Las ramas del ¨¢rbol

La ilegalizaci¨®n el pasado martes de Acci¨®n Nacionalista Vasca (ANV) por la Sala Especial del Tribunal Supremo se hab¨ªa dado por descontada desde que el fiscal general pidi¨® su disoluci¨®n a comienzos de a?o al amparo de la Ley de Partidos Pol¨ªticos (LOPP). La sentencia del Supremo adelant¨® tambi¨¦n que el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHKA en euskera) correr¨ªa el mismo destino, tal y como se confirmar¨ªa dos d¨ªas despu¨¦s. La ilegalizaci¨®n no significa que los 437 concejales (y 42 alcaldes) de ANV salidos de las elecciones municipales de mayo de 2007 en el Pa¨ªs Vasco y Navarra pierdan su acta; el ¨²nico recurso al alcance del Gobierno ser¨ªa la disoluci¨®n de los Ayuntamientos gobernados por ANV conforme a la ley de r¨¦gimen local. Tampoco los nueve representantes del EHKA, elegidos para el Parlamento Vasco en las auton¨®micas de 2005, perder¨¢n su esca?o en la C¨¢mara de Vitoria.

La sentencia de ilegalizaci¨®n dictada por el Supremo contrasta con la tolerancia hacia ANV en las municipales

Tras la disoluci¨®n en bloque de ANV por el Supremo, resulta a¨²n m¨¢s extra?o que el fiscal general dejara de impugnar 133 de las 256 candidaturas presentadas por el partido a las municipales pese a que las sospechas de ilegalidad recayeran -"o todas o ninguna"- sobre el conjunto de las listas. C¨¢ndido Conde-Pumpido sostuvo en su d¨ªa que fiscales y jueces deber¨ªan correr el riesgo de ver manchadas sus togas por el polvo del camino cuando las circunstancias lo exigieran. El polvoriento recorrido de las frustradas conversaciones del Gobierno con ETA tal vez explique -aunque no justifique- la discriminaci¨®n positiva de las 133 listas que permite a ANV gobernar una cuarentena de Ayuntamientos, entre otros, Mondrag¨®n, Hernani, Pasajes, Bergara, Azpeitia y Elorrio.

Las protestas contra el Supremo de las diferentes ramas del nacionalismo vasco -instalado en el Gobierno o en la estela de ETA- han sido un¨¢nimes. Sin duda, la izquierda abertzale, que siempre ha jugado al entrismo en las instituciones para socavarlas desde dentro, s¨®lo tiene motivos para lamentarse. Pero las razones del PNV, EA, Izquierda Unida y Aralar son ambiguas: sus cr¨ªticas a la LOPP pueden ser sinceras, pero la disoluci¨®n de las segundas marcas de Batasuna les da el monopolio electoral del espacio nacionalista sin contar con la abstenci¨®n.

A diferencia de la inviable tentativa de apelar contra la ley vasca de consultas populares, el eventual recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) -una vez agotada la v¨ªa del Constitucional- tendr¨ªa esta vez entidad jur¨ªdico-pol¨ªtica. La disoluci¨®n de los partidos afecta directa o indirectamente a las libertades ideol¨®gicas y de asociaci¨®n, reuni¨®n y expresi¨®n; al proceso electoral y a la tutela judicial. Varias sentencias -de distinto signo- dictadas hasta ahora por el TEDH permiten inferir una doctrina clara al respecto: si bien los partidos pol¨ªticos tienen derecho a propugnar el cambio pac¨ªfico de las estructuras constitucionales, est¨¢n obligados siempre a utilizar medios legales y a perseguir fines compatibles con los principios del sistema democr¨¢tico.