"El 'mobbing' se puede combatir con el C¨®digo Penal"
Fernando Rodr¨ªguez Rey (Le¨®n, 1966) ha sido nombrado esta semana fiscal especial contra el acoso inmobiliario en Barcelona, el primero de Espa?a. Esc¨¦ptico por naturaleza, conf¨ªa en que la apuesta funcione porque hay precedentes en otras materias y porque est¨¢ convencido de la coordinaci¨®n con el Ayuntamiento.
Pregunta. ?Hac¨ªa falta un fiscal especial?
Respuesta. La persecuci¨®n del mobbing inmobiliario no es nueva y hay precedentes en esta fiscal¨ªa. Lo que notamos por las denuncias ciudadanas y las que presenta el Ayuntamiento es un incremento, no s¨®lo cuantitativo, sino de las conductas especialmente graves. Ya no es incumplimiento de las obligaciones civiles de suministro de luz o agua, o de la normativa de mantenimiento, sino omisi¨®n absoluta, para hacer que la vivienda sea inhabitable para el inquilino. Y eso afecta a la libertad de las personas, a su integridad moral y a su dignidad. Lo que pretende la fiscal¨ªa es detectar los supuestos de m¨¢xima gravedad. El Ayuntamiento ha establecido una red de oficinas de viviendas que nos proporcionar¨¢ un conocimiento a pie de calle. Y es el Ayuntanmiento el que declara los expedientes de ruina y tiene a los profesionales para realizar las inspecciones.
"Lo problem¨¢tico es deslindar cu¨¢ndo hay delito. Hay que estudiar cada caso"
P. Por tanto, la colaboraci¨®n institucional es imprescindible.
R. El convenio firmado prev¨¦ una colaboraci¨®n que ya se aplica en materias como la siniestralidad laboral. Se trata de institucionalizar la relaci¨®n, para que cada uno, en el ¨¢mbito de sus propias competencias, pueda actuar de manera eficaz.
P. ?Es suficiente el C¨®digo Penal?
R. En 2006 hubo una iniciativa legislativa, que no fructific¨®, para penalizar las situaciones gravemente ofensivas para la dignidad moral en el marco de relaciones contractuales, que ser¨ªan aplicables en casos de arrendamiento. Con el delito de coacciones del art¨ªculo 172 del c¨®digo vigente y con el 173 para los m¨¢s graves, que atentaten contra la dignidad de las personas y que est¨¢n recogidos en el delito contra la integridad moral, tenemos suficiente.
P. El alcalde Hereu dijo el d¨ªa de la firma del convenio que era importante tener la fiscal¨ªa al lado. ?Usted puede generar un efecto disuasorio?
R. Me gustar¨ªa que la fiscal¨ªa tuviera ese efecto en la medida en que haga bien su trabajo. Pero el elemento disuasorio lo tiene el derecho penal.
P. Parece que se est¨¦ inicando un camino similar al de hace 15 a?os, cuando se empezaron a perseguir los delitos contra el medio ambiente y los delitos fiscales.
R. Es probable. El derecho penal hab¨ªa estado ausente en algunas materias de la vida econ¨®mica y social en las que con el tiempo ha entrado de lleno. Eso nos da una idea de cu¨¢l puede ser el camino que recorrer, pero sin perder de vista que el derecho penal es el ¨²ltimo elemento que tiene el Estado para resolver los conflictos sociales.
P. ?Cu¨¢ndo hay delito?
R. Lo realmente problem¨¢tico es deslindar lo que es delito de lo que son meros incumplimientos civiles y administrativos. Establecer criterios generales va a ser muy dif¨ªcil. Esta materia nos va a obligar al estudio de caso por caso. Los cortes de suministro o el abandono absoluto de la vivienda, o las condiciones de inhabitabilidad, podr¨ªan ser estudiados para ir por la v¨ªa penal. Ser¨¢ el Ayuntamiento el que nos proporcione las pruebas.
P. ?Va a aumentar el mobbing con la recesi¨®n actual?
R. No me atrevo a hacer esa especulaci¨®n. Lo que es evidente es que con el boom inmobiliario de estos a?os y la consecuente especulaci¨®n que ha generado, s¨ª han aumentado los casos de mobbing.
P. ?El fiscal har¨¢ alguna estad¨ªstica para conocer la realidad del problema?
R. Acabamos de iniciar el camino. Ya vendr¨¢n las estad¨ªsticas. El convenio prev¨¦ crear una comisi¨®n de seguimiento, cuyos integrantes no est¨¢n a¨²n designados, y reuniones peri¨®dicas.
P. ?Va a tener alg¨²n personal de apoyo directo para trabajar?
R. Intentaremos especializar agentes de la Unidad de Polic¨ªa Judicial adscritos a la fiscal¨ªa estableciendo protocolos y pautas de actuaci¨®n parecidas a las que ya hemos aplicado en alg¨²n caso: fotos de la vivienda, declaraciones de los implicados y expedientes de los suministros.
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