Asamblea judicial
Aparte de la novedad de la revuelta en s¨ª, que convierte la vieja afinidad entre Gobierno y Poder Judicial en amistad rota, irritada y resentida, hay dos grandes novedades en el disgusto de los jueces. La primera es el uso de Internet, v¨ªa para compartir el fastidio antigubernamental de los magistrados, desde el momento en que alguien manda un mensaje a todos los usuarios del correo electr¨®nico corporativo y se entrecruzan y proliferan las respuestas, con propuestas y contrapuestas inmediatas. Los jueces, intercomunicados electr¨®nicamente, se constituyen en asamblea multitudinaria, en la que podr¨ªa darse el caso de que muchos, incluso todos los participantes, estuvieran hablando a la vez. Es un proceso en el que, como en cualquier otro movimiento asambleario, han surgido ocasionales l¨ªderes naturales. Cuerpos tradicionalmente conservadores, como la magistratura, asimilan inmediatamente la potencia revolucionaria de un medio t¨¦cnico.
La segunda novedad, consecuencia de la primordial novedad electr¨®nica, es el desbordamiento de las asociaciones de la magistratura m¨¢s representativas, la Asociaci¨®n Profesional, la Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia. La gente prefiere Internet para ponerse de acuerdo: el correo se hace asamblea permanente, electr¨®nica, llena de voces simult¨¢neas, pero sin cauce, desconectada de los ¨®rganos operativos, aunque sirva de fermento para las Juntas de Jueces. Las convocan los decanos, que asumen un papel no previsto y suplen la pasividad de las asociaciones. Como siempre que se desata un proceso asambleario, sufren un desprestigio paralelo las organizaciones pol¨ªticas y los canales asociativos en relaci¨®n m¨¢s o menos directa con el PSOE y el PP.
Ahora los jueces decanos de C¨®rdoba, Granada y C¨¢diz, Luis Rabasa, Antonio Moreno y Nuria Orellana, anuncian que los juzgados cumplir¨¢n con la tarea m¨¢xima que les exige el Consejo del Poder Judicial y, en consecuencia, reducir¨¢n a la mitad el n¨²mero de juicios en 2009, lo que probablemente suponga el reventamiento del sistema. Una decisi¨®n semejante tom¨® el 12 de diciembre la Junta de Jueces de M¨¢laga. Pero la situaci¨®n andaluza no difiere demasiado de la que existe en la Europa m¨¢s pr¨®xima, en Italia, B¨¦lgica o Francia. Incluso coinciden las circunstancias del choque entre jueces y gobiernos: un menor se suicid¨® el pasado octubre en una c¨¢rcel de Metz, y la ministra de Justicia, Rachida Dati, responsabiliz¨® del suceso al magistrado correspondiente. La Union Syndicale y el Syndicat de la Magistrature entendieron la intervenci¨®n ministerial como un ataque contra la independencia de los jueces, a quienes se quer¨ªa hacer pagar las consecuencias de una pol¨ªtica policial y penal desastrosa. Aqu¨ª todo lo dispar¨® el caso del juez de Sevilla que no meti¨® en su momento en la c¨¢rcel a un pederasta acusado m¨¢s tarde del asesinato de una ni?a.
?Tiene la culpa la negligencia del juez o las malas condiciones de trabajo? La discusi¨®n en Italia, en Francia y aqu¨ª parece la misma, y la opini¨®n gubernamental se atiene a id¨¦ntico argumento: el corporativismo de unos jueces privilegiados e intocables. Esta tensi¨®n internacional entre el poder judicial y el poder ejecutivo ser¨ªa una rara coincidencia, si no fuera porque los tiempos son los que son, y el poder ejecutivo siempre esconde el deseo de gobernarlo todo: pasar del Estado liberal, fragmentario, con clara divisi¨®n de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al Estado Total, por no decir totalitario. La soluci¨®n espa?ola consiste en que el presidente del Gobierno y el l¨ªder del primer partido de la oposici¨®n pactan la presidencia del Consejo del Poder Judicial, que deber¨ªa ser elegida por los vocales de dicho Consejo en su reuni¨®n constitutiva, vocales tambi¨¦n decididos por los partidos gobernantes o legisladores. A muchos jueces les irrita la permanente ingerencia pol¨ªtica en el poder judicial y ahora desbordan a las asociaciones de la magistratura ligadas a esos partidos.
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