El CES avala el nuevo canon hidroel¨¦ctrico
La Confederaci¨®n de Empresarios califica la nueva ley de "confiscatoria"
El futuro canon hidroel¨¦ctrico, con el que la Xunta gravar¨¢ a los embalses dedicados a la producci¨®n energ¨¦tica, cuenta ya con el visto bueno del Consello Econ¨®mico e Social de Galicia (CES), que respalda sin apenas matizaciones el anteproyecto legislativo. Pero el aval del CES no es un¨¢nime. A trav¨¦s de un voto particular, la Confederaci¨®n de Empresarios de Galicia (CEG), se desmarca del apoyo del consejo a la nueva ley, que tacha de "confiscatoria".
En apenas tres folios, el CES "eval¨²a positivamente la oportunidad" del anteproyecto, y valora que "se recojan las recomendaciones de la UE" en materia de medio ambiente. El consejo tambi¨¦n destaca la presentaci¨®n de una memoria "con amplia informaci¨®n sobre los diferentes aspectos a considerar" en la aplicaci¨®n de la norma.
El voto particular de la patronal gallega, en cambio, denuncia la "inoportunidad" de la ley, la "falta de justificaci¨®n del fin extrafiscal" y "la vulneraci¨®n de las exigencias constitucionales aplicables a los tributos". Seg¨²n los empresarios, el impuesto "menguar¨¢ en t¨¦rminos relativos la competitividad de la industria en Galicia", un efecto para el que pide "una reflexi¨®n m¨¢s profunda y cr¨ªtica" que tenga en cuenta la crisis econ¨®mica.
La CEG sostiene que los embalses "son beneficiosos para el medio", argumento que basa en la "regulaci¨®n de las aguas" que propician y su "contribuci¨®n a la reducci¨®n de gases de efecto invernadero en la producci¨®n de electricidad". Para los empresarios, se trata de "una energ¨ªa renovable m¨¢s". As¨ª planteado, el establecimiento del tributo tiene "un car¨¢cter meramente recaudatorio, ya que ni si quiera se desprende de su formulaci¨®n ninguna voluntad de reparar el supuesto da?o medioambiental" de los embalses.
El canon forma parte de la futura ley del impuesto sobre el da?o medioambiental de determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada, que la Xunta quiere empezar aplicar en 2009. El Gobierno gallego prev¨¦ unos ingresos anuales de entre 10 y 15 millones de euros.
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