Silencio a cambio de 3.963 euros

Gerineldo Feliz, dominicano de 36 a?os, muri¨® aplastado en las profundidades de un t¨²nel de la M-30 en septiembre de 2007. Su muerte no trascendi¨® hasta dos semanas despu¨¦s. Entonces se supo que falleci¨® una tarde de s¨¢bado. Los fines de semana no pod¨ªa estar trabajando por convenio.

Se desvel¨® que llevaba encadenando jornada tras jornada durante nueve meses, en peonadas continuas de 12 horas, y acumulaba 456 horas extra m¨¢s de las que permite el tope anual del sector. Todo eso, seg¨²n el acta levantada en su d¨ªa por la Inspecci¨®n de Trabajo. Ahora se sabe m¨¢s. Por ejemplo, que la empresa impuso a sus familiares un contrato leonino para hacer efectivo el finiquito.

El obrero muri¨® un s¨¢bado y su convenio imped¨ªa trabajar en fin de semana

"El papel es nulo de pleno derecho, un chantaje", dice un abogado

Se sabe, entre otras cosas, que cada uno de los cuatro hijos de Gerineldo, de dos mujeres diferentes, ha cobrado 541 euros por perderle. Que sus dos viudas firmaron una "liquidaci¨®n de contrato de trabajo" de 3.973,63 euros a cambio de "renunciar a cuantas acciones civiles, penales y laborales les pudieran asistir frente a la UTE By-Pass Sur, la compa?¨ªa aseguradora y su personal dependiente, la propiedad de las obras [Ayuntamiento], la direcci¨®n facultativa [arquitectos] y los coordinadores de seguridad y todo el personal de que ¨¦stos dependa".

Es decir, que deb¨ªan renunciar "a derechos inalienables", seg¨²n Antonio Garc¨ªa, abogado de Comisiones Obreras. Este sindicato siempre presenta demandas en caso de fallecimiento laboral. As¨ª, una de las viudas se adhiri¨® a la acci¨®n judicial.

Otras fuentes del caso que prefieren no figurar tildan el documento de "nulo de pleno derecho". "Es un chantaje, sin m¨¢s. El cobro de un finiquito no puede estar condicionado". Esas mismas fuentes afirman que el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Madrid, encargado de la demanda por v¨ªa penal interpuesta por la viuda, ha seguido esa doctrina.

El escrito de la uni¨®n temporal de empresas (Ferrovial y Acciona) solicita que se cierre la causa abierta por la viuda Patricia Feliz porque "ha renunciado voluntariamente a cuantas acciones le correspond¨ªan penales, civiles y laborales... tanto en su nombre como en el de sus hijos".

Los cuatro hijos de Gerineldo se llaman Luilly-Gerineldo, Indra Yamilet, Kely-Gerineldo y Mar¨ªa Yamilet. La peque?a tiene 12 a?os. Cobran una pensi¨®n de orfandad del Estado. Tambi¨¦n percibieron en su d¨ªa la indemnizaci¨®n que le correspond¨ªa a su padre por el convenio del sector.

Desde Acciona, una portavoz se limita a insistir en que el acuerdo "se tom¨® libremente, sin coacci¨®n". Agrega que no le consta que ninguna de las partes de ese documento tenga ninguna objeci¨®n sobre el mismo. Este peri¨®dico intent¨® sin ¨¦xito ponerse en contacto con alg¨²n representante de la otra empresa implicada, Ferrovial.

Seg¨²n ha denunciado en m¨²ltiples ocasiones Pedro Mart¨ªnez, el antiguo fiscal de accidentes laborales de Madrid, este tipo de contratos privados son moneda com¨²n. "Es el sistema habitual", deslizan desde una de las grandes compa?¨ªas del sector. Mart¨ªnez considera que el problema ¨²ltimo es la enorme lentitud con la que la justicia resuelve esta clase de litigios. Los procesos duran una media de entre cuatro y siete a?os. "Las familias suelen ser pobres y no pueden aguantar tanto. Prefieren pactar". Por eso Mart¨ªnez no recurr¨ªa a las met¨¢foras para afirmar: "La justicia es para los ricos".

Lo cierto es que existen irregularidades en el caso de Gerineldo Feliz. Lo que, al parecer, no le excluye de cierta responsabilidad en su propia muerte. El trabajador utiliz¨® una m¨¢quina estando solo. El protocolo advert¨ªa de que ese aparato deb¨ªan usarlo, al menos, dos operarios. Pero Gerineldo ten¨ªa prisa. Quer¨ªa ganar tiempo. Al parecer, seg¨²n la reconstrucci¨®n hecha a posteriori, se equivoc¨® de bot¨®n y el propio artilugio que manejaba lo aplast¨®. No hubo testigos.

"Lo importante es que no ten¨ªa que haber estado all¨ª ese d¨ªa", recalca Garc¨ªa, que tilda el documento de "abuso de derecho y un fraude procesal porque un finiquito no puede implicar la renuncia de derechos que v¨¢lidamente y por ley les corresponden".