El regidor de Baiona se ampara en los t¨¦cnicos ante el juez

El alcalde de Baiona, Jes¨²s V¨¢zquez Almu¨ª?a, y otros miembros de su gobierno prestaron ayer declaraci¨®n en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Vigo por un supuesto delito de prevaricaci¨®n formulado por el fiscal en relaci¨®n con la concesi¨®n de una licencia urban¨ªstica. El promotor de la obra denuncia que para obtener el permiso le solicitaron el pago de 1,8 millones de euros a Jes¨²s P¨¦rez Gil, due?o del hotel-balneario Talaso y primo del asesor jur¨ªdico municipal, Juan Col¨®n, que realiz¨® el informe en que se ampara el alcalde.

La acusaci¨®n prev¨¦ ampliar las imputaciones al abogado Juan Col¨®n

El litigio se suscit¨® en marzo de 2007, a partir de la petici¨®n de licencia de la promotora sevillana Herederos de Concepci¨®n Taboada del R¨ªo para construir en una parcela que el plan general cataloga como suelo urbano consolidado. El Ayuntamiento no la deneg¨® inicialmente, pero tampoco la concedi¨®, lo que determin¨® a la promotora, sobrepasados los plazos legales (tres meses), a considerarla otorgada por silencio administrativo. En febrero ¨²ltimo, la Xunta de Goberno local la deneg¨® expresamente aduciendo que la parcela no reun¨ªa la condici¨®n de solar.

La soluci¨®n, seg¨²n la propuesta municipal, era la creaci¨®n de un "¨¢rea de reparto" con otra parcela colindante y de menor edificabilidad, propiedad de la misma promotora salvo 27 metros cuadrados, pertenecientes a la casa de P¨¦rez Gil, due?o a su vez del hotel Talaso, que ofrece "alojamiento de lujo y relax" a los pies de Cabo Silleiro y sobre el que pesa orden de demolici¨®n desde hace dos a?os.

P¨¦rez Gil y su primo Juan Col¨®n, seg¨²n el testimonio de Jaime Gonz¨¢lez-Vallarino, administrador de la promotora, le se?alaron en reiteradas ocasiones que no obtendr¨ªa licencia municipal para construir en la primera parcela si no pagaba 300 millones de pesetas a P¨¦rez Gil para constituir el ¨¢rea de reparto con la segunda parcela.

V¨¢zquez Almu¨ª?a defendi¨® ayer la actuaci¨®n municipal ampar¨¢ndola en los informes t¨¦cnicos. Los incorporados al procedimiento judicial son los del arquitecto municipal, que se?ala que el proyecto de construcci¨®n de la promotora cumple los requisitos legales, y los del asesor jur¨ªdico, Juan Col¨®n, y de la secretaria municipal, que reproduce los criterios del anterior.

Ambos informes insisten en afirmar que la parcela no re¨²ne las condiciones de suelo urbano consolidado (redes de saneamiento y abastecimiento, electricidad, tel¨¦fono...) y que por tanto ha de someterse a un procedimiento de distribuci¨®n de cargas y beneficios. La fiscal¨ªa, avalada por un informe de la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial, sostiene, sin embargo, que la parcela en cuesti¨®n no s¨®lo est¨¢ incluida como suelo urbano en el plan general, sino que adem¨¢s cumple con todos los requisitos de la Lei de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Galicia (Louga), que proh¨ªbe las ¨¢reas de reparto en suelo urbano consolidado, "hecho ¨¦ste conocido por los autores de la resoluci¨®n, quienes denegaron arbitrariamente y sin justificaci¨®n la licencia solicitada", apunta el fiscal.

Ayer, la concejal de Urbanismo, Ana Simons, no pudo explicar de modo coherente por qu¨¦ el Ayuntamiento, si era lo que proced¨ªa, no deneg¨® la licencia de obras cuando fue solicitada. Hoy declarar¨¢n otros dos concejales. El delito de prevaricaci¨®n conlleva la inhabilitaci¨®n para ejercer un cargo p¨²blico. La acusaci¨®n particular, si el proceso sigue en v¨ªa penal, prev¨¦ a?adir otros delitos concurrentes, como el de tr¨¢fico de influencias, y ampliar las imputaciones a Juan Col¨®n, que compatibiliza las asesor¨ªas jur¨ªdicas municipales de Baiona, Salvaterra y Salceda, al menos, con su condici¨®n de abogado de promotoras que act¨²an en esos ayuntamientos.