Zapatero acepta buena parte de la propuesta de financiaci¨®n auton¨®mica de Catalu?a

El Gobierno afronta la fase decisiva para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica con una propuesta que trata de contentar a todos y, al mismo tiempo, cambia de forma radical c¨®mo se distribuye el dinero entre las comunidades. Los principios b¨¢sicos que defendi¨® ayer el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, ante los l¨ªderes de las dos autonom¨ªas m¨¢s pobladas, Jos¨¦ Montilla (Catalu?a) y Manuel Chaves (Andaluc¨ªa), llevan a un reparto que reducir¨ªa de forma dr¨¢stica las diferencias en los recursos por habitante que logra cada autonom¨ªa.

Lo m¨¢s novedoso en la propuesta del Gobierno, todav¨ªa sin bajar al reino de los n¨²meros, es que condicionar¨¢ el reparto de buena parte del dinero del sistema a que todas las comunidades logren un mismo nivel de recursos por habitante. Para ello, aplicar¨¢ parte de la filosof¨ªa defendida por Catalu?a, que aboga por limitar la redistribuci¨®n del dinero en favor de las comunidades menos din¨¢micas que se aplica en el sistema actual. El Ejecutivo pondr¨¢ m¨¢s dinero, de forma que todas las comunidades reciban m¨¢s que ahora, pero ser¨¢n las m¨¢s pobladas y din¨¢micas las que captar¨¢n una mayor porci¨®n de esos ingresos adicionales.

El modelo reduce las diferencias en recursos 'per c¨¢pita' entre autonom¨ªas

El vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes, ha afirmado en varias ocasiones que la reforma del sistema de financiaci¨®n debe acabar con las "distorsiones" que ha producido en los ¨²ltimos a?os. Autonom¨ªas como Extremadura, Castilla y Le¨®n o Cantabria captan muchos m¨¢s recursos por habitante que Catalu?a, Madrid o Baleares, autonom¨ªas donde se generan m¨¢s impuestos por su mayor actividad econ¨®mica. Extremadura recibe unos 2.500 euros por habitante, Catalu?a, unos 1.900.

Las comunidades del noroeste oponen que esto reconoce el sobrecoste que supone dar atenci¨®n sanitaria o educativa a una poblaci¨®n m¨¢s dispersa y envejecida. Catalu?a, con un argumento que comparten Comunidad Valencia, Baleares o Madrid, cree que se debe a que el sistema se pasa de solidario. De ah¨ª que la Generalitat abriera el fuego de la negociaci¨®n hace varios meses con la propuesta de limitar la redistribuci¨®n de los ingresos a una parte del dinero que adjudica el sistema, entre el 65% y el 75% del total.

Seg¨²n el consejero de Econom¨ªa de Catalu?a, Antoni Castells, eso es lo que pesan en el gasto auton¨®mico la salud, la educaci¨®n y los servicios sociales, las competencias donde deber¨ªa asegurarse una prestaci¨®n similar por habitante en todos los territorios. Las comunidades menos din¨¢micas llegar¨ªan a ese nivel gracias a la aportaci¨®n del Estado y a lo que le sobrara a las comunidades m¨¢s ricas. El resto del dinero (entre el 35% y el 25%), se adjudicar¨ªa a cada comunidad seg¨²n su capacidad para generar ingresos con los impuestos cedidos.

La propuesta del Gobierno parte de una lectura similar pero con resultados distintos. Fuentes del Ejecutivo andaluz indicaron que Solbes plantea condicionar gran parte del reparto de fondos (en 2006 fueron 110.000 millones de euros) a lograr que todas las comunidades del r¨¦gimen com¨²n alcancen el mismo nivel de recursos por habitante. Pero distribuir¨ªa una cantidad mayor del l¨ªmite m¨¢ximo calculado por Catalu?a. Es decir, m¨¢s del 75% de los impuestos cedidos a las autonom¨ªas.

La idea que baraja el Gobierno es que se estime un nivel promedio de recursos por habitante, al menos, en salud, pol¨ªticas sociales y educaci¨®n. Aqu¨ª la negociaci¨®n ser¨¢ peliaguda, porque la poblaci¨®n se ajustar¨¢ con otras variables y las exigencias de las autonom¨ªas son muy dispares. Catalu?a quiere que se tenga en cuenta el peso de la inmigraci¨®n; Andaluc¨ªa, la poblaci¨®n en edad escolar y las comunidades del noroeste, que en el ajuste se tenga m¨¢s en cuenta el envejecimiento o la dispersi¨®n territorial.

En ese fondo de nivelaci¨®n, que absorber¨¢ la gran mayor¨ªa del dinero repartido, el Gobierno tendr¨¢ que asignar m¨¢s recursos para reconocer el impacto de la Ley de Dependencia en la financiaci¨®n de los servicios sociales. Pero cuenta con que se cubrir¨¢ casi en su totalidad por la redistribuci¨®n de la porci¨®n equivalente (m¨¢s del 75%) de los impuestos cedidos, que aumentar¨¢n de forma significativa en el nuevo sistema: del 33% en el IRPF o el 35% en el IVA recaudado en cada comunidad, se pasa ahora al 50% (58% en los impuestos especiales).

La mayor diferencia entre la propuesta del Gobierno y la catalana estriba en el 25%, o menos, de los recursos que quedar¨ªan por distribuir tras el reparto del fondo de nivelaci¨®n. Aqu¨ª el Ejecutivo plantea aplicar una filosof¨ªa similar a la que impera en el sistema actual, lo que se traducir¨¢ en una disparidad en recursos por habitante parecida. Es decir, primero se establecen las necesidades financieras, luego se comprueba si con lo que queda de impuestos cedidos es suficiente y si, como ser¨¢ el caso de las comunidades menos din¨¢micas no es as¨ª, el Estado complementa el dinero necesario.

A¨²n falta poner los n¨²meros a este esquema, pero la suma de los fondos de nivelaci¨®n y suficiencia, tal y como los dise?a el Gobierno, llevar¨ªa a que las diferencias en recursos por habitante se acortar¨ªan de forma sensible, pero no hasta el punto de que las comunidades m¨¢s din¨¢micas se pusieran por delante de las menos din¨¢micas, seg¨²n fuentes del Gobierno catal¨¢n.