Ganar y perder por la mano

Los representantes dem¨®cratas y republicanos que el lunes de la semana pasada votaron en el Congreso de EE UU contra el Plan Paulson (obligando a modificarlo antes de su aprobaci¨®n, cuatro d¨ªas despu¨¦s) por su inter¨¦s ego¨ªsta en conservar sus esca?os ?estaban favoreciendo, sin saberlo, el inter¨¦s general? ?Ser¨ªa de aplicaci¨®n al caso la met¨¢fora de la mano invisible que Adam Smith ide¨® en relaci¨®n a la econom¨ªa? Una derivaci¨®n de esa idea es la teor¨ªa que explica los efectos virtuosos de la pugna Gobierno-oposici¨®n: defendiendo cada parte su inter¨¦s propio (conservar el poder y alcanzarlo, respectivamente), ambas favorecen el inter¨¦s del sistema democr¨¢tico: limita la tendencia del Gobierno al abuso de poder y la de la oposici¨®n a la demagogia irresponsable.

Eso en teor¨ªa. En la pr¨¢ctica, del mismo modo que la met¨¢fora de Smith ha servido para justificar una desregulaci¨®n del mercado que ha propiciado los abusos de los tiburones de las finanzas, su traducci¨®n pol¨ªtica proporciona una coartada moral a los m¨¢s sectarios de ambos lados para sus dentelladas rec¨ªprocas. Y ese sectarismo por intereses t¨¢cticos no s¨®lo perjudica al sistema en su conjunto sino a veces a los intereses no tan inmediatos de los partidos que lo practican.

Es el caso de la batalla por el control del Tribunal Constitucional en relaci¨®n a los recursos sobre el Estatuto de Catalu?a. No hay duda de que fue el PP quien inici¨® esa batalla recusando a P¨¦rez Tremps a fin de propiciar una mayor¨ªa que consideraba favorable a sus posiciones; pero la forma en que respondi¨® el Partido Socialista (desde fuera del Tribunal) ha tenido el efecto de retardar la decisi¨®n, que era la peor soluci¨®n.

El PP quer¨ªa que el Tribunal declarase inconstitucionales art¨ªculos esenciales del Estatut, pero prefer¨ªa que no hubiera resoluci¨®n a correr el riesgo de que ¨¦sta avalase la integridad del texto; los socialistas quer¨ªan una sentencia que convalidase lo esencial del Estatut, pero prefer¨ªan aplazarla a correr el riesgo de que los conservadores impusieran su posici¨®n. El resultado fue la par¨¢lisis del Tribunal.

La iniciativa (poco h¨¢bil) del Gobierno de introducir una enmienda a la Ley de Reforma del Tribunal Constitucional para convertir en norma obligatoria el uso de prorrogar el mandato del presidente (presidenta, en este caso) hasta la renovaci¨®n del Tribunal, dio lugar a una penosa din¨¢mica de recusaciones cruzadas cada vez m¨¢s artificiosas. No todas las iniciativas tuvieron el mismo fundamento (la ¨²ltima del PP, basada en una noticia fabricada para su publicaci¨®n en El Mundo, fue c¨®mica), pero el efecto del conjunto fue acumular impedimentos al pronunciamiento del Tribunal.

Y eso result¨® peor que cualquiera de las resoluciones probables: una interpretativa, como quer¨ªa el Partido Socialista, o una que podara el texto de ret¨®rica identitaria y planteamientos confederales, como quer¨ªa el PP. Y mucho peor que una mezcla de ambas hip¨®tesis, que era (y es) la m¨¢s probable de todas, con independencia de cu¨¢l sea la composici¨®n del Tribunal. Salida que se habr¨ªa visto favorecida por una actitud menos sectaria (m¨¢s cooperativa) de ambos partidos.

Fue la peor soluci¨®n para el Gobierno porque el aplazamiento dio ocasi¨®n para la extensi¨®n de algunos de los elementos dudosamente constitucionales del Estatuto catal¨¢n a los de otras comunidades; y porque propici¨® que algunos de esos elementos fueran desarroll¨¢ndose en Catalu?a, estableciendo situaciones ventajosas dif¨ªcilmente reversibles, lo que a su vez provoc¨® irritaci¨®n en otras comunidades.

Una resoluci¨®n r¨¢pida del Constitucional habr¨ªa permitido a Zapatero superar el dilema de tener que aplicar a la financiaci¨®n de Catalu?a criterios que, en plena crisis, no podr¨ªan generalizarse a las dem¨¢s comunidades. Al ofrecer una interpretaci¨®n del Estatut compatible con la Constituci¨®n es Solbes quien defiende su integridad b¨¢sica; mientras que quienes mantienen como ¨²nica aceptable la que desborda ese l¨ªmite favorecen una interpretaci¨®n restrictiva por parte del Tribunal.

Para el PP tambi¨¦n fue un mal negocio: Rajoy se present¨® a las elecciones con el lastre de que s¨®lo le val¨ªa la mayor¨ªa absoluta. Su aliado de 1996, CiU -cuya situaci¨®n como partido de oposici¨®n a los socialistas en Catalu?a le acercaba objetivamente al PP-, exig¨ªa como condici¨®n para cualquier acuerdo la retirada de su recurso. Esto no lo pod¨ªa hacer el PP, pero si el Tribunal ya se hubiera pronunciado esa condici¨®n habr¨ªa dejado de tener sentido.

El empecinamiento del PP en traspasar a Hernando y L¨®pez del CGPJ al Constitucional encaja mal con la imagen que ahora le interesa dar a Rajoy. Adem¨¢s, que ambos formaran parte del Consejo que decidi¨®, por su cuenta y riesgo, elaborar un informe cr¨ªtico con el Estatut, les hace mucho m¨¢s recusables que lo pudiera ser P¨¦rez Tremps, por ejemplo. As¨ª lo reconoc¨ªa hace unos d¨ªas (La Raz¨®n, 30-9-08) el magistrado J. L. Requero, miembro a propuesta del PP del Consejo saliente: "Pasma que el PP proponga para el Constitucional a ex miembros del CGPJ, es decir, personas que no podr¨¢n intervenir en esos asuntos por haber tomado partido en ellos, fundamentalmente en dict¨¢menes elaborados en el Consejo". La clave de esa incoherencia la acaba de dar Fraga: se batieron bien contra el Gobierno. O sea que m¨¢s que a una apuesta de futuro responde a un compromiso contra¨ªdo con ellos.

No hay mano invisible que pueda con el af¨¢n irrevocable de desacuerdo.