Aguirre ya tiene en n¨®mina al juez y a un polic¨ªa del caso

Los principales actores de la denuncia e investigaci¨®n posterior a los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos han sido premiados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. La noticia de las conductas corruptas del entonces regidor socialista de Ciempozuelos se conoci¨® a escasos meses de las elecciones auton¨®micas en la Comunidad de Madrid, cuando sobre el Gobierno regional de Aguirre se abr¨ªan sospechas en relaci¨®n con quien fue su ex director general de Urbanismo, Enrique Porto.

- El juez del 'caso Ciempozuelos'. Agust¨ªn Carretero, juez decano de Valdemoro, recibi¨® la denuncia contra los ex alcaldes de Ciempozuelos el 20 de octubre de 2006 del autodenominado sindicato Manos Limpias. Ten¨ªa como base un recorte del diario Abc con el contrato, presumiblemente falso, por el que los cargos socialistas iban a recibir 40 millones de euros de la inmobiliaria Esprode por sus gestiones urban¨ªsticas. Carretero se autoasign¨® el caso. Durante la instrucci¨®n, el PP se person¨® como acusaci¨®n y cit¨® como testigo contra Torrej¨®n a la edil socialista Mar¨ªa P¨¦rez Garc¨ªa, que hab¨ªa investigado en secreto las corruptelas del alcalde, y con quien Carretero mantuvo contactos antes de estallar el caso. Al ser interrogada en sede judicial, la concejal neg¨®, a preguntas de Carretero, tener animadversi¨®n hacia el alcalde, lo que contrasta con sus pesquisas y su expulsi¨®n del equipo de gobierno en marzo de 2006. La edil tampoco dijo nada de sus conversaciones previas y casi diarias con el juez del caso cuando se le pregunt¨® si ten¨ªa alg¨²n tipo de relaci¨®n con las partes. Carretero acord¨® encarcelar a los dirigentes socialistas -contra el criterio del fiscal, ya que frustr¨® la investigaci¨®n al anular las escuchas telef¨®nicas- e imput¨® a tres polic¨ªas -ya absueltos- del Servicio de Prevenci¨®n para el Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a (Sepblac) por no tramitar un informe sobre los ingresos delictivos de los ex alcaldes de Ciempozuelos en Andorra. En plena instrucci¨®n del sumario y lejos de resolver el caso, Aguirre, que hab¨ªa conseguido mayor¨ªa absoluta en las elecciones de mayo de 2007, fich¨® como alto cargo a Carretero. El 5 de julio de 2007 salt¨® de su juzgado a la Direcci¨®n General de Pol¨ªtica Interior, a las ¨®rdenes del consejero Francisco Granados, ex alcalde de Valdemoro. Hoy Carretero es gerente de la Academia de Polic¨ªa del Gobierno regional.

- El polic¨ªa sospechoso. El inspector jefe de polic¨ªa Vicente Garc¨ªa Novoa del Sepblac fue objeto de imputaci¨®n judicial y expediente interno acusado de sepultar meses el informe y el contrato de Esprode recibidos de las autoridades andorranas donde se alertaba de la presencia de los ex alcaldes socialistas ingresando dinero. S¨®lo inform¨® a sus jefes el 14 de septiembre de 2006, pese a que conoc¨ªa los hechos desde mayo de 2006. El juez Carretero declin¨® interrogar a ?lvaro Puerta, tesorero del PP y reconocido amigo de Garc¨ªa Novoa, en relaci¨®n con la filtraci¨®n del contrato. A pesar de que su caso fue sobrese¨ªdo, el fiscal, a tenor de su ¨²ltimo escrito, no descarta imputarle por "revelaci¨®n de secretos" si halla mayores indicios. Garc¨ªa Novoa ha sido contratado por la Consejer¨ªa de Vivienda de Aguirre como asesor, en concreto, como "t¨¦cnico de apoyo a la secretar¨ªa general t¨¦cnica". Seg¨²n un portavoz, este experto antiblanqueo, se encargar¨¢ de resolver los conflictos con los inquilinos del Ivima. Posee un nivel 29, lo que le supone unos 4.000 euros brutos de ingresos mensuales.

- El denunciante. El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, es invocado por un comisionista imputado por corrupci¨®n en Totana (Murcia), Emiliano Ovide. ?ste se jacta de estar en primera "l¨ªnea de salida" para edificar 200.000 metros cuadrados para VPO en Ciempozuelos pero que no har¨¢ nada hasta que hable con Bernad y se desbloquee el plan urban¨ªstico, paralizado por la denuncia de Manos Limpias, que ya ha pedido el cierre del sumario cuando el fiscal a¨²n impulsa pesquisas para detallar los presuntos cohechos municipales.