Jueces y fiscales progresistas piden el aborto libre y gratuito

Aborto libre y gratuito. La hist¨®rica consigna del feminismo espa?ol la hicieron suya ayer, con matices, la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia (JpD) en la reuni¨®n anual de sus ejecutivas celebrada en Barcelona. Que sean quienes aplican el C¨®digo Penal los que planteen esa reclamaci¨®n tiene un especial significado y coincide con el replanteamiento del aborto que ha promovido el Gobierno.

Los jueces y fiscales progresistas consideran que la reforma de la ley ha de tomar como punto de partida un sistema de plazos que "sea respetuoso con el derecho de la mujer a decidir en las primeras semanas del embarazo -aunque no acotan ese periodo- y sin necesidad de alegar un motivo, como ocurre ahora". La ley vigente permite abortar si un m¨¦dico o un psic¨®logo dictamina que corre riesgo la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la mujer, si peligra su vida o si ha sido violada.

Esa reforma, a?aden, deber¨ªa complementarse con una reformulaci¨®n de los actuales supuestos, para poder acoger casos detectados fuera de plazo. "No puede ser que se impida abortar si despu¨¦s de la semana 22 de embarazo la mujer sabe que el feto tendr¨¢ taras f¨ªsicas o ps¨ªquicas, como ocurre ahora", explic¨® Emilio S¨¢nchez Ulled, presidente de la UPF.

Objeci¨®n de conciencia

Las asociaciones judiciales exigen que la sanidad p¨²blica garantice en toda Espa?a el aborto en los supuestos legales. En ese sentido, califican de "inadmisible" que las "invocaciones gen¨¦ricas a la objeci¨®n de conciencia" acaben provocando que las mujeres no puedan abortar en los centros p¨²blicos.

Los fiscales y jueces progresistas tambi¨¦n consideran que "es hora ya" de despenalizar la eutanasia para "garantizar una muerte digna en casos de sufrimientos no evitables a causas de enfermedades". Deber¨ªa hacerse, a?aden, con el consentimiento libre y voluntario del enfermo y sin que eso se vincule con los cuidados paliativos, "que nada tienen que ver y han de quedar fuera del ¨¢mbito penal", a?ade S¨¢nchez Ulled.

Las dos asociaciones judiciales constatan igualmente la "escasa voluntad pol¨ªtica" de algunas comunidades aut¨®nomas para desarrollar la Ley de Dependencia, que est¨¢ causando graves perjuicios a "los m¨¢s necesitados" en estos tiempos de crisis.