El Consejo se inclina por imponer una multa leve al juez del 'caso Mari Luz'

La comisi¨®n disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se inclinar¨¢ previsiblemente por imponer una peque?a multa (entre 1.000 y 6.000 euros) a Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ejecut¨® una sentencia de ingreso en prisi¨®n de Santiago Del Valle, detenido posteriormente como presunto asesino de la ni?a Mari Luz Cort¨¦s. El crimen de esta ni?a onubense a manos de un pederasta sobre el que pesaba una condena firme sin ejecutar de dos a?os y seis meses de c¨¢rcel por abusar de su hija desat¨® una gran alarma social. Y proyect¨® la imagen de una justicia envuelta en desorden, atascos y descoordinaci¨®n.

El Poder Judicial ha abierto un expediente a Tirado por desatenci¨®n

La inspecci¨®n ya detect¨® desorden en la ejecuci¨®n de sentencias

Tras el esc¨¢ndalo, los inspectores del Consejo detectaron al menos cinco irregularidades en la actuaci¨®n del juez. Fue cuando el Consejo le abri¨® un expediente por falta muy grave de desatenci¨®n y nombr¨® a un instructor. ?ste no ha concluido a¨²n el expediente. Posiblemente lo har¨¢ a lo largo del mes de julio. Pero la mayor¨ªa de los vocales ya tienen una idea aproximada y se decantar¨¢n por una sanci¨®n econ¨®mica. Si no surgen imprevistos, la comisi¨®n se pronunciar¨¢ a finales de julio, coincidiendo con el ¨¦xodo vacacional, seg¨²n fuentes del Consejo. Y, previsiblemente, en el sentido de sancionarle con una multa, pero sin apartarle de su juzgado, el Penal n¨²mero 1 de Sevilla.

La decisi¨®n inicial de imponerle una multa partir¨¢ de los vocales conservadores que hay en la comisi¨®n, a los que posiblemente se unir¨¢ el vocal independiente Agust¨ªn Azparren. Los tres suman mayor¨ªa en esta comisi¨®n, integrada por cinco vocales, dos de ellos del sector progresista. El expediente disciplinario a Tirado se est¨¢ investigando como falta muy grave porque as¨ª lo acord¨®, por unanimidad, la citada comisi¨®n tras analizar el informe de los inspectores.

El Consejo quiere despachar este asunto en la comisi¨®n disciplinaria, sin que llegue al pleno. S¨®lo llegar¨ªa al pleno si la comisi¨®n dictaminase que se trata de una falta muy grave. Pero si, como es previsible, considera que Tirado -con independencia de lo que proponga el instructor- s¨®lo cometi¨® una falta grave, se zanjar¨ªa en esta instancia con una multa. Si a¨²n as¨ª -por v¨ªa de recurso o porque se considerase muy grave la actuaci¨®n del juez-, el asunto llegase al pleno del Consejo, los conservadores tienen mayor¨ªa en su seno.

Un vocal conservador del Poder Judicial aclara: "Tambi¨¦n cabe la posibilidad de que el caso se considere falta muy grave y que la sanci¨®n sea peque?a y no conlleve ni traslado ni expulsi¨®n". Este vocal explica que a Tirado se le ha abierto expediente por "desatenci¨®n", y que este hecho "tiene un dif¨ªcil encaje dentro de lo que se consideran faltas graves".

La comisi¨®n disciplinaria la forman cinco vocales, dos del sector conservador -Carlos R¨ªos y Juan Pablo Gonz¨¢lez-, dos progresistas -Monserrat Comas y ?ngeles Garc¨ªa- y el independiente Azparren. Una vez m¨¢s, dada la correlaci¨®n de fuerzas que existe en el Consejo, Azparren tendr¨¢ la llave. En principio, los conservadores son partidarios de dejar el asunto en una multa, mientras que el sentir mayoritario de los progresistas es que la actuaci¨®n de Tirado es merecedora de una sanci¨®n severa. En el sector progresista tambi¨¦n hay vocales contrarios a que se haga del juez Tirado un cabeza de turco. "La conducta ser¨ªa muy grave si al juez le hubieran avisado de que el asunto lo ten¨ªa encima de la mesa y, pese a ello, no hubiera hecho nada, pero parece que no es el caso", se?alan.

Monserrat Comas, presidenta de esta comisi¨®n, afirma que a¨²n no tiene formada una idea al respecto "y que no quiere prejuzgarlo hasta leer el informe del instructor". Fuentes del Consejo dan casi por hecho que Azparren es favorable a imponer una multa econ¨®mica. "Todo el mundo echa la culpa al juez, ?y qu¨¦ pasa con la secretaria, que es quien debe informar al juez del estado de los casos?", afirman dichas fuentes. Y a?aden: "Tambi¨¦n se abri¨® un expediente a la secretaria por parte del Ministerio de Justicia, y parece que se ha archivado; no es justo que toda la responsabilidad tenga que recaer sobre los jueces".

La mayor¨ªa de los vocales conservadores son afines a la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM). Tras brotar el esc¨¢ndalo del caso Mari Luz, la APM exigi¨® al Consejo el archivo del expediente abierto a Tirado, adscrito a esta asociaci¨®n. Fuentes del Consejo se?alan que respetan la decisi¨®n de la APM pero que se actuar¨¢ con "criterios objetivos ajenos a fines corporativos".

Los partidarios de imponer s¨®lo una sanci¨®n econ¨®mica al juez entienden que una medida m¨¢s severa "ser¨ªa desproporcionada e injusta". "Lo que le ha pasado a este juez le pod¨ªa haber ocurrido a cualquier otro", se?alan.

Tras el asesinato de Mari Luz, el Consejo envi¨® una inspecci¨®n al juzgado de Tirado. "Lo que m¨¢s pesa sobre ¨¦l es que, meses antes del caso Mari Luz, la inspecci¨®n del Consejo avis¨® de que hab¨ªa descontrol en la ejecuci¨®n de las sentencias. Pero, por lo dem¨¢s, el juzgado funcionaba bien, y Tirado tiene un rendimiento y una dedicaci¨®n por encima del m¨®dulo de trabajo. A la hora de tomar una decisi¨®n se valorar¨¢, no s¨®lo este error, sino su actuaci¨®n en conjunto al frente del juzgado", explican fuentes del Consejo del Poder Judicial.

Los vocales del Consejo llevan en funciones casi un a?o y medio, desde noviembre de 2006, a la espera de que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo para su renovaci¨®n. Los conservadores mantienen la mayor¨ªa merced al voto de calidad del presidente, Francisco Jos¨¦ Hernando. Eso s¨ª, necesitan el concurso de los progresistas, dado que el actual Gobierno impuso por ley la llamada minor¨ªa de bloqueo, para nombrar a los jueces del Supremo y del Constitucional.