Nada es lo que parece

La Asamblea de Madrid aprob¨® el pasado lunes una pol¨¦mica modificaci¨®n de la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, que ha impulsado el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Creo que en todo este proceso nada es lo que parece, como indica el t¨ªtulo de un libro de relatos de reciente aparici¨®n, y probablemente la renovaci¨®n en curso de su Presidente sea la clave para comprender determinadas actitudes.

El hecho de que en los ¨®rganos de Gobierno de las Cajas de Ahorro est¨¦n presentes los Ayuntamientos y las Comunidades Aut¨®nomas ha servido de aliciente para alimentar una apariencia de enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que, una vez m¨¢s, no es lo que parece. No hay una confrontaci¨®n institucional ni una pugna por controlar la Caja, porque una de las partes, el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento, ha defendido siempre la reducci¨®n al m¨ªnimo de las interferencias pol¨ªticas en la gesti¨®n financiera de la entidad. No hay pues una lucha por id¨¦nticos intereses -el cl¨¢sico, qu¨ªtate t¨² que me pongo yo-, sino la defensa por parte del Ayuntamiento de un modelo sustancialmente distinto al que resulta del nuevo marco normativo. Por eso no entramos en el juego de apoyos o revanchas personalistas, sino en la necesidad de asegurar la profesionalizaci¨®n de la Caja como ¨²nica v¨ªa de garantizar su competitividad, su estabilidad -especialmente necesaria en una coyuntura econ¨®mica tan complicada como la actual- y, en definitiva, la seguridad del dinero de quienes depositan su confianza en ella.

"Es dif¨ªcil encontrar, entre los argumentos de la reforma, uno que la justifique remotamente"

"No se reduce la presencia pol¨ªtica. La Comunidad de Madrid se asegura una representaci¨®n del 60%"

El Ayuntamiento de Madrid se ha visto sorprendido, como el resto de observadores, por la repentina urgencia del Gobierno regional en adaptar la Ley de Cajas a las disposiciones de la normativa b¨¢sica estatal. La necesidad de acometer una r¨¢pida reforma, sirvi¨¦ndose incluso de un dudoso instrumento sobre cuyas restricciones ya ha tenido ocasi¨®n de pronunciarse el Tribunal Constitucional, podr¨ªa tener justificaci¨®n si se hubiese producido alg¨²n cambio jur¨ªdico reciente. Nada tendr¨ªamos entonces que objetar sobre el cumplimiento de una obligaci¨®n legal. Sin embargo, la regulaci¨®n b¨¢sica estatal fue modificada por ¨²ltima vez en 2003, y en estos cinco a?os ni desde la Comunidad de Madrid, ni desde ninguna otra instancia se ha puesto de manifiesto la existencia de desajustes entre el contenido de la Ley de ?rganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) y la Ley Auton¨®mica. En efecto, la Ley aprobada por la Comunidad de Madrid en 2003 incorporaba ya la exigencia que introdujo el legislador estatal de garantizar el principio de proporcionalidad e igualdad en la representaci¨®n de los ¨®rganos de gobierno de la Caja.

Si la adaptaci¨®n era tan imprescindible ?por qu¨¦ el proceso electoral celebrado en 2006 pudo desarrollarse con normalidad sin que antes o despu¨¦s se considerase necesaria ninguna modificaci¨®n? ?Qu¨¦ ha cambiado desde entonces? Obviamente la Ley estatal no, y es evidente por tanto que la apariencia de "acto debido" bajo la que se ha presentado la abrupta irrupci¨®n de la nueva regulaci¨®n auton¨®mica no es real, sino que se "justifica" por otras razones, no s¨¦ si igual de "poderosas", pero desde luego jur¨ªdicamente irrelevantes.

El juego de apariencias con el que se ha envuelto la nueva regulaci¨®n auton¨®mica va mucho m¨¢s all¨¢ de los aspectos formales. El an¨¢lisis de los preceptos modificados a trav¨¦s de la Ley de Acompa?amiento pone de manifiesto una frontal vulneraci¨®n de los principios de proporcionalidad y neutralidad que impregnan la norma estatal, oper¨¢ndose de hecho una alteraci¨®n del r¨¦gimen jur¨ªdico de la Caja, en pro de su instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica.

Pese a que de forma absolutamente injustificada se ha reducido la presencia de algunos Ayuntamientos como los de Madrid o Barcelona en Caja Madrid, ignorando tanto el volumen de dep¨®sitos como el n¨²mero de oficinas, que son los ¨²nicos factores relevantes de acuerdo con la LORCA, lo cierto es que no se ha reducido la presencia pol¨ªtica, que supera incluso el l¨ªmite del 50% que establece como m¨¢ximo la citada Ley. La Comunidad de Madrid, en adelante, no s¨®lo designar¨¢ a sus propios representantes, sino que mediante la elecci¨®n de las entidades representativas, encomendada a partir de ahora en el art¨ªculo 34 al Consejero competente en materia de Cajas de Ahorro, se asegura el nombramiento de 31 miembros m¨¢s, lo que sit¨²a la representaci¨®n pol¨ªtica en un 60%.

El Fondo Monetario Internacional ya alert¨® sobre la posibilidad de que la limitaci¨®n del 50% no fuera suficiente, pues la influencia pol¨ªtica pod¨ªa ejercerse por "otros cauces", superando de hecho esa frontera. Lo que entonces era un riesgo potencial, ahora se hace realidad, y no deja de ser parad¨®jico que la vulneraci¨®n de esta previsi¨®n se haya presente justamente bajo la apariencia contraria. El Ayuntamiento de Madrid simplemente quiere que se mantengan las previsiones de la LORCA, y los requerimientos de los principales organismos financieros internacionales, y por eso defiende la necesidad de que la neutralidad con la que hasta ahora se designaban las entidades representativas se mantenga.

Una neutralidad que tambi¨¦n reclamamos en el tratamiento de los derechos de la Corona, tal y como se ha venido haciendo hist¨®ricamente. La Corona, como entidad Fundadora, tiene derecho a designar una parte de los miembros de la Asamblea General, pero siempre ha renunciado a ello, acreciendo proporcionalmente el n¨²mero de Consejeros designados por los restantes sectores, con lo que no se alteraba la representatividad de cada uno de ellos.

Con la reforma aprobada se excluye a las Corporaciones Locales de dicho reparto, de manera que la voluntaria neutralidad de la Corona no se respeta. Esta novedad no s¨®lo es arbitraria porque no hay justificaci¨®n para excluir solo a uno de los sectores, sino que choca frontalmente con la LORCA, que de forma expresa recoge la posibilidad de que las Entidades Fundadoras asignen una parte de su representaci¨®n a las corporaciones locales. Obviando este precepto b¨¢sico, el legislador auton¨®mico opta por una v¨ªa de dudosa constitucionalidad.

Es dif¨ªcil encontrar, entre los argumentos que han dado cobertura a la reforma, uno que justifique remotamente una regulaci¨®n que en definitiva lo que hace es incrementar de forma interesada la representaci¨®n directa e indirecta de la Comunidad de Madrid, que utiliza de este modo su capacidad normativa en beneficio propio y en claro perjuicio de todos los Ayuntamientos.

A la vista de estas reflexiones, es evidente que el planteamiento del Ayuntamiento de Madrid comparte plenamente la voluntad del legislador estatal de que las entidades financieras no sean controladas por los poderes p¨²blicos. Por eso no puede admitir una regulaci¨®n que genera justamente el efecto contrario, y que atribuye de hecho a la Comunidad de Madrid una capacidad de control sobre la entidad, que va mucho m¨¢s all¨¢ de las competencias de "disciplina, inspecci¨®n y sanci¨®n" que la Ley le encomienda.

Esta postura que hoy defendemos no es de ahora. Muchos de los que hoy tenemos responsabilidades de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, las ten¨ªamos en la Comunidad cuando se aprob¨® la vigente Ley de Cajas. En ese momento manifestamos una voluntad clara de respeto al funcionamiento aut¨®nomo de estas entidades financieras, garantizamos la representatividad proporcional de los municipios, y reservamos a la Comunidad el papel que deb¨ªa corresponderle, algo que no puede rebatirse. Tambi¨¦n pod¨ªamos haber optado, como se hace ahora, por anular la representatividad de los municipios, la neutralidad de los restantes sectores e incrementar nuestra participaci¨®n. No lo consideramos admisible entonces, y tampoco podemos asumirlo ahora.

El objetivo que gu¨ªa al Ayuntamiento no es que se mantenga el actual equipo directivo de Caja, s¨®lo defiende que quienes asuman esta tarea sean elegidos con el mayor consenso posible de los sectores representados, y sin presiones pol¨ªticas de ning¨²n tipo. La aplicaci¨®n de un modelo en el que se ha respetado la autonom¨ªa de gesti¨®n de Caja Madrid, y se ha encomendado a los propios ¨®rganos de gobierno de la entidad la designaci¨®n de su presidente con la exigencia de mayor¨ªas cualificadas que exclu¨ªan el control pol¨ªtico, ha dado sus frutos tanto desde un punto de vista financiero como social. El balance total de la cuarta entidad financiera espa?ola se ha visto duplicado con creces y las aportaciones a la obra social superan los 200 millones de euros. La apuesta por la profesionalidad frente a la politizaci¨®n ha demostrado ser un importante activo para el desarrollo de Caja Madrid, con el consiguiente beneficio para sus clientes, y para los destinatarios de su acci¨®n social.

Los resultados que el quebranto de este modelo puedan deparar a la entidad, en un momento de crisis en el que bancos centenarios han desaparecido en medio de las turbulencias del mercado, son desde luego inciertos. Por ello, Caja Madrid debe actuar m¨¢s que nunca en defensa de los intereses de sus depositantes, sin verse alterada por un intervencionismo pol¨ªtico que pretende convertirla en una prolongaci¨®n del ejecutivo auton¨®mico.

Juan Bravo es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.