Ortega gobierna a golpe de decreto

El presidente Daniel Ortega parece decidido a gobernar Nicaragua por decreto. Ortega recurre a una vieja pr¨¢ctica empleada en su primer Gobierno, en los a?os ochenta -cuando conduc¨ªa de forma autocr¨¢tica una naci¨®n aplastada por la guerra-, que consiste en usurpar las facultades de la Asamblea Nacional y saltarse la Constituci¨®n para aprobar las leyes que considera necesarias para el funcionamiento de su cuestionada Administraci¨®n. Ya sea para controlar a la polic¨ªa, intervenir una empresa de gas o autorizar la llegada de buques de guerra rusos, el presidente de Nicaragua no para de firmar decretos.

El m¨¢s reciente exige al Ministerio de Hacienda la aprobaci¨®n de las enmiendas al Presupuesto de Nicaragua, paralizadas por los diputados opositores en la Asamblea Nacional como presi¨®n al Gobierno para que declare nulas las elecciones municipales del 9 de noviembre, denunciadas como fraudulentas. La acci¨®n, que la oposici¨®n y los analistas independientes han tachado de "ilegal", ha echado m¨¢s le?a al fuego de la crisis pol¨ªtica que sufre el pa¨ªs m¨¢s pobre de Centroam¨¦rica.

"No puedo permanecer impasible viendo a los diputados no sesionar porque no les da la gana", dijo Ortega. "No hay argumento s¨®lido para no aprobar las reformas al Presupuesto. Lo m¨¢s dictatorial que puede pasar es que los diputados act¨²en neg¨¢ndole al pueblo los fondos". As¨ª, el mandatario, en una misiva de dos p¨¢rrafos, orden¨® al ministro de Hacienda, Alberto Guevara, que incorporara al Presupuesto las enmiendas del Decreto 78-2008.

No era la primera vez que el presidente lo hac¨ªa. En noviembre pasado, mientras la violencia y el caos imperaban en las calles de Nicaragua, Ortega orden¨®, a trav¨¦s de un decreto, que el Consejo Supremo Electoral declarara leg¨ªtimos los resultados de los comicios de noviembre, en momentos en que la oposici¨®n, la Iglesia cat¨®lica y la sociedad civil denunciaban un "gigantesco fraude electoral". Seg¨²n esos resultados, el partido de Ortega, el Frente Sandinista, obtuvo 105 de las 146 municipalidades en disputa. Una cifra aplastante y necesaria para Ortega, ansioso de legitimar su Gobierno en momentos en que las encuestas le dan una aprobaci¨®n de apenas el 20%.

Ortega ha usado su poder para atribuirse facultades que no le corresponden, seg¨²n la Constituci¨®n. El mandatario, por medio de sus decretos, pretende incrementar su influencia en la Polic¨ªa Nacional, destituyendo a colaboradores cercanos a la directora de la instituci¨®n, la popular Aminta Granera, y ascendiendo a oficiales supuestamente leales al Gobierno. Esa decisi¨®n ha dividido a la polic¨ªa, que se debate entre los afines a Granera, que defienden la profesionalidad alcanzada por la instituci¨®n tras la transici¨®n democr¨¢tica de 1990, y aquellos que quieren congraciarse con el presidente con la vista puesta en el reemplazo de Granera.

Incapaz de lograr consenso con la Asamblea Nacional, Ortega ha usado decretos para establecer el estado de emergencia econ¨®mica y as¨ª intervenir una empresa distribuidora de gas butano, con el fin de regular la comercializaci¨®n del producto. En diciembre, emiti¨® el Decreto 77-2008, con el que autoriz¨® la llegada a las costas nicarag¨¹enses de tres buques de la Fuerza Naval de la Federaci¨®n de Rusia. Los diputados opositores reaccionaron furiosos ante esa intromisi¨®n del presidente y exigieron a la Embajada rusa la retirada de los buques, cuya presencia, dijeron, violaba la soberan¨ªa nicarag¨¹ense.

Expertos como el constitucionalista Gabriel ?lvarez insisten en que el presidente no puede ratificar, declarar o suspender leyes, funciones b¨¢sicas de la Asamblea Nacional. Para la escritora Gioconda Belli, "el problema no es que su Gobierno est¨¦ violentando libertades y espacios pol¨ªticos, sino la supuesta voluntad de matar de hambre al pueblo de Nicaragua s¨®lo porque 'el pueblo' (que ¨¦l decide qui¨¦n es) lo eligi¨® a ¨¦l".