El Supremo acelera el fin de Guant¨¢namo

El Tribunal Supremo de EE UU aceler¨® ayer la agon¨ªa de Guant¨¢namo al declarar que los sospechosos de terrorismo detenidos en la base militar en Cuba tienen el derecho constitucional de defenderse ante los tribunales civiles estadounidenses.

En un fallo hist¨®rico, con una ajustada votaci¨®n de cinco contra cuatro, los magistrados infligieron a la Administraci¨®n del presidente George W. Bush su tercera y m¨¢s dura derrota judicial sobre este asunto. La sentencia del m¨¢ximo tribunal garantiza que Guant¨¢namo est¨¢ pol¨ªticamente muerto, y rechaza de lleno su legitimidad. Pero no asegura el fin inmediato de las audiencias militares que ahora se celebran en la isla ni que los presos vayan a ver revisados inmediatamente sus casos en tribunales federales.

Tendr¨¢n que ser ahora los jueces federales los que decidan c¨®mo aplicar la doctrina marcada por el Supremo. "Determinamos que estos presos tengan el privilegio de h¨¢beas corpus", escribi¨® el juez Anthony Kennedy, representando a la mayor¨ªa de la Corte, en un fallo de 70 p¨¢ginas. Junto a ¨¦l se alinearon el resto de los jueces liberales del Tribunal Supremo: John Paul Stevens, Stephen Breyer, Ruth Ginsburg y David Souter.

El presidente del Tribunal, John Roberts, quien fue designado por el actual Gobierno, critic¨® duramente a sus colegas por eliminar lo que calific¨® como "el conjunto m¨¢s generoso de protecciones de procedimiento jam¨¢s otorgado a extranjeros como combatientes enemigos". Samuel Alito, Antonin Scalia y Clarence Thomas tambi¨¦n disintieron de la mayor¨ªa.

El juez Scalia, en un acto poco convencional, ley¨® desde su asiento un resumen de su voto en contra: "La naci¨®n vivir¨¢ para arrepentirse de lo que este Tribunal ha hecho hoy". Seis a?os despu¨¦s de su creaci¨®n, el denominado gulag de nuestro tiempo no cuenta con el apoyo de ninguno de los dos candidatos presidenciales, John McCain y Barack Obama, que promueven su cierre.

La Administraci¨®n Bush ide¨® el centro de detenci¨®n de Guant¨¢namo poco despu¨¦s de los atentados del 11-S como un lugar donde encerrar y juzgar a los que se denomin¨® formalmente "combatientes enemigos": presuntos terroristas vinculados a Al Qaeda y talibanes afganos. Bajo esa calificaci¨®n y en un lugar que t¨¦cnicamente no es territorio de EE UU, el Gobierno negaba la garant¨ªa del h¨¢beas corpus a los prisioneros que manten¨ªa ajenos al mundo y fuera del pa¨ªs, en este caso en tierra cubana, ocupada por EE UU desde que en 1903 ganara los derechos de cesi¨®n para usar la base.

El h¨¢beas corpus es un instrumento legal que garantiza el derecho del preso a ser o¨ªdo por el juez y a saber de qu¨¦ se le acusa, a fin de evitar las detenciones arbitrarias.

Ayer, el Supremo no s¨®lo certific¨® que los detenidos tienen derechos legales otorgados por la Constituci¨®n de EE UU, sino tambi¨¦n que el sistema que la Administraci¨®n republicana estableci¨® para calificarlos de combatientes enemigos y sacarlos del sistema judicial norteamericano era "inadecuado". Hasta esta nueva decisi¨®n del m¨¢s alto tribunal, la Administraci¨®n Bush hab¨ªa conseguido circunvalar o revertir con argucias legales los dos anteriores reveses infligidos por el Supremo.

En junio de 2004 el Supremo dictaminaba por primera vez en este asunto. "Los tribunales de EE UU tienen la jurisdicci¨®n requerida para disputar la legalidad de la detenci¨®n de ciudadanos extranjeros capturados en el extranjero en actividades hostiles y encarcelados en la bah¨ªa de Guant¨¢namo". Tres reos invocaron la f¨®rmula de h¨¢beas corpus ante un tribunal civil de Washington. El caso lleg¨® al Supremo, que fall¨® que los detenidos pod¨ªan llevar su caso a tribunales civiles. Pero esa misma sentencia ten¨ªa un "agujero legal" que permiti¨® al Pent¨¢gono mantener el campo de detenci¨®n pr¨¢cticamente intacto. La mayor¨ªa de jueces ratific¨® la teor¨ªa del Gobierno de que se pod¨ªa retener a los "combatientes extranjeros" indefinidamente, sin presentar cargos contra ellos o someterles a juicio. Entonces, el Departamento de Defensa organiz¨® en Guant¨¢namo una serie de tribunales militares, compuestos por tres oficiales, que revisaban qui¨¦n era, y qui¨¦n no, "combatiente enemigo". Esos tribunales siguen hoy en marcha.

Dos a?os despu¨¦s, en 2006, el Supremo volvi¨® a emitir un fallo sobre Guant¨¢namo, en esta ocasi¨®n atacando directamente a la estrategia del Pent¨¢gono. En el caso Hamdan contra Rumsfeld, la m¨¢xima instancia judicial de EEUU dec¨ªa que la estrategia de montar tribunales militares para juzgar a prisioneros de guerra extranjeros detenidos en combate "violaba el C¨®digo de Justicia Militar y las cuatro Convenciones de Ginebra firmadas en 1949" y no estaba apoyada en ninguna norma.

El Congreso de EE UU, dominado entonces por los republicanos, aprob¨® una ley en el verano de 2006 para dar su cobertura expresa a los tribunales militares. En este texto, conocido como la Ley de las Comisiones Militares, se impon¨ªan duras condiciones para los presos retenidos en Guant¨¢namo. Entre otras cosas, se les imped¨ªa acceder a pruebas presentadas en su contra y se les privaba de la posibilidad de apelar la pena de c¨¢rcel.