Justicia interroga a los menores delincuentes sobre su vida personal

"?Alguna vez has cometido delitos y no te han descubierto?", "?alguna vez has intentado herirte: por ejemplo, cortarte o quemarte?", "?alguna vez causaste heridas de importancia a alguien en la escuela?". Son algunas de las preguntas que desde hace unos meses se les formulan a los menores que est¨¢n bajo la tutela del Departamento de Justicia de la Generalitat por delinquir o que est¨¢n acusados de ello.

Se trata de un cuestionario de aplicaci¨®n obligatoria para evaluar el riesgo de reincidencia, pero buena parte de los educadores que trabajan en esos centros entienden que vulnera derechos fundamentales, como la presunci¨®n de inocencia y el derecho a la intimidad.

El cuestionario SAVRY, que es as¨ª como se denomina por las iniciales en ingl¨¦s del manual para la Valoraci¨®n Estructurada del Riesgo de Violencia en J¨®venes, se empez¨® a aplicar en enero de 2006 como experiencia piloto en un centro de Girona; despu¨¦s, en Lleida, y desde finales de 2007, en todos los centros abiertos de Catalu?a. Los educadores afirman, y el Departamento de Justicia no lo niega, que se har¨¢ extensivo a todos los menores que pasen por los equipos de tratamiento de la Generalitat, est¨¦n cumpliendo condena, en libertad vigilada o con una medida cautelar, o a la espera de juicio.

El departamento dice que sirve para evaluar el riesgo de reincidencia

En Catalu?a hay 289 j¨®venes internos y 1.411 en r¨¦gimen abierto

Justicia defiende la eficacia del cuestionario y asegura que "es uno de los mejores instrumentos de evaluaci¨®n estructurada del riesgo", pero los educadores afirman que se trata de una importaci¨®n de corrientes psicol¨®gicas de Estados Unidos y Canad¨¢ aplicable en poblaciones con un ¨ªndice de violencia muy elevado y persistente.

Al acabar el mes de junio hab¨ªa en Catalu?a 289 j¨®venes internados, de los que s¨®lo el 1,53% lo estaban por delitos contra la vida. La mayor¨ªa cometieron delitos contra la propiedad (54,7%) y lesiones (22,3%). Tambi¨¦n hab¨ªa 1.411 j¨®venes en r¨¦gimen abierto en proporciones por delitos muy parecidas.

Justicia tambi¨¦n asegura que el SAVRY no tiene car¨¢cter de declaraci¨®n procesal y que no debe cumplir los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al afectado negarse a declarar, a contestar algunas preguntas y a declarar contra s¨ª mismo, y exigir un abogado. Tambi¨¦n afirma la Generalitat que la informaci¨®n sobre las circunstancias personales y sociales del menor y de su familia es obligatoria y necesaria para evaluar el riesgo de reincidencia.

Los educadores consideran, por el contrario, que es indiferente que las preguntas las formule un juez, un fiscal o un funcionario, y denuncian que se guardan en un documento al margen del procedimiento judicial. "El derecho a un proceso con todas las garant¨ªas es absoluto", dicen en una carta dirigida a la consejer¨ªa, "porque aunque la jurisdicci¨®n de menores pretende ser educativa, es fundamentalmente penal". Una parte de estos profesionales se negaron en su d¨ªa a aplicar el SAVRY y fueron advertidos verbalmente de la obligatoriedad de hacerlo y del riesgo de ser sancionados en caso contrario. El responsable de la aplicaci¨®n del programa es Jordi Sams¨®, director general de Ejecuci¨®n Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil. Anteriormente hab¨ªa sido director general de Seguridad Ciudadana, cuando la ahora consejera de Justicia, Montserrat Tura, lo era de Interior.

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona tambi¨¦n se ha pronunciado en contra del cuestionario en un duro informe en el que se asegura que algunas preguntas resultan "censurables, desmesuradas" y propias de los "antiguos criterios de peligrosidad social". Otras dejan entrever una evaluaci¨®n negativa del joven en funci¨®n de su entorno social.