Una juez permite a Fomento la ocupaci¨®n de la mina de Serrabal

El Estado, a trav¨¦s del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ya tiene el respaldo judicial para entrar en la mina de Serrabal, la concesi¨®n del grupo empresarial Villar Mir que bloquea desde hace m¨¢s de a?o y medio la construcci¨®n del tramo del AVE Santiago-Ourense. Y es voluntad del Gobierno central ejecutar cuanto antes la reciente resoluci¨®n del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 2 de Santiago que le autoriza, por considerarla "una medida adecuada y proporcionada", a entrar en las fincas expropiadas para la construcci¨®n del tramo de alta velocidad, a su paso por Boqueix¨®n y Vedra, cerca de Santiago. La l¨ªnea ferroviaria atraviesa una parte del yacimiento, valioso por incluir un cuarzo id¨®neo para la energ¨ªa solar que casi no se encuentra en el resto de Europa.

La mina de Serrabal amenaza con volver a ser un campo de batalla como ocurri¨® en junio pasado cuando los trabajadores, en pie de guerra junto a la empresa contra el actual trazado del AVE, impidieron la entrada de los antidisturbios y de los operarios de Adif. El due?o de la mina a¨²n tiene hasta el pr¨®ximo d¨ªa 18 para presentar un recurso contra este ¨²ltimo fallo judicial, que tambi¨¦n insta a la Administraci¨®n a informar al juzgado de cualquier incidencia que ocurra cuando lleve a cabo esa actuaci¨®n. Esta disposici¨®n de la magistrada que firma la resoluci¨®n permitir¨¢ exigir de inmediato responsabilidades penales a la empresa o su plantilla si impiden a Adif acceder a Serrabal.

Fue la propia Ramsa, la empresa a la que corresponde la explotaci¨®n de la mina, la que exigi¨® en junio del Gobierno que pidiese autorizaci¨®n judicial para entrar a las fincas expropiadas por v¨ªa forzosa en marzo de 2007. El due?o de la mina aleg¨® ante el juzgado que supondr¨ªa una indefensi¨®n jur¨ªdica permitir ejecutar esas expropiaciones que ¨¦l considera irregulares mientras no se resuelvan las tres causas pendientes, una en el Tribunal Supremo y dos en juzgados de lo contencioso. Pero la jueza de Santiago rechaza de plano este argumento dado que la empresa no pidi¨® la suspensi¨®n cautelar de esas expropiaciones. "No se puede amparar a quien no solicita la suspensi¨®n con la celeridad que exigen las circunstancias", advierte la juez. Y destaca, "por resultar cuando menos curioso" que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya desestim¨® en noviembre de 2007 la petici¨®n de Ramsa para que se suspendiese de forma cautelar "cualquier actuaci¨®n expropiatoria".

Incluso el alto tribunal gallego record¨® esta circunstancia a la empresa en su sentencia de hace apenas 15 d¨ªas por la que rechaz¨® el recurso contra el levantamiento de las actas previas de ocupaci¨®n de las fincas. La jueza de Santiago advierte que, seg¨²n la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no le corresponde decidir sobre la legalidad del acto administrativo -la expropiaci¨®n de las fincas- sino s¨®lo autorizar a la Administraci¨®n a ejecutarlo. Y tampoco se tiene en cuenta el argumento de la empresa sobre supuestos perjuicios econ¨®micos de sus derechos mineros, que en todo caso, dice la jueza, deber¨¢n resolverse en un juicio aparte.

El conflicto con el grupo Villar Mir ha provocado ya m¨¢s de a?o y medio de retraso en las obras de la l¨ªnea del AVE Santiago-Ourense. A su paso por Boqueix¨®n y Vedra, el tramo ferroviario afecta entre un 10 y un 12% de la mina, unos cinco millones de toneladas de reservas minerales de las cuales s¨®lo 1,4 millones son del preciado cuarzo solar, seg¨²n Fomento. Pendiente tambi¨¦n sigue la pr¨®rroga de la concesi¨®n de este yacimiento al grupo de Villar Mir.