Europa debe respetar los derechos esenciales de los 'sin papeles'

El Parlamento Europeo debe pronunciarse hoy, en el marco del llamado proceso de codecisi¨®n, sobre la adopci¨®n de la directiva de retorno fijando un marco para la detenci¨®n y expulsi¨®n de los extranjeros no autorizados a residir en alguno de los Estados miembros de la Uni¨®n. El fen¨®meno de las migraciones internacionales y los problemas de la acogida, la integraci¨®n y el estatuto de los inmigrantes y de los refugiados son asuntos particularmente sensibles y complejos. Somos absolutamente conscientes de la dificultad que conlleva determinar en este terreno una pol¨ªtica europea pragm¨¢tica ante la situaci¨®n social y econ¨®mica de los Estados de la Uni¨®n, que sea aceptada por las opiniones p¨²blicas y que, al mismo tiempo, sea profundamente respetuosa con la dignidad y las libertades fundamentales de quienes intentan alcanzar una vida mejor en Europa.

Las garant¨ªas previstas para personas vulnerables son muy limitadas

Por este motivo, preferimos abstenernos de hacer juicios demasiado r¨¢pidos sobre las iniciativas europeas que se est¨¢n estudiando en esta materia. Sin embargo, tampoco podemos ocultar nuestra inquietud sobre la pertinencia del proyecto de directiva de retorno que hoy se debate. En primer lugar, sobre la pertinencia de que el primer proceso de codecisi¨®n sobre inmigraci¨®n sea un proyecto ligado a la represi¨®n, antes de que las condiciones de acogimiento y de integraci¨®n de los extranjeros no comunitarios hayan sido debatidas y determinadas por los Veintisiete. Todo un s¨ªmbolo que no parece de lo m¨¢s oportuno para nuestros amigos de ?frica, del Magreb o de Oriente Pr¨®ximo. La pertinencia, sobre todo, del contenido del proyecto, que prev¨¦ varias medidas excesivas. La duraci¨®n de la detenci¨®n autorizada (18 meses) es totalmente desproporcionada en relaci¨®n con el tiempo realmente necesario para organizar el retorno de un extranjero (que en Francia ronda una decena de d¨ªas). La instauraci¨®n de una prohibici¨®n de regresar a territorio europeo durante cinco a?os tiende a estigmatizar a las personas expulsadas como culpables de un delito por el que deben ser castigadas, y con el riesgo a?adido de negarles el ejercicio futuro de los derechos esenciales, como el derecho de asilo o el de reagrupamiento familiar. Finalmente, las garant¨ªas previstas para el encarcelamiento o la expulsi¨®n de personas vulnerables (menores de edad, enfermos) son muy limitadas, por no decir casi inexistentes.

Las condiciones de privaci¨®n de libertad y de expulsi¨®n de las personas afectadas, seg¨²n las diferentes legislaciones nacionales, exigen que sea apreciado y evaluado con la m¨¢xima atenci¨®n el necesario equilibrio entre las medidas represivas y las que garantizan una real protecci¨®n de los derechos fundamentales de estas personas. Este equilibrio tiene que ser imperativamente preservado.

No parece ser el caso del proyecto que ser¨¢ sometido hoy al Parlamento Europeo. ?No ser¨ªa m¨¢s sabio que los parlamentarios se abstuviesen de aprobar el proyecto en su estado actual? Parecer¨ªa m¨¢s oportuno pedir a la Comisi¨®n Europea -sobre todo a Jacques Barrot, nuevo comisario para estos asuntos- que vuelva a elaborar la directiva de retorno sobre unas bases m¨¢s conformes con la idea que tenemos sobre c¨®mo debe respetar Europa la dignidad de las personas.

Jacques Delors es ex presidente de la Comisi¨®n Europea y Michel Rocard es ex primer ministro de Francia y diputado en el Parlamento Europeo.