De Loyola a Burdeos

Durante a?os ha sido un lugar com¨²n afirmar que la jefatura pol¨ªtica de la banda era secundaria porque los que de verdad mandaban eran los jefes militares: los que controlaban las armas y a los comandos. La detenci¨®n de Mikel Antza, hace casi cuatro a?os, oblig¨® a matizar esa visi¨®n.

Intentar dar sentido pol¨ªtico a los atentados mediante los comunicados y el bolet¨ªn interno es lo que diferencia a una cuadrilla de atracadores de una organizaci¨®n terrorista; adem¨¢s de esa tarea, del aparato pol¨ªtico de ETA depende la relaci¨®n con Batasuna, por ejemplo, o la definici¨®n de qui¨¦nes -de qu¨¦ partido, con qu¨¦ uniforme- son objetivo militar en un momento dado; o la decisi¨®n de decretar o de romper una tregua.

El que parece ser sucesor de Ternera al frente de ese aparato, L¨®pez Pe?a, ha sido detenido con otros tres miembros del mismo: el que ya en 2004 se encargaba de la impresi¨®n del zutabe, y dos ex miembros de la direcci¨®n de Batasuna, Salaberria y Ozaeta. Estas detenciones se producen en plena ofensiva de ETA, destinada seguramente a forzar a los socialistas a reabrir la negociaci¨®n; pero con la novedad de que casi toda la direcci¨®n del brazo pol¨ªtico est¨¢ en la c¨¢rcel, y que Gobierno y oposici¨®n est¨¢n de acuerdo en considerar estrat¨¦gica, hasta la desaparici¨®n de ETA, la apuesta por mantener a Batasuna y suced¨¢neos fuera de la ley. El argumento mayor en favor de esa ilegalizaci¨®n no es que condenen o no los atentados, sino la evidencia del trasiego entre la direcci¨®n del partido y la de la banda. Esa porosidad permiti¨® a Josu Ternera pasar directamente de su esca?o al aparato pol¨ªtico de ETA, y ha permitido a estos dos ex miembros de la Mesa Nacional reaparecer en Burdeos como dirigentes del brazo armado.

Polic¨ªas y jueces han cumplido con su obligaci¨®n, y tambi¨¦n el Gobierno y la oposici¨®n poniendo fin a su bronca desmesurada en torno a la pol¨ªtica antiterrorista. La banda ven¨ªa anot¨¢ndose como un efecto de su estrategia la ruptura de la unidad entre los partidos democr¨¢ticos. Pero esa fractura se hab¨ªa producido en un periodo sin atentados mortales. Socialistas y populares son seguramente conscientes de que la opini¨®n p¨²blica no tolerar¨ªa que siguieran igual tras el regreso de los coches bomba.

Quien no ha estado a la altura ha sido el nacionalismo vasco gobernante, que ha renunciado a asumir su principal responsabilidad en este asunto: la desautorizaci¨®n desde el propio nacionalismo de la pretensi¨®n de legitimidad de ETA. El PNV y sus aliados en el Gobierno de Ibarretxe siguen sin sacar consecuencias pol¨ªticas de su condena de los atentados. Mantienen su oposici¨®n a la ilegalizaci¨®n del partido de Ternera, Ozaeta y Salaberria y siguen poniendo pegas a los intentos de sustituir democr¨¢ticamente a los alcaldes de ANV que se niegan a condenar los asesinatos de concejales de otros partidos.

En una entrevista publicada en Deia en el verano de 2002, Ibarretxe reconoc¨ªa que no acostumbraba a leer los peri¨®dicos. Tal vez eso explique su impermeabilidad total a los argumentos de quienes no comparten su fe. Lo m¨¢s llamativo de su entrevista con Zapatero fue su sorpresa, a la salida de La Moncloa, porque el presidente del Gobierno de Espa?a pretendiera que cualquier eventual reforma del marco pol¨ªtico tuviera que adecuarse a la Constituci¨®n y los procedimientos legales, no admitiera como algo evidente de suyo el ¨¢mbito vasco de decisi¨®n y no comprendiera que Euskadi no es una parte subordinada de Espa?a.

Tampoco entend¨ªa que Zapatero se negase a asumir o al menos debatir con ¨¦l lo que los socialistas hab¨ªan negociado con Batasuna (e indirectamente con ETA) en 2006. Utilizar los papeles de Loyola contra quien fue socio del PNV en aquel intento de evitar que ETA cumpliese su amenaza de romper el alto el fuego revela una deslealtad profunda. Seguramente los socialistas habr¨ªan sido menos receptivos a los argumentos de los nacionalistas de haber sospechado que, en caso de fracaso, sus socios fueran a utilizar contra ellos lo entonces hablado.

El contenido de los papeles manejados en Loyola como "bases pol¨ªticas de un futuro acuerdo" revela una ligereza preocupante incluso en esas circunstancias; pero ser¨ªa injusto ignorar que inclu¨ªa cl¨¢usulas por las que expresamente se condicionaba todo el proceso a la ausencia de violencia y coacci¨®n, por un lado, y al resperto de las normas y procedimientos legales, por otro. Lo que significa que era un acuerdo provisional, pendiente de las adaptaciones necesarias para que encajase en los marcos legales.

Ibarretxe ha renunciado a su compromiso de no plantear su consulta con ETA en activo, y se ha saltado todos los procedimientos y normas con su propuesta de que Zapatero asuma su plan soberanista; pero sobre todo, el intento de Loyola no sirvi¨® para que ETA abandonase, y de ah¨ª que el PSE y el PNV concluyeran que hab¨ªa que cambiar de estrategia y que las prioridades eran ahora otras: hacer frente a ETA mediante la "acci¨®n policial y la deslegitimaci¨®n social y pol¨ªtica de su entorno", en palabras de Imaz.

Ibarretxe ha hecho lo contrario.