La mitad del m¨¢ximo ¨®rgano consultivo vasco rechaza la propuesta de Ibarretxe

La seguridad que muestra el lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, en la legalidad y constitucionalidad de su proyecto de ley para la consulta que pretende convocar el 25 de octubre no se corresponde con las dudas que se pusieron de manifiesto en el m¨¢ximo ¨®rgano jur¨ªdico consultivo de la comunidad aut¨®noma, la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de Euskadi, cuando tuvo de emitir su dictamen preceptivo.

Cinco de los diez integrantes de la comisi¨®n asesora votaron en contra

Ninguno de los vocales que se opusieron hizo voto particular escrito

El ¨®rgano asesor lo elige en su integridad el propio Gobierno vasco

La Mesa del Parlamento dar¨¢ al proyecto su visto bueno final el martes

Ese ¨®rgano, equivalente auton¨®mico en sus funciones al Consejo de Estado, tiene la encomienda legal de velar por la sujeci¨®n de la actuaci¨®n administrativa a la ley y al derecho, "apreciando la acomodaci¨®n al ordenamiento jur¨ªdico de los proyectos de normas y actos que se sometan a su dictamen". Someter a su consideraci¨®n los proyectos de ley es obligatorio.

Seg¨²n ha podido saber este peri¨®dico, el dictamen previo sobre el texto con el que el lehendakari pretende dar cobertura legal y pol¨ªtica a su consulta necesit¨® el voto de calidad del presidente de la Comisi¨®n Jur¨ªdica, despu¨¦s de que los diez letrados que la integran se dividieran por la mitad a la hora de valorar su adecuaci¨®n a la legislaci¨®n vigente. Cinco de ellos votaron en contra, mostrando as¨ª su desacuerdo con el contenido del dictamen, por estimar que el Ejecutivo auton¨®mico carece de competencias para convocar la consulta perseguida.

Sin embargo, ninguno formaliz¨® por escrito un voto particular. Seg¨²n las fuentes consultadas, esa renuncia es una pr¨¢ctica habitual cuando se trata de proyectos de ley, no as¨ª en otras actuaciones, que s¨ª los incorporan en ocasiones.

El ¨®rgano consultivo recibi¨® el anteproyecto de ley el 14 de mayo pasado y le dio car¨¢cter de urgencia. Debati¨® y vot¨® el dictamen preparado por los vocales I?aki Beitia y Gorka Zorrozua en una reuni¨®n mantenida el d¨ªa 22, a la que asistieron la totalidad de sus integrantes. Todos ellos son letrados del Gobierno vasco, con al menos diez a?os de ejercicio en la funci¨®n p¨²blica, y han sido nombrados por el propio Ejecutivo, a propuesta de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. El Gobierno aprob¨® el proyecto una semana despu¨¦s, el d¨ªa 28, una vez conocidos el dictamen de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora y las circunstancias en que se emiti¨®, y lo envi¨® al Parlamento el 29 de mayo. Incluso si el dictamen hubiera resultado desfavorable, el Ejecutivo habr¨ªa podido seguir adelante, porque no es vinculante.

La oposici¨®n de cinco de los diez letrados supone el cuestionamiento del proyecto de Ibarretxe desde dentro de su propia Administraci¨®n y desde el m¨¢ximo nivel establecido por la propia legislaci¨®n auton¨®mica como competente para dictaminar su ajuste a la legalidad.

"La consulta es plenamente legal y constitucional. No conozco ning¨²n argumento en contra", dec¨ªa el pasado domingo el propio Ibarretxe en una entrevista en este peri¨®dico. Esa afirmaci¨®n, y otras en el mismo sentido reiteradamente sostenidas tanto por ¨¦l como por la portavoz del tripartito, Miren Azkarate, quedan en entredicho: a algunos de los letrados m¨¢s cualificados les ofrece, al menos, dudas. Las suficientes como para que el texto no lograra siquiera el respaldo de la mayor¨ªa.

La oposici¨®n de los cinco letrados resulta a¨²n m¨¢s significativa por el hecho de que todos ellos han sido, como el resto de la Comisi¨®n, elegidos y nombrados por el propio Gobierno, entre funcionarios de alto nivel y reconocida formaci¨®n jur¨ªdica.

Aparte de las referidas a la constitucionalidad del proyecto, por la falta de competencia de la comunidad aut¨®noma, los letrados que se opusieron al dictamen que avala la consulta, esgrimieron, seg¨²n ha podido saber EL PA?S, otras dudas de segundo orden.

En parte, se?alaron las fuentes consultadas, sus argumentaciones coincidir¨ªan con las contenidas en el informe realizado por los servicios jur¨ªdicos del Parlamento vasco para frenar una consulta promovida por el partido foralista Unidad Alavesa en 1998. Aquel informe consider¨® la iniciativa abiertamente contraria a la Constituci¨®n y aconsej¨® a la Mesa de la C¨¢mara que la desestimara, como as¨ª hizo en aquella ocasi¨®n el ¨®rgano de gobierno del Parlamento vasco.

El empate a cinco se resolvi¨®, tal y como prev¨¦ la ley que regula la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora, con el voto de calidad de su presidente, que, tambi¨¦n en virtud de esa norma, es el jefe de los servicios jur¨ªdicos centrales del Gobierno; en estos momentos, el secretario general de R¨¦gimen Jur¨ªdico, Sabino Torre.

Aunque dicha ley proclama que la Comisi¨®n ejerce su funci¨®n consultiva "con plena autonom¨ªa jer¨¢rquica y funcional, en garant¨ªa de su objetividad e imparcialidad", tanto su presidente como su vicepresidente -en este caso, el director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, Jon Etxabe- son altos cargos de confianza que dependen org¨¢nica y jer¨¢rquicamente de la vicepresidenta del Gobierno vasco.

El proyecto de ley est¨¢ en tramitaci¨®n en la C¨¢mara vasca. La Mesa le dio luz verde el d¨ªa 3 con los tres votos a favor de la presidenta, Izaskun Bilbao (PNV), y los dos representantes de los otros grupos del Gobierno, EA y Ezker Batua. El PSE y el PP se opusieron, y este ¨²ltimo grupo present¨® un escrito de reconsideraci¨®n de la decisi¨®n sobre el que ma?ana se ha de pronunciar, de modo no vinculante, la Junta de Portavoces. El martes pr¨®ximo la Mesa le dar¨¢ previsiblemente el visto bueno definitivo.