Torturas bendecidas
El Senado de EE UU documenta los excesos antiterroristas de la era Bush. Obama debe actuar
El zapatazo fallido con que un periodista iraqu¨ª obsequiaba al presidente George W. Bush hace unos d¨ªas constituy¨®, adem¨¢s de un gesto impresentable, apropiada met¨¢fora de una frustraci¨®n colectiva y expresi¨®n cabal de hasta qu¨¦ punto Estados Unidos ha enterrado en Irak su escasa reputaci¨®n en el mundo musulm¨¢n. Pero las pol¨ªticas seguidas durante a?os por Bush y sus m¨¢s estrechos colaboradores en campos tan determinantes como el trato a prisioneros la han sepultado tambi¨¦n en buena parte de Occidente, incluidos pa¨ªses aliados de la superpotencia.
Que Bush se apreste a hacer mutis en medio de una impopularidad dif¨ªcilmente superable es, entre otros factores, consecuencia inevitable de unos a?os en los que todo ha valido para su Gobierno en la persecuci¨®n del terrorismo islamista. El reciente informe del Comit¨¦ de Servicios Armados del Senado es, en este sentido, abrumador en su descripci¨®n de la cadena de decisiones infames adoptadas por el ex ministro de Defensa Donald Rumsfeld -comenzando por la autorizaci¨®n de "t¨¦cnicas agresivas de interrogatorio", es decir, torturas- y refrendadas en otros departamentos clave, como Justicia, con Alberto Gonzales, o vicepresidencia. Decisiones que condujeron durante a?os, al menos hasta 2004, al abuso y la muerte de detenidos en prisiones castrenses y de los servicios de inteligencia de EE UU. Desde Abu Ghraib a Guant¨¢namo, desde Afganist¨¢n a las c¨¢rceles secretas de la CIA, ese rosario de iniquidades estuvo amparado por la malhadada orden presidencial de 2002 en la que Bush declaraba a EE UU no vinculado legalmente, en su guerra contra el terrorismo, al cumplimiento de las Convenciones de Ginebra sobre prisioneros. Altos cargos sin escr¨²pulos, en los c¨ªrculos de Rumsfeld, Cheney o Gonzales, todos ellos te¨®ricamente encargados de defender la Constituci¨®n y la reputaci¨®n de EE UU en el mundo, se encargaron de vestir legalmente aquel desprop¨®sito.
No es descartable, o no deber¨ªa serlo, que lo documentado por el Senado acabe en los tribunales de justicia. Entretanto, y para resultar cre¨ªble, Barack Obama, cuyo tono sobre estos excesos ha decrecido visiblemente a medida que se acerca el gran d¨ªa, deber¨ªa aplicar con urgencia las promesas de regeneraci¨®n hechas en su campa?a. Sus recientes declaraciones en el sentido de restaurar el equilibrio entre las exigencias de la seguridad de EE UU y su Constituci¨®n no deben quedarse en un vistoso eslogan.
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