Hacienda embarga m¨¢s de mil cuentas por viajar sin billete

El Ministerio de Hacienda ha embargado 1.031 cuentas corrientes de otros tantos ciudadanos que en su d¨ªa fueron denunciados por no pagar (o pagar de menos) en los transportes p¨²blicos de Barcelona, sobre todo el metro, pero tambi¨¦n el tranv¨ªa, Ferrocarrils de la Generalitat y autobuses urbanos. En el ¨²ltimo a?o el Departamento de Pol¨ªtica Territorial ha publicado el nombre de unas 3.500 personas que infringieron las normas de convivencia e intentaron defraudar a las empresas del transporte viajando sin billete o con un billete inadecuado. Todas estas personas fueron atrapadas por los inspectores y se negaron a pagar la sanci¨®n correspondiente.

La casu¨ªstica es muy diversas. Hay, sobre todo en el metro y el tranv¨ªa, quien viaja pura y simplemente por la cara: sin billete. Otros, en cambio, llevan un billete del abuelo, es decir, una tarjeta de jubilado, pese a que todas las evidencias indican que no han alcanzado la edad de la jubilaci¨®n. Luego, en este caso en Ferrocarrils de la Generalitat, hay quien ha optado por viajar cruzando dos o m¨¢s zonas con una tarjeta que s¨®lo le permite viajar por una de ellas y cuya tarifa es bastante inferior.

En total, los inspectores cazan a unas 50.000 personas al a?o en una supuesta infracci¨®n. Casi la mitad paga en el acto la sanci¨®n, que es de 40 euros, pero con una reducci¨®n del 50% por pronto pago queda en 20 euros. Otros presentan un recurso y ganan. Son, por ejemplo, jubilados que viajan con la tarjeta pero no pueden acreditar ser los titulares.

Sanciones

Los que despu¨¦s de todo no pagan, acaban con su nombre publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), paso previo a que intervenga la Hacienda p¨²blica y busque una cuenta corriente a su nombre y la embargue por la cantidad de la sanci¨®n, que puede ir desde el m¨ªnimo, 150 euros, hasta un m¨¢ximo de 600 euros para casos de reincidencia. De las 3.500 personas buscadas, Hacienda ha localizado a 1.031 y ha actuado. Posteriormente, el dinero es remitido al Departamento de Pol¨ªtica Territorial. Lo que pagan los usuarios a los inspectores va a la caja de las empresas, pero los 150 euros de multa se ingresan en las arcas del Gobierno, dado que es una sanci¨®n administrativa.