La justicia deja impunes a cinco jueces que cometieron faltas graves
Los magistrados acudieron al Tribunal Supremo y se libraron de su sanci¨®n por la lentitud de sus colegas, que hab¨ªan tardado m¨¢s de seis meses en castigarlos
Han faltado s¨®lo 20 d¨ªas para que quedara impune la conducta del juez Rafael Tirado, que dej¨® pasar dos a?os sin encarcelar a Santiago del Valle, que en ese periodo asesin¨® presuntamente a la ni?a de cinco a?os Mari Luz Cort¨¦s. La comisi¨®n disciplinaria del Poder Judicial sancion¨® ese error el pasado mi¨¦rcoles con una simple multa de 1.500 euros al entender que ese retraso injustificado constitu¨ªa una falta grave en lugar de muy grave, que hubiera sido castigada con la suspensi¨®n temporal del juez, su traslado forzoso o su expulsi¨®n de la judicatura. Otros cinco jueces han tenido m¨¢s suerte y se han librado de castigos muy graves desde febrero de 2006, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo oblig¨® al Consejo a sancionar a los jueces investigados en el plazo estricto de seis meses.
Cualquier expediente disciplinario que supera ese plazo queda anulado y la falta cometida por el juez, impune. Gracias a esa nueva doctrina han quedado sin sanci¨®n retrasos escandalosos, jueces que se negaban reiteradamente a dictar sentencias, insultos a autoridades, funcionarios, fiscales o compa?eros de carrera; abusos de autoridad y resoluciones estrafalarias en las que el autor hac¨ªa literatura en lugar de justicia.
Los vocales del Poder Judicial alegan que ese plazo es completamente insuficiente. Los cinco consejeros que han formado la comisi¨®n disciplinaria durante el mandato que est¨¢ a punto de concluir -las progresistas Montserrat Comas y Mar¨ªa ?ngeles Garc¨ªa, los conservadores Juan Pablo Gonz¨¢lez y Carlos R¨ªos, y el vocal de consenso entre PSOE y PP Agust¨ªn Azparren- aprovecharon su ¨²ltima reuni¨®n para elaborar un informe en el que solicitan al Gobierno que reforme la ley para ampliar ese plazo a un a?o. "No tiene sentido que los expedientes de los jueces caduquen en seis meses cuando los de los secretarios judiciales y los funcionarios de Justicia lo hacen en 12. Sobre todo porque las investigaciones de jueces y magistrados suelen ser mucho m¨¢s complejas", asegura Comas, presidenta de la comisi¨®n disciplinaria.
El informe asegura que castigar a un juez en seis meses "resulta en muchos casos de imposible cumplimiento" y recuerda "la especial complejidad de algunos expedientes", la tardanza en la pr¨¢ctica de pruebas y las estrategias de los propios investigados, que utilizan todo tipo de tretas para retrasar lo m¨¢s posible la investigaci¨®n "de manera consciente y deliberada" para que caduque.
Los vocales describen c¨®mo muchos jueces apuran al m¨¢ximo los plazos para presentar sus alegaciones o entregan al instructor multitud de documentos que deben ser examinados antes de formular una propuesta de sanci¨®n.
Esta llega muchas veces al borde de que venza el plazo o incluso cuando ya ha concluido. En esos casos, debido a la escasez de tiempo, la facultad sancionadora del Consejo queda mermada. El ¨®rgano que decide el castigo -la comisi¨®n disciplinaria si la falta es grave o el Pleno, si es muy grave- se ve obligado a aceptar la propuesta del instructor. La ley faculta a los vocales a devolver a ¨¦ste la investigaci¨®n para que proponga una sanci¨®n m¨¢s grave, lo que obliga a escuchar de nuevo al juez investigado. Pero ante el riesgo de que el paso del tiempo deje al juez sin castigo, el Poder Judicial se resigna a aceptar la propuesta que le llega del instructor.
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