Una operaci¨®n de orfebrer¨ªa pol¨ªtica

El 31 de octubre de 1978 las Cortes Generales, en sesiones plenarias separadas del Congreso y del Senado, aprobaron la Constituci¨®n, que hoy cumple 30 a?os desde su ratificaci¨®n en refer¨¦ndum. Los seis lustros transcurridos marcan una etapa de convivencia c¨ªvica, propiciada por el mayor ¨¦xito de la Transici¨®n: la Ley Fundamental que estableci¨® las reglas del juego democr¨¢tico y puso fin pac¨ªficamente al r¨¦gimen dictatorial franquista.

Evaluar el proceso constituyente exige partir del contexto antidemocr¨¢tico que le precedi¨®; de la circunstancia de que el dictador no fue derribado por sus oponentes, sino que muri¨® matando (cinco ejecuciones 54 d¨ªas antes de su fallecimiento), tras intentar dejar "atado y bien atado" el futuro de su r¨¦gimen mediante una especie de dictadura coronada, y de la decidida voluntad de descartar soluciones b¨¦licas o sangrientas por quienes deseaban restablecer la democracia en colaboraci¨®n con todos los que quisieran lo mismo, al margen de su pasado pol¨ªtico.

Una operaci¨®n de esta magnitud requiri¨® habilidades de orfebrer¨ªa pol¨ªtica; "cordura", como ha recordado Fernando Savater (?El final de la cordura?, en EL PA?S, 3-11-2008), y generosidad de todos, empezando por las v¨ªctimas del franquismo. ?Qu¨¦ otra calificaci¨®n merecen diputados comunistas como Sim¨®n S¨¢nchez Montero, Marcelino Camacho, Manuel Ben¨ªtez Rufo -con m¨¢s de diez a?os de c¨¢rcel cumplidos por delitos pol¨ªticos-, o Josep Sol¨¦ Barber¨¢ -condenado a muerte por el franquismo y afortunadamente indultado-, sentados en sus esca?os, a pocos metros de algunos de sus verdugos pol¨ªticos, los ministros de Franco -y entonces diputados de Alianza Popular- Federico Silva Mu?oz, Gonzalo Fern¨¢ndez de la Mora, Laureano L¨®pez Rod¨®, Manuel Fraga...?

?Debieron exigir entonces esos y otros muchos parlamentarios la condena de aquel r¨¦gimen y de sus responsables o fue mejor para el inter¨¦s general que se pusieran a trabajar juntos para hacer una Constituci¨®n que colocara a las nuevas generaciones en una situaci¨®n democr¨¢tica y alejada del espantajo de otra Guerra Civil?

Considero injusto e irreal plantear ahora la persecuci¨®n de los delitos de la dictadura como compensaci¨®n a una supuesta pasividad de la Transici¨®n, a la que se tilda de "mito" y hasta de "bajada de pantalones" o se la trata como una reconciliaci¨®n asim¨¦trica, olvidando que la consagraci¨®n de un sistema democr¨¢tico fue el valioso objetivo logrado por la izquierda, que lo comparti¨® con otras fuerzas pol¨ªticas constituyentes, en coherencia con la reclamaci¨®n callejera: "?Libertad, Amnist¨ªa y Estatuto de Autonom¨ªa!".

Recordado todo esto, no creo que aquella Transici¨®n y aquella Amnist¨ªa impidan activar ahora, a los 30 a?os de vigencia de la Constituci¨®n, la memoria hist¨®rica para rescatar los cad¨¢veres acumulados en fosas comunes y perseguir los cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, en tanto que se perpetraron con la finalidad preconcebida y declarada de "exterminar a un colectivo perfectamente delimitado, la izquierda" (Antonio Elorza, Un prolongado genocidio, en EL PA?S, 30-10-2008).

La celebraci¨®n del 30 aniversario de la Constituci¨®n tampoco impide su reforma. As¨ª, el enunciado de que "el Senado es la C¨¢mara de representaci¨®n territorial", suficiente en 1978, merece hoy un desarrollo. Igualmente, la hist¨®rica prevalencia del var¨®n en el orden sucesorio de la Corona, que contradice el principio constitucional de igualdad y no discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo, y que se introdujo en 1978 en atenci¨®n a criterios de oportunidad, debe ser suprimida.

Acaso la menci¨®n que hace el art¨ªculo 65 a que el Rey "distribuye libremente" la cantidad global que se le asigna en los Presupuestos del Estado "para el sostenimiento de su Familia y Casa", merecer¨ªa ser revisada. Y quiz¨¢s habr¨ªa que suprimir el 57.4, que excluye de la sucesi¨®n a la Corona a los herederos que "contrajeren matrimonio contra la expresa prohibici¨®n del Rey y de las Cortes Generales". Ya en el debate constituyente el republicano catal¨¢n Heribert Barrera denunci¨® el "tufillo anacr¨®nico" de ese texto, "incompatible con los principios democr¨¢ticos" y en franca contradicci¨®n con el "derecho constitucional a contraer matrimonio". (Hoy ser¨ªa factible legalmente la sugestiva hip¨®tesis de una boda real entre homosexuales).

Hora es de hacer desaparecer de la Constituci¨®n esas antiguallas de la Monarqu¨ªa, mientras madura la posibilidad de sustituirla por una Rep¨²blica. Tambi¨¦n en este punto los constituyentes actuaron con cordura al aceptar una Monarqu¨ªa parlamentaria que, aunque heredera de franquismo, fue a la vez superadora del mismo, desde el momento que el Rey renunci¨® al poder absoluto que Franco le regal¨® y asumi¨® que "la soberan¨ªa nacional reside en el pueblo espa?ol, del que emanan los poderes del Estado". Pero aquella empat¨ªa entre los constituyentes y don Juan Carlos en el com¨²n empe?o de restaurar la democracia, ?debe mantenerse intacta 30 a?os despu¨¦s, siempre?

La voluntad de "establecer una sociedad democr¨¢tica avanzada", que declara el Pre¨¢mbulo de la Constituci¨®n, aconseja caminar en una direcci¨®n republicana. Pero esa empresa requerir¨ªa unas fuerzas pol¨ªticas tan maduras y cuerdas como las que pilotaron la tarea constituyente, que dieron prioridad al ansiado reencuentro con la democracia sobre el resarcimiento entonces de los agravios hist¨®ricos. El espect¨¢culo del PSOE y el PP, ¨¢vidos en repartirse partidistamente instituciones creadas por la Constituci¨®n para promover la democracia -como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional-, no les habilitar¨ªa para acometer una iniciativa de ese calibre.