de los coches. En Espa?a, conocer las listas de espera en los hospitales es una tarea tit¨¢nica y el sueldo del presentador del telediario de una televisi¨®n p¨²blica est¨¢ considerado alto secreto. La diferencia entre el Reino Unido y Espa?a es una ley que regula el derecho de acceso a la informaci¨®n.

Junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, Espa?a forma parte del reducido grupo de pa¨ªses europeos que carecen de una normativa que abra la puerta a los documentos oficiales. En la UE, 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el derecho que obliga a las administraciones p¨²blicas, fundaciones y organismos financiados con fondos p¨²blicos a facilitar informaci¨®n a cualquier ciudadano (incluso si es periodista).

Reino Unido ofrece en un plazo m¨¢ximo de 20 d¨ªas los datos solicitados

Suecia protege desde 1766 el 'derecho a saber' de sus ciudadanos

En Espa?a prima la cultura del secretismo, el cerrojazo a los datos oficiales y el apag¨®n informativo. "Existe la arraigada tradici¨®n en los poderes p¨²blicos de que la informaci¨®n es suya. Y no es suya, es de los ciudadanos. Como el dinero que manejan, que es tambi¨¦n de los ciudadanos", comenta Diego L¨®pez Garrido, ex portavoz parlamentario socialista y uno de los pol¨ªticos que con m¨¢s ¨¦nfasis defiende la necesidad de promulgar una ley que regule el libre acceso a la informaci¨®n. Convencido de que ser¨¢ "revolucionaria", resume su esencia: "Las autoridades p¨²blicas tienen que tener a disposici¨®n de los ciudadanos, y especialmente de los medios de comunicaci¨®n, toda la informaci¨®n que est¨¦ en su poder".

El corresponsal de un peri¨®dico alem¨¢n ilustra lo necesaria que es una ley de este tipo. "Como norma general, en Espa?a todo se considera informaci¨®n reservada, por si acaso". Los periodistas no s¨®lo se enfrentan al hist¨®rico secretismo de los funcionarios, a la end¨¦mica falta de transparencia de la Administraci¨®n y al oscurantismo de los gabinetes de comunicaci¨®n. Tienen que hacer frente a la cada vez m¨¢s frecuente moda de las conferencias de prensa sin preguntas. Empezaron los pol¨ªticos y ahora la costumbre se ha extendido a entrenadores de f¨²tbol, cantantes o personajes del mundo de la far¨¢ndula.

Problemas a?adidos tienen los medios audiovisuales. Las televisiones pelean contra el veto de los partidos pol¨ªticos, que les impiden grabar im¨¢genes durante los m¨ªtines. Estas pr¨¢cticas, que han sido moneda com¨²n del PSOE y del PP en la pasada campa?a electoral, "deterioran la calidad de la democracia y perjudican a los ciudadanos", se quejan los responsables de los principales peri¨®dicos y entidades profesionales.

El derecho a saber no es monopolio de los periodistas. El acceso a la informaci¨®n p¨²blica es un derecho universal. Aunque es cierto que no toda la informaci¨®n puede ser desclasificada. La ley brit¨¢nica, una de las m¨¢s avanzadas en este campo, establece 23 exenciones: actas de juicios, secretos comerciales, seguridad nacional o prevenci¨®n de actividades criminales. Y, por su puesto, la Ley de Protecci¨®n de Datos.

El presidente de la Asociaci¨®n de la Prensa de Madrid (APM), Fernando Gonz¨¢lez Urbaneja, coincide en calificar de "revolucionaria" una ley de estas caracter¨ªsticas. "Acabar¨ªa con el secretismo y la filtraci¨®n", dice, pero se muestra cauto ante los posibles efectos colaterales. "Hay que tener mucho cuidado si no se hace bien. Las consecuencias pueden ser muy corrosivas: nos llevar¨ªa a la desaparici¨®n de las fuentes". Urbaneja pone el ejemplo de la informaci¨®n econ¨®mica y financiera. "Con las exigencias de la democracia mercantil, los gabinetes de prensa carecen de sentido. Si te cuentan algo antes que a la autoridad financiera cometen un delito". De hecho, las sociedades cotizadas en Bolsa est¨¢n obligadas a notificar cualquier hecho relevante a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.

Desde los a?os sesenta, Estados Unidos cuenta con una ley que vela por la transparencia informativa. Urbaneja recuerda que la Reserva Federal publica las actas de sus reuniones pasadas unas semanas. "Es la manera de que el ciudadano conozca sus razonamientos en la toma de decisiones". El presidente de la AMP se pregunta si no se podr¨ªa aplicar la misma teor¨ªa a las reuniones del Consejo de Ministros en La Moncloa.

Para evitar el cl¨¢sico de Larra "vuelva usted ma?ana", la ley de acceso a la informaci¨®n regular¨ªa el tiempo m¨¢ximo que puede tardar una administraci¨®n en suministrar a los ciudadanos los papeles solicitados. L¨®pez Garrido se inclina por poner el tope en un mes, si bien algunos pa¨ªses han acotado el plazo a 15 d¨ªas. En Suecia se exige que los documentos reclamados se presenten "inmediatamente o lo m¨¢s r¨¢pidamente posible", mientras que en Irlanda y Canad¨¢ el tope es un mes. En el caso del Reino Unido, la Ley de Libertad de Informaci¨®n establece 20 d¨ªas. Durante los dos primeros a?os de aplicaci¨®n de esta norma -en vigor desde 2005- se presentaron 120.000 solicitudes de documentos. Los brit¨¢nicos supieron as¨ª los verdaderos ingresos de su familia real. Hasta el ¨²ltimo penique. Se enteraron, por ejemplo, de que la reina Isabel y el pr¨ªncipe Carlos recibieron durante dos a?os ayudas agr¨ªcolas de la UE de casi 1,5 millones de euros.

Una veintena de organizaciones pelean desde hace dos a?os para que el colega germano, tan cr¨ªtico con el comportamiento de las autoridades espa?olas y con el miedo de los bur¨®cratas a facilitar datos, cambie de opini¨®n. Son los creadores de la Coalici¨®n Pro Acceso, un foro que ha fijado un cat¨¢logo de principios para acabar con el apag¨®n informativo en los organismos p¨²blicos.

Participan en esta entidad organizaciones como Amnist¨ªa Internacional, Ecologistas en Acci¨®n, Greenpeace o Transparencia Internacional. La coalici¨®n defiende que "cualquier persona puede solicitar informaci¨®n a cualquier organismo o entidad p¨²blica o privada que realice funciones p¨²blicas" y plantea que los funcionarios "deben responder de forma inmediata o en un plazo razonable". La abogada de Access Info Europe, Eva Moraga, sostiene que una ley de este tipo "debe ser prioritaria para todo partido pol¨ªtico que est¨¦ verdaderamente comprometido en la lucha contra la corrupci¨®n".

El PSOE ya lo llevaba en el programa electoral del 2004. Pero no movi¨® un papel en su favor. El plan del Gobierno es ahora sacar adelante en esta legislatura un proyecto de ley en este sentido. Los socialistas aspiran a trasladar a la legislaci¨®n espa?ola una ley similar a la que impuls¨® Tony Blair. Creen que es un elemento de modernizaci¨®n y profundizaci¨®n democr¨¢tica. En vigor desde 2005, la norma brit¨¢nica reconoce el "derecho a saber" y su punto de partida es el derecho de cualquier persona a acceder a informaci¨®n (sea personal o no) que est¨¦ en poder del sector p¨²blico. De esta manera, todos los datos pueden ser divulgados a menos que se le aplique una exenci¨®n. Y si la documentaci¨®n es denegada, se puede reclamar al Tribunal de Informaci¨®n.

Suecia es el espejo en el que han mirado todos los pa¨ªses y el que tambi¨¦n sirve de referencia a Espa?a. Tiene regulado el derecho al acceso a la informaci¨®n desde hace m¨¢s de dos siglos. En 1766 public¨® una ordenanza pionera, la primera del mundo sobre libertad de prensa y el sue?o de todo reportero. El nivel de salvaguarda de las fuentes es tal que Suecia protege incluso al funcionario que suministra informaci¨®n a un periodista. Proh¨ªbe a los ¨®rganos estatales y municipales tratar de establecer la identidad de personas que hayan suministrado informaci¨®n a los medios de comunicaci¨®n. Todo lo contrario de lo que ocurre a menudo en Espa?a, donde m¨¢s de un ministerio ha abierto una investigaci¨®n para averiguar el origen de una filtraci¨®n que no le beneficiaba.

En el D¨ªa Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra hoy, la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE) insta a pol¨ªticos y gobernantes a someterse regularmente a "los procedimientos cl¨¢sicos en las democracias mediante conferencias de prensa con preguntas y repreguntas de periodistas profesionales". Y aboga por "la transparencia en sus actuaciones p¨²blicas, a la no discriminaci¨®n en sus procedimientos informativos, campa?as publicitarias y concesi¨®n de licencias".

La cuesti¨®n es convencer a los ayuntamientos, por ejemplo, de que faciliten los contratos urban¨ªsticos cuando los solicita cualquier ciudadano. Pero para que la ley sea eficiente es necesaria una autoridad (independiente y con capacidad ejecutiva) que obligue a las administraciones a facilitar la documentaci¨®n solicitada. Una autoridad que sea "una especie de Defensor del Pueblo de la informaci¨®n libre", se?ala L¨®pez Garrido, "con un estatuto propio y encargada de examinar los recursos que puedan presentar los ciudadanos".

En un reciente foro sobre el acceso a la informaci¨®n p¨²blica organizado por la APM, la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire, record¨® que en el mundo existen 76 leyes espec¨ªficas. "En algunos pa¨ªses que la tienen hay problemas de aplicaci¨®n, pero en general funcionan". El Consejo de Europa recomend¨® en 2002 a los Estados miembros que adoptaran leyes encaminadas a asegurar la transparencia en las administraciones p¨²blicas. El clamor es tal que existe una asociaci¨®n denominada Transparencia Internacional. Su presidente en Espa?a es el catedr¨¢tico de la Universidad Aut¨®noma de Madrid Jes¨²s Lizcano ?lvarez, que en el ¨²ltimo n¨²mero de la revista Cuadernos de periodistas escribe: "Dentro de los desaf¨ªos ¨¦ticos a los que se enfrenta nuestra sociedad se encuentra, por una parte, la transparencia social, como elemento que garantiza el derecho a la informaci¨®n del ciudadano, esto es, el derecho a saber, como un factor fundamental para la lucha contra la corrupci¨®n".

Pero la UE tampoco quiere que sus ciudadanos sepan demasiado. La Comisi¨®n Europea ha demandado a Suecia por difundir datos sobre otros pa¨ªses cuyas autoridades les han puesto el sello de "secreto".