La 'Ley Patriota' de Ch¨¢vez

"Hugo Ch¨¢vez odia a Bush, pero ya se copi¨® la Ley Patriota", dice Eusebio Ruiz, un t¨¦cnico en mercadotecnia que usa el metro de Caracas para ir a su trabajo, en la zona comercial de Sabana Grande. La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que acaba de aprobar por decreto el presidente de Venezuela -que entre otras cosas obliga, bajo pena de c¨¢rcel, a cooperar con los organismos de seguridad del Estado- ha desatado la protesta de abogados y grupos de derechos humanos, que la consideran un atentado a las libertades.

Abogados y activistas temen que la ley sirva para silenciar a la oposici¨®n

La normativa, seg¨²n sus cr¨ªticos, es un monumento a la inconstitucionalidad y la ilegalidad, pues prev¨¦ procedimientos para la detenci¨®n de personas y la apertura de indagaciones que contradicen los principios establecidos en la Constituci¨®n y en el C¨®digo Penal, en especial la presunci¨®n de inocencia. Tambi¨¦n permite a los cuerpos de seguridad intervenir tel¨¦fonos sin autorizaci¨®n judicial.

Por ello, algunos le han encontrado similitud con la Ley Patriota instaurada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 como mecanismo preventivo contra el terrorismo. Otros, en cambio, la vinculan directamente a la influencia de Cuba, principal aliado de Ch¨¢vez, y acusan al Gobierno de pretender convertir a todos los ciudadanos en confidentes de los cuerpos de seguridad. La nueva ley prev¨¦ utilizar a "las redes sociales y organizaciones de participaci¨®n popular" como "¨®rganos de apoyo a la actividad de inteligencia", lo que recuerda a los llamados Comit¨¦s de Defensa de la Revoluci¨®n (CDR) cubanos, previstos como mecanismo de control y represi¨®n. La negativa a colaborar con los organismos de seguridad puede acarrear penas de hasta cuatro a?os de c¨¢rcel.

Seg¨²n el abogado constitucionalista Gustavo Linares Benzo, "el espionaje ha sido atenci¨®n prioritaria de la revoluci¨®n. Esp¨ªas y sapos [soplones] son ingrediente esencial del nuevo hombre socialista, aunque su actividad est¨¦ enfocada sobre todo hacia los compa?eros, que son el sector m¨¢s peligroso para el proceso cuando pierden el norte y la devoci¨®n por el presidente Ch¨¢vez".

Los organismos de derechos humanos, como Provea, destacan que la nueva ley ampara las violaciones del derecho a la defensa. No s¨®lo eso; una parte de la ley exige expl¨ªcitamente a los jueces y fiscales cooperaci¨®n con los servicios de inteligencia, que ahora han quedado bajo el control directo de Hugo Ch¨¢vez. "?ste es un Gobierno que no cree en la separaci¨®n de poderes", dijo ayer Jos¨¦ Miguel Vivanco, director para Am¨¦rica de la organizaci¨®n Human Rights Watch. El Gobierno asegura que se trata de garantizar la seguridad nacional y evitar "ataques imperialistas" y "rebeliones militares".

"El presidente est¨¢ constantemente acusando a sus cr¨ªticos de golpistas y proimperialistas, y eso me lleva a temer que esta ley pueda ser usada como arma para silenciar o intimidar a la oposici¨®n", declaraba a la cadena brit¨¢nica BBC el constitucionalista Alberto Arteaga.

Otros abogados est¨¢n preparando un arsenal jur¨ªdico contra la ley reci¨¦n aprobada. Theresly Malaver, integrante de la organizaci¨®n no gubernamental Foro Penal Venezolano, anunci¨® que solicitar¨¢n su anulaci¨®n al Tribunal Supremo de Justicia, alegando que se trata de "una de las m¨¢s feroces leyes dictadas por el Gobierno porque est¨¢ dise?ada para perseguir a la disidencia". Asegur¨® que tambi¨¦n podr¨ªan solicitar un refer¨¦ndum abrogatorio para que la ley sea anulada directamente por decisi¨®n popular, una posibilidad contemplada en la Constituci¨®n vigente.