PSOE y PP, de acuerdo en la reforma

Los retoques del C¨®digo Penal se han movido siempre al ritmo del impacto social. El caso Mariluz, llev¨® al Pleno del Congreso a aprobar el pasado 3 de junio por unanimidad para "elevar las penas a los infractores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cuando la v¨ªctima sea especialmente vulnerable"; "tender al cumplimiento efectivo de las penas"; "introducir medidas m¨¢s eficaces de seguridad" y "contemplar de manera m¨¢s espec¨ªfica en el Registro Central de Penados la informaci¨®n de penas y medidas de seguridad en sentencias firmes y no firmes por esos delitos". Es decir, que los pederastas puedan estar controlados cuando cumplan condena, de forma individualizada con medidas de vigilancia y colectivamente en un registro, al que tengan acceso jueces y fuerzas de seguridad.

El impacto del caso hizo que el PSOE y el PP incluyeran el asunto en el pacto sobre la justicia que firmaron en julio Zapatero y Rajoy. La novedad pol¨ªtica es que ambos partidos ponen en su pacto el tratamiento de la pederastia a la misma altura que el tratamiento al terrorismo y lo llevaran al C¨®digo Penal. El PP ha renunciado a su programa de m¨¢ximos de cumplimiento ¨ªntegro de las condenas o, incluso, de cadena perpetua, y el PSOE abandona posiciones m¨¢s garantistas. El PP no apoy¨® el actual C¨®digo en 1995, porque su ponente, Federico Trillo, rechazaba el sistema de penas. Ahora Trillo trabaja con el PSOE para reformarlo. Algunas medidas postdelictuales, es decir, para convictos con condenas cumplidas, ya se aplican, por ejemplo, a terroristas para alejarles de familiares de sus v¨ªctimas, seg¨²n el art¨ªculo 48 del C¨®digo Penal. El 96 establece medidas de seguridad adicionales a la pena, pero de forma limitada.