La juez exculpa a Construcuatro pese a constatar que cobr¨® sobreprecios

Construcuatro, la inmobiliaria del presidente local del PP de Pontevedra, Telmo Mart¨ªn, y de otros dos socios, cobr¨® sobreprecios por los pisos de protecci¨®n oficial que construy¨® en el pol¨ªgono vigu¨¦s de Navia, pero no incurri¨® en ning¨²n tipo delictivo, principalmente porque en la operaci¨®n no concurri¨® "violencia, amenaza ni enga?o". As¨ª lo considera la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Vigo, que ha dictado un auto en el que declara el sobreseimiento y el archivo de la causa.

En su fallo, la juez Pilar Carreira reconoce que Construcuatro, de la que Mart¨ªn posee el 33%, cobr¨® cantidades adicionales desde una situaci¨®n "de superioridad", pero no estima la existencia de un il¨ªcito penal. El auto ha provocado la indignaci¨®n entre los afectados y su abogado, que ha anunciado la interposici¨®n de un recurso de apelaci¨®n. "Ha quedado probado que los imputados cobraron sobreprecios y que lo hicieron contra la voluntad de los denunciantes, lo que constituye los delitos de coacciones, estafa y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas", insisti¨® el abogado.

Pero ese no es el parecer de la juez, que incluye entre sus argumentos el de que todos los afectados "accedieron a la mayor brevedad" a las entregas solicitadas por la inmobiliaria, ya que "les interesaba tal y como estaba el mercado adquirirlas incluso a tal precio". "No cabe concluir ning¨²n tipo de fuerza o intimidaci¨®n que haga considerar la existencia de coacci¨®n de relevancia penal", sostiene el auto, firmado el 17 de noviembre y que pone fin a dos a?os de diligencias judiciales.

La juez reconoce que por las viviendas -un total de 96-, Construcuatro exig¨ªa una entrega de 20.400 euros formalizada en un contrato privado. Los futuros compradores, agrega el auto, "deb¨ªan entregar una cantidad variable, denominada 'mejora' por el constructor", que depend¨ªa de la vivienda a adquirir" y oscilaba entre 9.000 y 30.840 euros. "No constando en escritura p¨²blica o contrato de compraventa privada las citadas cantidades entregadas", agrega.

"No se constata un enga?o suficiente" que forzara a los propietarios a pagar un sobreprecio, "sino que resulta un contrato concertado sobre un bien inmueble, sin que hasta la fecha actual ninguno de los adquirientes ha querido rescindir o declarar nulo", se?ala el auto. La juez considera la existencia de un "consentimiento libremente prestado por ambas partes, si bien una de ellas en cierta situaci¨®n de superioridad". El auto deja la v¨ªa abierta al procedimiento administrativo sancionador abierto por la Xunta.

El fiscal del caso anunci¨® que no recurrir¨¢ el auto, informa Elisa Lois, aunque fuentes pr¨®ximas a la fiscal¨ªa aseguran que el caso ha motivado un an¨¢lisis para tipificar penalmente este tipo de conductas. El portavoz de los afectados, Guillermo Vivero, explic¨® por su parte que el sobreseimiento del caso "confirma" las sospechas del colectivo, que denunci¨® en varias ocasiones la "falta de inter¨¦s por investigar y de que la cosa fuese adelante". En declaraciones a Europa Press, Vivero afirm¨® sentirse "desilusionado", aunque advirti¨® que los afectados "no perder¨¢n la esperanza". "Nos quedan los recursos y seguiremos peleando para recuperar lo que hemos pagado", asegur¨®.