La CIG denuncia "esclavismo" con los indonesios en el mar

La empresa viguesa Spain Total Quality ofrece a los armadores marineros indonesios y rusos, y en su carta de presentaci¨®n espec¨ªfica las diferencias salariales que deben existir entre unos y otros tripulantes en funci¨®n del pa¨ªs en el que han nacido. Un capit¨¢n indonesio deber¨¢ cobrar al mes 1.350 d¨®lares americanos. Un capit¨¢n ruso, 3.000 euros. Un jefe de m¨¢quinas indonesio, 1.200 d¨®lares, y si es ruso, 2.500 euros. En los puestos m¨¢s bajos de la tripulaci¨®n, la desigualdad es todav¨ªa m¨¢s aberrante: un maquinista de Yakarta recibir¨¢ 350 d¨®lares, mientras que uno llegado de San Petersburgo ingresar¨¢ por el mismo trabajo 1.000 euros mensuales. La Confederaci¨®n Intersindical Galega (CIG) denunci¨® hace cinco d¨ªas en Inspecci¨®n de Traballo las pr¨¢cticas de esta firma de Vigo y de otra empresa intermediaria, Shipping Oriental Services, fundada en Parla (Madrid) por un vecino de A Mari?a. Shipping oferta marineros indonesios disciplinados y "muy rentables en todos los aspectos" por 295 euros al mes.

El armador del 'Rosamar' asegura que los n¨¢ufragos cobraban 600 euros

Shipping Oriental Services, del empresario Jos¨¦ Quelle Pena, cambi¨® de nombre y de domicilio social en diciembre de 2007. Ahora se llama Shipo Pesca, est¨¢ en Xove y, seg¨²n la CIG, ha llegado a brindar a armadores indonesios "ilegales" por "200 d¨®lares todo incluido".

Xabier Aboi, secretario de CIG-Mar, asegura que conoce situaciones semejantes en "una docena de empresas" y que en cada partida de indonesios que traen a Espa?a vienen "cientos". En Galicia, o mejor dicho, en los barcos gallegos, ya est¨¢n trabajando "miles", claro que estos barcos gallegos, muchas veces, tienen bandera extranjera: en estos casos, Aboi denuncia que el empresario casi siempre prescinde de dar de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social. La explotaci¨®n laboral, seg¨²n ¨¦l, cunde en los barcos de altura.

Respecto al caso concreto del Rosamar, el pesquero hundido el d¨ªa 5 a 24 millas de Burela, el representante de la CIG denuncia que los cuatro indonesios muertos cobraban 400 euros al mes y carec¨ªan de seguro de accidentes. Aboi se ofrece a colaborar "con el fiscal" para sacar a la luz unas pr¨¢cticas que ¨¦l define como "esclavismo" y "tr¨¢fico de carne humana", y asegura que se trata de un negocio amparado por los gobiernos del Estado y de la Xunta. En concreto, acus¨® al conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, y a la de Pesca, Carmen Gallego, de permitir la entrada y contrataci¨®n de indonesios "sin ning¨²n control" y callar ante este "fraude inmenso a la Seguridad Social y Hacienda", porque deben de tener "algo que tapar".

En el asunto del Rosamar, Aboi responsabiliz¨® a otras dos empresas: Servixesti¨®n Burela y la viguesa Crewnova. Esta ¨²ltima, dijo, pas¨® de facturar, en 2006, 600.000 euros a ingresar 1,7 millones en 2007 "con cero empleados". Sin embargo, el propietario de Servixesti¨®n, Juan Carlos Otero, asegur¨® ayer a este diario que fue contratado ¨²nicamente para procurar manutenci¨®n y alojamiento a los indonesios mientras estuviesen en tierra. Otero es, adem¨¢s, el experto en temas laborales de Armadores de Burela, SA.

Por su parte, el fundador de Crewnova, Fernando Matilla, defendi¨® desde Vigo que su empresa s¨®lo se ocup¨® de "la selecci¨®n de personal mediante entrevistas", y que ni lleg¨® a cobrar este servicio (100 euros por trabajador) porque "enseguida se murieron". La Federaci¨®n de los Sindicatos de Pesca portugueses se sum¨® tambi¨¦n ayer a la denuncia de irregularidades en el Rosamar y pidi¨® una investigaci¨®n de su Gobierno. Jos¨¦ Antonio Labay¨¦n D¨ªaz, presidente de la casa armadora del arrastrero, neg¨® desde Cervo las acusaciones de la CIG. Seg¨²n ¨¦l, los indonesios fallecidos eran "aprendices" y cobraban 600 euros, pero "estaban dados de alta en la Seguridad Social de Portugal", donde tiene su sede la empresa Labay¨¦n.