Garz¨®n atribuye a Franco un plan de exterminio sistem¨¢tico de los 'rojos'

El juez Baltasar Garz¨®n pas¨® ayer a la historia al ser el primer magistrado espa?ol que ha atribuido al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebeli¨®n contra el r¨¦gimen legalmente constituido de la Rep¨²blica la puesta en marcha de un plan de exterminio sistem¨¢tico de sus oponentes pol¨ªticos y de una represi¨®n que acab¨® con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado raz¨®n de su paradero, y que a su juicio constituye un contexto de cr¨ªmenes contra la humanidad.

El magistrado se declar¨® ayer competente para investigar las denuncias presentadas por las Asociaciones de la Memoria Hist¨®rica y orden¨® que se inicien las exhumaciones de los cad¨¢veres de 19 fosas comunes, entre las que figura la que supuestamente contiene los restos del poeta Federico Garc¨ªa Lorca.

En una resoluci¨®n, cuando menos original, Garz¨®n asumi¨® la investigaci¨®n de la causa por considerar que los secuestros con desaparici¨®n de personas son delitos permanentes hasta tanto no se d¨¦ cuenta del paradero de los secuestrados, lo que determina que no est¨¦n afectados por la prescripci¨®n ni pueden ser amparados por una ley de Amnist¨ªa. Pero la competencia de la Audiencia Nacional no viene determinada por la investigaci¨®n de esos delitos, a los que considera en un contexto de cr¨ªmenes contra la humanidad por existir un plan sistem¨¢tico de exterminio, sino porque Franco encabez¨® un golpe de Estado contra el Gobierno leg¨ªtimo, y los delitos contra la forma de gobierno y los altos organismos de la naci¨®n, s¨ª est¨¢n atribuidos a la Audiencia Nacional.

Contra la Constituci¨®n

Ese delito es conexo con el de las desapariciones y el juez considera responsable del mismo a Franco y otros 34 generales y ministros. El auto menciona expresamente: "La acci¨®n desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrecci¨®n armada del 18 de julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de gobierno (delitos contra la Constituci¨®n, del T¨ªtulo Segundo del C¨®digo Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevaci¨®n), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las v¨ªas de hecho con la Rep¨²blica mediante el derrocamiento del Gobierno leg¨ªtimo de Espa?a, y dar paso con ello a un plan preconcebido que inclu¨ªa el uso de la violencia, como instrumento b¨¢sico para su ejecuci¨®n".

Sin embargo, el magistrado es consciente de que Franco y todos los integrantes de la relaci¨®n de golpistas que incluye en el auto han fallecido. Por ello, ha solicitado a los registros civiles que le aporten en el plazo de 10 d¨ªas los certificados de defunci¨®n de todos ellos, con la finalidad de declarar extinguida su responsabilidad criminal por ese delito.

Sin la posibilidad de investigar ese delito, la Audiencia Nacional ya no ser¨ªa competente en el caso y Garz¨®n deber¨¢ remitir las actuaciones a los juzgados territoriales correspondientes de los lugares donde se cometieron las desapariciones forzosas. Eso quiere decir que, en el plazo de un mes, a lo sumo dos, Garz¨®n ya no podr¨¢ seguir con el caso.

Mientras tanto, Garz¨®n se recrea en recordar en el auto los bandos de los generales Mola y Queipo de Llano en los que ordenaban pasar por las armas a todos los que se opusieran al levantamiento, a los comunistas, a los marxistas, etc¨¦tera, y las declaraciones de Franco al Chicago Daily Tribune el 27 de junio de 1936 en las que asum¨ªa que tendr¨ªa que matar a media Espa?a.

Para establecer la existencia del plan de desaparici¨®n y exterminio cita a varios historiadores y concluye con el corolario de Secundino Serrano: "No s¨®lo era una guerra civil, sino tambi¨¦n un programa de exterminio", acompa?ado del ocultamiento sistem¨¢tico de los cuerpos de forma que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumaci¨®n.

El magistrado recuerda que nunca se han investigado penalmente estos cr¨ªmenes atroces en Espa?a y que "hasta el d¨ªa de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podr¨ªan revestir la calificaci¨®n jur¨ªdica de crimen contra la humanidad".

Tambi¨¦n sostiene que no pretende hacer una causa general, ni una revisi¨®n de la Guerra Civil en sede judicial, aunque precisa que los vencedores, siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, reci¨¦n acabada la guerra, s¨ª abrieron una causa general contra las denominadas v¨ªctimas del "terror rojo".

Aunque el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y otros regidores han remitido al juez listados que recogen muertos de ambos bandos, la investigaci¨®n de Garz¨®n se refiere ¨²nicamente a uno de ellos. Eso queda claro cuando el auto se?ala: "Los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acci¨®n del Estado para la localizaci¨®n, identificaci¨®n y reparaci¨®n de las v¨ªctimas ca¨ªdas de la parte vencedora. No aconteci¨® lo mismo respecto de los vencidos que adem¨¢s fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes hab¨ªan quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes (...) tanto durante la contienda, como despu¨¦s, en los a?os de posguerra, hasta 1952".

La fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ha anunciado ya la presentaci¨®n de un recurso de apelaci¨®n contra la decisi¨®n del juez que previsiblemente resolver¨¢ el pleno de la Sala Penal.