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Reportaje:

Un tupido velo

140.000 muertos invisibles

No se sabe qui¨¦n los mat¨®, pero s¨ª qui¨¦nes no van a desenterrarlos: esas personas a las que el poeta Juan Gelman ha descrito como "los organizadores del olvido" y cuyo trabajo en Espa?a ha sido tan eficaz que a¨²n hoy -cuando se cumplen 70 a?os del final de la Guerra Civil y 30 de la llegada de la democracia- quedan decenas de miles de v¨ªctimas de la dictadura enterradas en las innumerables fosas comunes que cruzan el pa¨ªs igual que una cicatriz siniestra y a las que, seg¨²n la lista que la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica le entreg¨® al juez Baltasar Garz¨®n cuando ¨¦ste inici¨® una causa para investigar el paradero de los asesinados por los golpistas entre julio de 1936 y diciembre de 1951, fueron a parar al menos 130.137 personas en Espa?a y 7.000 m¨¢s en campos de concentraci¨®n en el extranjero.

Una cifra imponente que, sin embargo, algunos quieren que sea invisible, como pudo comprobar el magistrado de la Audiencia Nacional nada m¨¢s poner en marcha su proceso, al requerir a diversas instituciones datos sobre los desaparecidos y encontrarse con que esclarecer aquella cacer¨ªa humana iba a ser dif¨ªcil, porque muchos de los silencios y escondites legales en los que se ha basado la inmunidad de los represores o de sus c¨®mplices parecen invulnerables, y porque una parte de la verdad est¨¢ enterrada en los s¨®tanos de la Transici¨®n y la blindan pactos como la Ley de Amnist¨ªa del a?o 1977, que es preconstitucional, o los Acuerdos suscritos en 1979 con el Vaticano.

La primera indultaba "los delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n, as¨ª como los delitos y faltas cometidos con ocasi¨®n o motivo de ello, tipificados en el C¨®digo de Justicia Militar", y "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, los funcionarios y agentes del orden p¨²blico (...) contra el ejercicio de los derechos de las personas". Los segundos sancionaban que el Estado respetar¨ªa "la inviolabilidad de los archivos, registros y dem¨¢s documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Espa?ola, a las curias episcopales, a las curias de los superiores mayores de las ¨®rdenes y congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesi¨¢sticas". El narrador Adolfo Bioy Casares hablaba de Argentina cuando dijo que el problema de su pa¨ªs era que all¨ª "el olvido corre m¨¢s ligero que la historia", pero tambi¨¦n podr¨ªa haber estado hablando de Espa?a.

Sin embargo, nada de eso existe para las v¨ªctimas, cuyos relojes se quedan parados a la hora del drama, ni para sus familiares, que quieren regresar al pasado para saber, para rehabilitar la memoria de sus parientes, devolverles la dignidad o sacarlos de la ignominiosa tumba clandestina a la que fueron arrojados por sus ejecutores; porque mientras eso no suceda, tal y como recordaron primero el novelista Primo Levi y luego el propio Gelman, los herederos del horror seguir¨¢n oyendo gritar a sus desaparecidos el poema de Coleridge que dice: "Desde entonces, a una hora incierta / la agon¨ªa vuelve; / y hasta que mi historia espantosa sea contada / mi coraz¨®n seguir¨¢ quem¨¢ndose en m¨ª". Un hombre que ha sobrevivido a Auschwitz s¨®lo el tiempo que necesitaba para reunir el valor de suicidarse, y otro cuyo hijo y nuera han sido asesinados por los militares argentinos, deben de saber muy bien lo que hiere y consume ese fuego. Y tambi¨¦n lo saben, aqu¨ª y ahora, muchos hijos y nietos de republicanos espa?oles que a¨²n no han sido rehabilitados y que, al ver c¨®mo sus familiares parecen haber sido enterrados dos veces, una bajo la tierra f¨²nebre de la tiran¨ªa y otra bajo la burocracia de la libertad, sin duda estar¨¢n de acuerdo con el historiador Paul Preston, que sostiene que ¨¦sa, entre otras, es la prueba de que el general Franco ten¨ªa al menos parte de raz¨®n cuando dijo que lo dejaba todo "atado y bien atado" para despu¨¦s de su muerte.

Lo cierto es que el mundo ha cambiado mucho, pero en algunas cosas s¨®lo para que las mismas injusticias se puedan medir con aparatos m¨¢s sofisticados... y seguir sin repararse. No deja de ser tremendo que en pleno siglo XXI se pueda entrar en Internet y usar Google Maps para ver fosas comunes como la del cementerio de San Rafael, en M¨¢laga, de la que ya se han sacado muchos de los entre 4.000 y 5.000 cuerpos que se calcula que est¨¢n all¨ª sepultados.

El camino de quienes intentan recuperar los restos de los suyos ha sido largo y solitario, y a¨²n hoy tiene m¨¢s curvas que rectas, puesto que las trabas legales que dificultan cualquier iniciativa al respecto son interminables y porque la ayuda oficial que han recibido por parte de los diferentes Gobiernos de la democracia ha sido m¨¢s peque?a cuanto m¨¢s grande era la pol¨¦mica que se creaba cada vez que se pon¨ªa el tema sobre la mesa, con lo que al final siempre han estado solos, en una zona de nadie situada entre los que se oponen ferozmente a las exhumaciones y los que tienen miedo de esa ferocidad. "La memoria, malla a malla, / me cubre armando su mundo", dice en uno de sus poemas Jorge Guill¨¦n, y mucha gente se ha debido de sentir as¨ª en nuestro pa¨ªs, atrapada en la red de las preguntas sin respuesta y los derechos vulnerados, al margen de la normalidad democr¨¢tica que disfrutaban los otros. La ¨²ltima decepci¨®n, que fue muy dolorosa porque hab¨ªa levantado enormes expectativas, se produjo cuando el juez Garz¨®n, que, entre otras cosas, les quer¨ªa dar a las atrocidades del franquismo la categor¨ªa de cr¨ªmenes contra la humanidad, un grado que evita que los delitos prescriban o sean amnistiados, fue sometido a una presi¨®n tan asfixiante a izquierda y derecha, tanto por parte del fiscal general del Estado como de la secci¨®n m¨¢s conservadora del Poder Judicial, que se vio obligado a inhibirse de la investigaci¨®n en favor de los juzgados territoriales de los lugares en los que se encuentran algunas de las fosas conocidas, para que ellos decidan si siguen adelante o no.

Ser¨¢ dif¨ªcil que la mayor parte lo haga, porque dar ese paso los alejar¨ªa de la Audiencia Nacional, que se ha declarado incompetente en ese asunto y cuyos magistrados se han opuesto por mayor¨ªa a que se indaguen aquellos sucesos al detener la causa con una sentencia del Tribunal Supremo. Su decisi¨®n habr¨¢ alegrado, sin duda, a quienes encierran la historia de la represi¨®n en un c¨ªrculo parad¨®jico, cuyo argumento de que sacar a un republicano de una fosa com¨²n es un desaf¨ªo a la convivencia democr¨¢tica, se parece bastante al que se utilizaba para enterrarlos en ellas, acus¨¢ndolos de "auxilio a la rebeli¨®n".

Detr¨¢s de los familiares, sin embargo, no est¨¢ el vac¨ªo, a pesar de los muchos huecos que deja la controvertida Ley de Memoria Hist¨®rica, en la que se dice que "el Estado ayudar¨¢ a la localizaci¨®n, identificaci¨®n y eventual exhumaci¨®n de las v¨ªctimas de la represi¨®n", algo que en la pr¨¢ctica no ha ocurrido ni parece que vaya a ocurrir tras aprobar el Gobierno, en diciembre de 2008, la creaci¨®n de una Oficina para las V¨ªctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que realizar¨¢ un mapa de las fosas existentes y promover¨¢ "la cooperaci¨®n institucional en los desenterramientos". Son compromisos ligeros, promesas que ofrecen, como mucho, todo lo que pueden dar de s¨ª palabras como "ayuda" o "cooperaci¨®n".

Partiendo de esa base, el borrador que ha presentado el Gobierno concluye que los familiares de las v¨ªctimas llevar¨¢n a cabo las exhumaciones "con sus propios medios o con los que se aporten mediante la suscripci¨®n de los correspondientes convenios o contratos" y, en realidad, se desentiende del asunto al comunicar que para poder realizarlas "ser¨¢ necesaria la autorizaci¨®n de la Comunidad Aut¨®noma correspondiente y de los ¨®rganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos".

Es decir, que la apertura o no de una fosa de la Guerra Civil depender¨¢ del dinero de los particulares y del criterio de cada Administraci¨®n auton¨®mica. El Gobierno contribuye a la tarea, desde hace dos a?os, con una subvenci¨®n testimonial de 120.000 euros anuales.

Por fortuna para los afectados, esos huecos los llenan, hasta donde pueden, organizaciones como la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica, que son las que se han encargado de las exhumaciones. Tal vez, la diferencia es que la gente que las dirige no trata ese drama s¨®lo como un asunto pol¨ªtico, sino en primer lugar como una tragedia humana, lo cual parece m¨¢s que coherente, dado el tiempo transcurrido. Lo raro es lo contrario, interpretar la rehabilitaci¨®n de las v¨ªctimas como un ajuste de cuentas o como una provocaci¨®n y llegar a decir, tal y como se ha hecho desde el rinc¨®n m¨¢s reaccionario de nuestra sociedad, que sacar a un familiar de una fosa com¨²n para darle una tumba digna es querer ganar la Guerra Civil a los 70 a?os de haberla perdido. Un puro disparate que, eso s¨ª, tiene una vez m¨¢s como coartada la Transici¨®n, puesto que quienes lo mantienen han acusado a los defensores de la memoria hist¨®rica de "querer establecer la legitimidad democr¨¢tica en 1931, en lugar de en 1978".

Tal vez lo que ocurre es que, como ha dicho en alguna ocasi¨®n uno de los miembros del Tribunal Supremo, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, para algunos, "la legalidad emanada del franquismo se considera igual a la emanada de un Parlamento democr¨¢tico". Algunas personas a¨²n sienten miedo cuando se producen estos debates, seguramente porque piensan que si los viejos antagonismos se reavivan con tanta facilidad es porque la hoguera nunca se ha llegado a apagar del todo y podr¨ªa volver a quemarnos.

Mientras en Espa?a unos hablan del futuro como ¨²nico ant¨ªdoto del pasado y otros intentan explicarles que la manera de avanzar en la historia es pasar p¨¢gina, pero no arrancarla, Amnist¨ªa Internacional (AI) ha realizado varios informes en los que se pregunta por qu¨¦ Espa?a intervino judicialmente en los casos de las dictaduras chilena y argentina, pidiendo la extradici¨®n de Augusto Pinochet o condenando al ex militar argentino Adolfo Scilingo por cr¨ªmenes de lesa humanidad, y sin embargo "no ha sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparaci¨®n para las v¨ªctimas de su propio pa¨ªs durante la Guerra Civil y el r¨¦gimen franquista", lo que hace evidente la originalidad macabra de nuestro pa¨ªs, "que es el ¨²nico caso donde no se ha avanzado pr¨¢cticamente nada 70 a?os despu¨¦s de la Guerra Civil".

Los tres jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que apoyaban a Garz¨®n consideran que el magistrado persegu¨ªa "cr¨ªmenes contra la humanidad" y actos de "violencia pol¨ªtica institucionalizada y terrorismo de Estado" que fueron "acciones militares y paramilitares dirigidas contra la poblaci¨®n civil, ataques, represalias y actos de violencia cuya finalidad principal fuera atemorizarla", y que, por tanto, constituyen hechos que se encontrar¨ªan "en permanente estado de consumaci¨®n, seg¨²n el derecho internacional y el derecho interno", por lo que la Audiencia Nacional s¨ª podr¨ªa haberse declarado competente para investigarlos y por lo cual ahora podr¨ªa perseguirlos cualquier otro pa¨ªs.

De momento, la justicia espa?ola ha propiciado una victoria en toda regla de aquellos "legisladores del olvido" a quienes Juan Gelman lanza la acusaci¨®n tremenda de "promover la continuidad civil, bajo otras formas, del pensamiento militar". Un pensamiento que en la cuesti¨®n que estamos tratando, y en lo que se refiere a aquel ej¨¦rcito sedicioso de 1936 y a los grupos como Falange que le acompa?aron en su campa?a de exterminio, no necesita palabras para ser explicado, porque basta con los n¨²meros que le ponen al desastre las casi 140.000 personas cuyos nombres le fueron entregados al juez Garz¨®n y que son la suma de las 4.000 que fueron enterradas junto al cementerio de M¨¦rida; m¨¢s las 2.000 que se calcula que est¨¢n en el de la Almudena, en Madrid; las 1.600 del de Oviedo; las 6.000 de los campos granadinos de ?rgiva y V¨ªznar, donde est¨¢ Federico Garc¨ªa Lorca; las al menos 2.000 de Badajoz y las 15.000 de toda Extremadura; las 4.000 o 5.000 de M¨¢laga; las m¨¢s de 1.000 de Teruel; las casi 12.000 que fueron exterminadas en C¨®rdoba; las cerca de 15.000 en toda Galicia...

Y as¨ª hasta completar la escalofriante cifra del dolor, que, por otra parte, siempre ser¨¢ aproximada, puesto que las dimensiones de aquel espanto son incalculables y, sobre todo, indemostrables, porque no existe forma de encontrar a muchos, por ejemplo, a los que fueron arrojados al mar en las islas Canarias y en otros muchos lugares, atados de pies y manos y con un peso amarrado con una soga al cuello. En un debate televisivo con el comunista Santiago Carrillo, el fundador del Partido Popular y antiguo ministro de la dictadura, Manuel Fraga, dio un ejemplo, cercano a la parodia, de esa mentalidad castrense de algunos civiles a la que se refer¨ªa Gelman, al oponerse de forma tajante a la apertura de las fosas con un razonamiento que pareci¨® una orden: "Hay que recordar lo que hay que recordar; y lo dem¨¢s, olvidarlo". El problema del verbo olvidar es que es lo contrario del verbo saber. El ¨²ltimo de los manifiestos hechos p¨²blicos por AI, en noviembre de 2008, llevaba un t¨ªtulo muy expl¨ªcito: Para pasar p¨¢gina, primero hay que leerla.

La Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica se inici¨® como una aventura personal cuando el periodista Emilio Silva se decidi¨® a reunir a un grupo de arque¨®logos forenses para exhumar los restos de su abuelo, un militante de Izquierda Republicana que hab¨ªa sido asesinado y enterrado, junto a otros compa?eros, en un pueblo de Le¨®n. Despu¨¦s, se ha transformado en la principal organizaci¨®n destinada a canalizar las reclamaciones de miles de familias que tambi¨¦n quieren recuperar a los suyos. En sus nueve a?os de existencia, y gracias al trabajo de los voluntarios que realizan las excavaciones, la ARMH ha recuperado los huesos de unas 4.000 personas, pero no s¨®lo eso: tambi¨¦n ha sacado a la luz sus historias, que vistas de una en una le dan una dimensi¨®n distinta a la tragedia y que al pormenorizarse se salvan del peligro que toda generalizaci¨®n conlleva, que es el de reducir cada odisea personal a un simple tanto por ciento del drama colectivo.

Una met¨¢fora emocionante de la intensidad de los sentimientos de tantas personas afectadas por las calamidades de la Guerra Civil y la dictadura fue la decisi¨®n de Modesta, la abuela de Emilio Silva, que antes de morir mand¨® que grabaran en la l¨¢pida de su sepultura el nombre de su marido para que lo llevasen con ella cuando lo encontraran.

Otros tuvieron, dentro de lo que cabe, m¨¢s suerte, como Obdulia Granada, superviviente de un paseo llevado a cabo por una banda de falangistas, comandada por un canalla apodado el 501 por el n¨²mero de ciudadanos que hab¨ªa asesinado en la zona, que una madrugada de octubre de 1936 mat¨® en Candeleda, ?vila, a tres mujeres: Virtudes de la Puente, de 53 a?os; Valeriana Granada, de 26, y Pilar Espinosa, de 43, la madre de Obdulia. Una de ellas, acusada de ser protestante, y otra, de leer El Socialista. En el cami¨®n en el que las metieron tambi¨¦n iban Obdulia -que entonces contaba 14 a?os- y la hija de Valeriana, embarazada de dos meses, Heliodora, que ten¨ªa 2 a?os.

Mientras los arque¨®logos de la ARMH recuperaban los restos de las tres mujeres, Obdulia recordaba aquel d¨ªa horrible, contaba que algo hizo cambiar de opini¨®n a los bandidos, que de pronto ordenaron parar el veh¨ªculo y las mandaron a ella y a Heliodora de vuelta a casa. Las tres mujeres fueron fusiladas y a Valeriana le abrieron el vientre, le arrancaron el feto y la rellenaron de hierbas. Los cuerpos quedaron a la intemperie, para que sirvieran de escarmiento a sus vecinos. Uno de ellos, el que se atrevi¨® a enterrarlos y a poner sobre la fosa una piedra que sirviese de se?al, muri¨® una semana despu¨¦s a causa de la depresi¨®n insufrible en que lo hab¨ªa sumido aquel espect¨¢culo macabro. Obdulia y Heliodora pudieron, al menos, recuperar los huesos de sus madres y depositarlos en un lugar decente.

Un buen ejemplo de la distancia que hay entre la frialdad de las decisiones pol¨ªticas y los sentimientos de los damnificados por el olvido, lo simboliza el caso del Valle de los Ca¨ªdos, que era una de las tumbas que mandaba abrir el juez Garz¨®n en sus primeras diligencias y en la que se estima que casi la mitad de los alrededor de 50.000 cuerpos que acoge son republicanos robados de sus tumbas furtivas por los vencedores, que as¨ª los mancillaron dos veces. Mir¨¢ndolo de una manera global, la orden de sacarlos de la cripta del monumento les pareci¨® a muchos una provocaci¨®n. Pero si lo miras de forma individualizada se convierte en otra cosa, porque entonces conoces, por ejemplo, la historia de seis hombres y una mujer secuestrados por los falangistas en Pajares de Adaja (?vila), asesinados en el pueblo de Aldeaseca, arrojados a un pozo por un vecino al que los pistoleros obligaron a hacer desaparecer los cad¨¢veres, y cuyos cuerpos fueros sacados de all¨ª en secreto, 23 a?os m¨¢s tarde, para ayudar a llenar con ellos la fosa del Valle de los Ca¨ªdos, para la cual la dictadura no contaba con suficientes muertos. Las familias estuvieron d¨¦cadas sin saber hasta qu¨¦ punto ser¨ªan ciertos los rumores que hablaban del traslado al Valle de los Ca¨ªdos, y s¨®lo supieron la verdad cuando el pozo fue sondeado y all¨ª s¨®lo aparecieron un cr¨¢neo, algunas piezas dentales y el dedal de la mujer ajusticiada aquella noche sanguinaria de 1936.

El dictador no hab¨ªa podido llenar su monumento f¨²nebre con las v¨ªctimas de su bando, como pretend¨ªa, porque al acabar el mausoleo, a los 20 a?os de haber empezado a construirlo, la gran mayor¨ªa de las viudas de combatientes franquistas que fueron preguntadas se neg¨® a autorizar la exhumaci¨®n y el traslado de los restos de sus maridos. El problema fue resuelto cuando el Ministerio de la Gobernaci¨®n pidi¨® su colaboraci¨®n a numerosos ayuntamientos de toda Espa?a y muchos municipios contestaron que no pod¨ªan disponer de muertos franquistas, pero s¨ª de los que estaban en las "fosas del ej¨¦rcito rojo". El hijo de uno de aquellos siete fusilados en Aldeaseca jura que no descansar¨¢ "hasta llevarme a mi padre y a sus seis compa?eros de vuelta a casa". El porqu¨¦ de esa determinaci¨®n lo explica el nieto de otro soldado republicano, llamado Joan Colom, que muri¨® de tifus en una prisi¨®n de L¨¦rida y cuya viuda siempre crey¨® que estaba enterrado en una fosa com¨²n en el cementerio de la ciudad, por lo que ella y sus hijos iban all¨ª a menudo a llevarle flores. Sus descendientes dicen que "no se resignan a dejarle en ese lugar siniestro". Afirman que a su abuela "le hubiera revuelto el est¨®mago saber que su marido est¨¢ enterrado al lado de su verdugo", y se apoyan en un silogismo dif¨ªcil de desmontar: "Si el dictador pudo profanar tumbas y robar cad¨¢veres, ?por qu¨¦ no vamos a poder nosotros, en plena democracia, recuperar su cuerpo y enterrarlo con sus seres queridos?".

Mientras la respuesta a esas preguntas llega, el tiempo pasa, y poco a poco los familiares de los represaliados van desapareciendo sin ver cumplida su sed de justicia. Por eso la ARMH y otras organizaciones como el Foro por la Memoria contin¨²an su trabajo en toda Espa?a e intentan saldar esa cuenta pendiente que la democracia tiene con muchas v¨ªctimas de la dictadura, con las cuales los diferentes Gobiernos que han dirigido el pa¨ªs desde 1977 se han comportado con una cicater¨ªa que, por poner un ejemplo ofensivo, ser¨ªa impensable si estuvi¨¦ramos hablando de v¨ªctimas del terrorismo de ETA.

Otros prefieren el negacionismo, se esfuerzan por poner el marcador de la muerte a cero y pretenden desacreditar cualquier intento de enjuiciar e incluso de estudiar las atrocidades del franquismo. Cuando publiqu¨¦ mi novela Mala gente que camina, cuyo tema es el secuestro de ni?os por parte de los vencedores de la Guerra Civil, alg¨²n peri¨®dico titul¨® su informaci¨®n de esta manera: Prado novela en su ¨²ltima obra un supuesto robo de ni?os a presas republicanas. Seg¨²n los ¨²ltimos estudios, esos ni?os pudieron ser casi 30.000, e identificarlos era otra de las misiones que persegu¨ªa la causa abierta por el juez Baltasar Garz¨®n. Pero, naturalmente, la Audiencia Nacional tambi¨¦n se ha declarado incompetente para realizar esas pesquisas. Pura magia negra, la de esos magos del olvido que, con s¨®lo lavarse las manos, pueden hacer invisibles a miles de m¨¢rtires de la barbarie.

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