FGC: el precedente
CiU prohibi¨® los contratos blindados. Y luego se pas¨® la norma por el forro. El ejemplo m¨¢s claro fue el del que fuera presidente de Ferrocarrils de la Generalitat Antonio Herce, nombrado para el cargo en 1999 por Pere Macias. Pertenec¨ªa a la misma empresa y el nombramiento incluy¨® un contrato que le garantizaba una indemnizaci¨®n de 360.000 euros si dejaba el cargo contra su voluntad. Felip Puig, que sustituy¨® a Macias al frente de Pol¨ªtica Territorial, lo mantuvo para no abonar la indemnizaci¨®n.
Lleg¨® a Pol¨ªtica Territorial Joaquim Nadal y entendi¨® que el contrato era nulo de pleno derecho y que no hab¨ªa que pagar un blindaje que la ley exclu¨ªa de forma expl¨ªcita. La soluci¨®n fue salom¨®nica: Herce pidi¨® reincorporarse a su antiguo puesto en FGC y la compa?¨ªa lo despidi¨®, aceptando que el despido era improcedente. La indemnizaci¨®n que se le abon¨® fue la m¨¢xima establecida en la ley (un juez hubiera podido dictaminar una menor y, sobre todo, el juicio habr¨ªa dilatado el cobro). El importe era casi el mismo que el establecido en el blindaje.
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