Sobre la propuesta de financiaci¨®n del Gobierno

Hace unos d¨ªas, el Gobierno hizo p¨²blica su propuesta de bases para la reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica. El documento propone aumentar significativamente el peso de las cesiones tributarias en relaci¨®n con las transferencias estatales como fuente de financiaci¨®n regional y esboza un sistema complejo de reparto con tres grandes bloques de fondos. Los dos primeros, los Fondos de Garant¨ªa y de Suficiencia, estar¨ªan ligados respectivamente a la financiaci¨®n de los servicios p¨²blicos considerados fundamentales (sanidad, educaci¨®n y servicios sociales) y a la del resto de las competencias auton¨®micas, mientras que el tercero incluir¨ªa recursos complementarios que se repartir¨ªan con criterios muy diversos.

El proyecto est¨¢ bien orientado, pero hacen falta correcciones para un acuerdo final

El objetivo del Gobierno es que el documento sirva de base para consensuar la estructura del sistema antes de pasar a concretar sus detalles. La estrategia es acertada, porque, una vez haya n¨²meros sobre la mesa, la atenci¨®n de los gobiernos regionales se centrar¨¢ ¨²nicamente en cu¨¢nto le toca a cada uno. Antes de llegar a este estadio, parece razonable intentar acotar la discusi¨®n, fijando al menos el esqueleto del sistema.

El documento contiene elementos muy positivos. El incremento de los porcentajes de cesi¨®n tributaria supone una mejora importante en el nivel de autonom¨ªa financiera de los gobiernos regionales y es tambi¨¦n una condici¨®n necesaria, aunque no suficiente, para aumentar su grado de responsabilidad fiscal, mejorando as¨ª la rendici¨®n de cuentas a sus ciudadanos. La estructura b¨¢sica del Fondo de Garant¨ªa que se dibuja en la propuesta es razonable y supone un avance significativo sobre la situaci¨®n actual. Este fondo, que absorber¨¢ el grueso de los recursos del sistema, se financiar¨¢ con un porcentaje de los ingresos tributarios cedidos a las autonom¨ªas y se repartir¨¢ bas¨¢ndose en criterios objetivos actualizados anualmente, con el fin de asegurar que todas las comunidades disfruten de la misma financiaci¨®n por unidad de necesidad en cada momento, eliminando as¨ª muchas de las distorsiones del sistema actual. Tambi¨¦n se mejora apreciablemente la f¨®rmula utilizada para calcular las necesidades de gasto, introduciendo la poblaci¨®n en edad escolar como criterio b¨¢sico de reparto para las competencias educativas y mejorando el indicador que se utiliza para distribuir la financiaci¨®n sanitaria.

Otras partes del documento son menos satisfactorias. En primer lugar, el dise?o del nuevo Fondo de Suficiencia queda demasiado en el aire. El documento sugiere que las comunidades se quedar¨¢n con la parte de los tributos cedidos no destinada al Fondo de Garant¨ªa y que el Estado complementar¨¢ la financiaci¨®n de las que obtengan menos recursos por esta v¨ªa y garantizar¨¢ que nadie pierda financiaci¨®n en relaci¨®n con el sistema actual, pero no especifica c¨®mo se determinar¨¢n las necesidades de gasto en competencias no consideradas b¨¢sicas o hasta qu¨¦ punto se nivelar¨¢ este componente del sistema. Dependiendo de c¨®mo se resuelvan estas cuestiones, podemos terminar con sistemas muy diferentes.

En segundo lugar, resulta preocupante la proliferaci¨®n de fondos ad hoc con objetivos contrapuestos dentro del tercer bloque del sistema. En la propuesta se habla de recursos adicionales para regiones pobres y para regiones con niveles de financiaci¨®n per c¨¢pita inferiores a la media o a su capacidad fiscal tras el reparto de los dos grandes fondos. A esto hay que a?adir recursos para "compensar" (no se sabe muy bien por qu¨¦) a las regiones con mayores y menores tasas de crecimiento de la poblaci¨®n y a todas aquellas que no tengan acceso a otros fondos especiales. Dejando de lado el coste de todo ello y el hecho de que resulta muy dif¨ªcil contentar a todos cuando lo que les preocupa en muchos casos es su posici¨®n relativa y no absoluta, el problema fundamental con esta estrategia es que el intento de hacer a cada regi¨®n un traje a medida puede desvirtuar los esfuerzos de racionalizaci¨®n que han guiado el dise?o del Fondo de Garant¨ªa y amenaza con terminar perpetuando el principal vicio del sistema actual: la arbitrariedad de sus resultados.

Finalmente, el documento no entra en dos temas espinosos. El primero es la din¨¢mica de la cl¨¢usula de statu quo. Est¨¢ bien que nadie pierda dinero con el cambio de sistema, pero no debe permitirse que esta garant¨ªa congele el reparto sine die, como ha sucedido hasta ahora. El segundo es el c¨¢lculo de la llamada recaudaci¨®n normativa, esto es, de la recaudaci¨®n te¨®rica por tributos cedidos que se utiliza para realizar los c¨¢lculos del sistema. Tal como ¨¦sta se fija actualmente, su importe es muy inferior a la recaudaci¨®n real, lo que deja fuera del sistema muchos miles de millones de euros que, adem¨¢s, se reparten de forma muy desigual entre comunidades, contribuyendo muy notablemente a aumentar la arbitrariedad del reparto.

Para que el documento del Gobierno pueda cumplir su prop¨®sito, la propuesta tiene que ofrecer un margen suficiente de flexibilidad, pero tambi¨¦n deber¨ªa concretar la arquitectura del sistema con claridad. La tentaci¨®n de posponer los asuntos m¨¢s complicados es comprensible, pero, mientras ¨¦stos no se aborden, resulta dif¨ªcil determinar si realmente hemos avanzado algo. Espero equivocarme, pero me temo que el acuerdo est¨¢ m¨¢s lejos de lo que el Gobierno piensa.

?ngel de la Fuente es investigador del Instituto de An¨¢lisis Econ¨®mico (CSIC).