La Axarqu¨ªa, una cat¨¢strofe de ladrillo y cal

Mientras pol¨ªticos y medios de comunicaci¨®n centraban su foco en el enladrillamiento sin fin de la Costa del Sol occidental, con Marbella como ciudad-s¨ªmbolo, la comarca de la Axarqu¨ªa -29 municipios costeros y de interior en el tercio oriental de M¨¢laga- se ha convertido, casita a casita y casi en silencio, en uno de los mayores desastres urban¨ªsticos de Andaluc¨ªa.

Entre 10.000 y 21.468 viviendas ilegales, seg¨²n si el c¨¢lculo lo realiza la Junta o los ecologistas, se han desparramado sin orden alguno por valles y laderas, sobre todo en los pueblos de la segunda l¨ªnea de costa.

Muchas casas carecen de toma de agua y se abastecen comprando cubas

La presi¨®n judicial comienza a agobiar a los alcaldes, casi todos imputados

Las construcciones en suelo r¨²stico -habituales cuando la zona viv¨ªa mayoritariamente de la agricultura- se han multiplicado en la ¨²ltima d¨¦cada, especialmente por la demanda de ciudadanos de media Europa ansiosos de sol y campo. Pueblos como Alcauc¨ªn, de 2.286 habitantes censados, han pasado de tener 1.015 parcelas edificadas en 1998, a 1.169 en 2002 y a 1.538 en 2007, seg¨²n los datos de la Direcci¨®n General del Catastro. En Algarrobo, las nuevas casas construidas en lo alto de los montes carecen de toma de agua y se abastecen comprando cubas. En Arenas se han levantado adosados en pleno monte. Y as¨ª sucesivamente.

El descontrol urban¨ªstico ha degradado, quiz¨¢ irreversiblemente, un territorio privilegiado. Y lo ha hecho en la misma cara de las administraciones p¨²blicas. Por un lado, los alcaldes se han visto desbordados por un fen¨®meno que ha enriquecido a muchos de sus vecinos y contra el que carec¨ªan de instrumentos -tanto legales como humanos- para actuar. Tampoco es que a los municipios les haya sobrado voluntad, ya que negarse a conceder licencias de obra o intentar poner un m¨ªnimo orden en el urbanismo es arriesgarse a perder las elecciones, sobre todo cuando un vecino que acondiciona su casa de campo por unos 48.000 euros, la puede vender por 360.000. "Los alcaldes que han consentido m¨¢s tropel¨ªas son los que luego sacan m¨¢s concejales", afirma Rafael Yus, presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarqu¨ªa (GENA),

Por otro lado, la Junta de Andaluc¨ªa no aprob¨® hasta julio de 2006 el Plan de Ordenaci¨®n del Territorio (POT) de la Axarqu¨ªa, que rige el urbanismo de toda la comarca. Y ello tras doblegar la voluntad de los alcaldes, sobre todo los del PSOE, rebelados contra un documento que dejaba definitivamente fuera de la legalidad -y por lo tanto expuestas a un posible derribo- a cientos de viviendas en suelo r¨²stico. Para lograr la adhesi¨®n de los regidores, la Junta se comprometi¨® a crear un consorcio que estudiar¨ªa la legalizaci¨®n de aproximadamente el 85% de las viviendas ilegales a cambio de compensaciones en forma de reforestaci¨®n con especies aut¨®ctonas y de que los propietarios costeasen sus servicios de agua, luz saneamiento y basuras.

Tambi¨¦n se anunci¨® la creaci¨®n de un consorcio entre Junta, ayuntamientos y Diputaci¨®n Provincial que se encargar¨ªa de autorizar los proyectos, lo que en la pr¨¢ctica supondr¨ªa aliviar a los alcaldes de la presi¨®n urban¨ªstica. Dos a?os despu¨¦s no se ha movido un papel y todav¨ªa el viernes el presidente de la Diputaci¨®n, Salvador Pend¨®n, anunciaba la creaci¨®n de una "mesa de trabajo" con los alcaldes para "buscar soluciones a los problemas urban¨ªsticos de la Axarqu¨ªa". Vuelta a la casilla de salida.

Muchos regidores denuncian que los sucesivos cambios que ha sufrido el POT, con la entrada en vigor del Plan de Ordenaci¨®n del Territorio de Andaluc¨ªa (POTA) y las modificaciones sobre el crecimiento de poblaci¨®n y viviendas de los municipios les han impedido tener listos sus Planes Generales de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU), con los que pretenden legalizar la inmensa mayor¨ªa de las casas.

Rafael Yus ha presentado m¨¢s de 650 denuncias por delitos contra la ordenaci¨®n del territorio en la comarca. Muchos de estos escritos han acabado archivados, pero unos cuantos est¨¢n propiciando un goteo de causas que agobia a casi todos los alcaldes ax¨¢rquicos. Pend¨®n afirm¨® que las "situaciones de ilegalidad deben ser abordadas por la v¨ªa del derecho administrativo y nunca con car¨¢cter general desde el aspecto penal", y reclam¨® que se dejen para los tribunales "las irregularidades que de ninguna manera admiten posible legalizaci¨®n". Entre estas aberraciones se encuentran, por ejemplo, las decenas de casas levantadas en el ¨¢rea de protecci¨®n del embalse de la Vi?uela, y cuyas aguas sucias acaban directamente en el mayor embalse de la provincia, o las construcciones junto al castillo de Benthomiz, en Arenas. La alcaldesa de este pueblo, Basilia Pareja (PSOE) ha intentado, sin ¨¦xito, ceder a la Junta de Andaluc¨ªa las competencias de urbanismo.

Sin embargo, todos los partidos est¨¢n de acuerdo en que la bicicleta de la construcci¨®n no debe detenerse. "Existe un gran desequilibrio entre las zonas costeras y el interior que ha llevado a la Fiscal¨ªa a denunciar a muchos alcaldes por seguir adelante con proyectos verdaderamente necesarios" afirma el vicepresidente de la Diputaci¨®n, Francisco Salado, del PP. Por su parte, Pend¨®n habla de "reconocer el car¨¢cter singular de la Axarqu¨ªa (...) con una importante demanda que hay que satisfacer".

Muchas de las viviendas ilegales se han levantado por decreto de las alcald¨ªas mediante la figura legal del proyecto de actuaci¨®n, que permite construir una casa vinculada a una explotaci¨®n agraria. Ahora, la mayor¨ªa de los agricultores ax¨¢rquicos se llaman Ronald, Terry, Michael o Patrick. Muchos de los proyectos de viviendas unifamiliares han acabado convierti¨¦ndose en "urbanizaciones encubiertas", seg¨²n define Rafael Yus, donde las casas de dos o tres plantas con torreones y piscinas, construidos sobre enormes escolleras de piedra para salvar las pendientes han sustituido a los tradicionales cortijos de planta baja. Justamente lo que el POT pretende evitar.