El Gobierno de Aguirre sopes¨® crear un 'CNI' legal al sentirse espiado desde dentro

El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez (PP), sopes¨® en junio de 2008 la creaci¨®n de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, m¨¢s all¨¢ del deseo de poseer un servicio de informaci¨®n o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Catalu?a para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensaci¨®n de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la instituci¨®n para intentar campa?as de desprestigio mediante dossiers. El propio Gonz¨¢lez se sent¨ªa v¨ªctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. A¨²n hoy siente la misma sensaci¨®n, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercan¨ªa de los c¨®mplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.

El servicio secreto inclu¨ªa una direcci¨®n externa para comprar datos

"Gonz¨¢lez y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia"

La Comunidad no puede crear ¨®rganos policiales de inteligencia

"Necesita un servicio de informaci¨®n para protegerlo"

Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, trat¨® con el vicepresidente madrile?o la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio Gonz¨¢lez. Ambos hab¨ªan coincidido durante la etapa en que Gonz¨¢lez era secretario de Estado de Inmigraci¨®n del Ministerio del Interior y Moro combat¨ªa la inmigraci¨®n irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.

Moro ve¨ªa claro el problema que ten¨ªa el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contact¨® con su amigo: "Gonz¨¢lez y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conduc¨ªan a la elaboraci¨®n de dossiers contra ¨¦l. "Necesitaba un servicio de informaci¨®n para protegerlo".

Moro explica as¨ª sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de alg¨²n servicio con el amparo y legitimaci¨®n que tienen los del Pa¨ªs Vasco y Catalu?a. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad aut¨®noma".

Moro revel¨® a EL PA?S que por aquella ¨¦poca, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque tem¨ªan que estuvieran siendo espiados desde dentro.

Ignacio Gonz¨¢lez recibi¨® el borrador de servicio secreto y lo aparc¨®. "No lo vi conveniente y, adem¨¢s, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explic¨® a EL PA?S. Gonz¨¢lez enmarc¨® la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra ¨¦l en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre ¨¦l pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgi¨® la iniciativa. Pero evita detallar qu¨¦ o qui¨¦n bloque¨® tal proyecto dentro del Gobierno regional.

Cuando Moro y Gonz¨¢lez hablaban de crear un CNI madrile?o legal, por m¨¢s que entra?ara una dura batalla competencial conseguirlo, el consejero de Interior, Francisco Granados, estaba fichando al ex inspector de polic¨ªa Marcos Pe?a, que asumi¨® la direcci¨®n de un equipo de ex guardias civiles. Pe?a asegur¨® a este peri¨®dico que su grupo realizaba los informes que le ped¨ªa su jefe, Granados, que versaban sobre esc¨¢ndalos o corrupciones que afectaban fundamentalmente a municipios socialistas como Coslada, Ciempozuelos...

El propio Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Pe?a desmiente y que, seg¨²n los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Esta unidad, al igual que otra que dirige el ex director general de Seguridad, Sergio Gam¨®n, con varios ex polic¨ªas a sus ¨®rdenes, dependen del consejero Granados. No est¨¢n bajo la estructura org¨¢nica al mando del actual director de Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido tener, bajo sus ¨®rdenes.

Su labor escapa as¨ª al com¨²n de los integrantes de la seguridad de la Consejer¨ªa de Interior. Las labores definidas por Pe?a perfilan un aut¨¦ntico servicio de informaci¨®n. Granados lo niega. En este contexto de creaci¨®n de unidades "descontroladas" de la estructura ordinaria y jer¨¢rquica -s¨®lo responden al consejero, seg¨²n fuentes de su departamento-, se bloque¨® y se vet¨® la creaci¨®n de un servicio secreto legal y transparente al servicio de la Comunidad de Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y as¨ª os quit¨¢is de sombras y oscuranteces", ofreci¨® Moro a Gonz¨¢lez. No fue atendido. "Y ahora esto que est¨¢ lloviendo es tremendo", ironiza.

Moro conoc¨ªa ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Ten¨ªa alguna informaci¨®n de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad aut¨®noma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ah¨ª. Las noticias que circulaban era que algunos altos cargos, especialmente Ignacio Gonz¨¢lez, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de ¨¢reas de la Comunidad de Madrid".

El plan de montar un servicio secreto fue redactado por Moro junto a ex agentes del servicio de inteligencia espa?ol, con los que convers¨® EL PA?S. Aseguran que su proyecto quer¨ªa servir para captar informaci¨®n y compartirla con los servicios de informaci¨®n legales. Y quer¨ªan evitar fichar a ex guardias o ex polic¨ªas. "Porque se convierten en esp¨ªas al servicio de sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estrat¨¦gicos) respond¨ªa, seg¨²n el borrador entregado a Ignacio Gonz¨¢lez, a "una necesidad espec¨ªfica de seguridad e inteligencia emergente en el Estado de las Autonom¨ªas". En dos folios, Moro resum¨ªa las virtudes de la nueva Sociedad:

- Soluci¨®n afinada y eficaz. "Es una soluci¨®n m¨¢s afinada y eficaz ante la necesidad se?alada, creciente en el actual contexto sociopol¨ªtico (...) acorde con otras experiencias m¨¢s flexibles y acertadas impuestas en pa¨ªses de nuestro entorno occidental (por ejemplo, las Unidades de Inteligencia de ¨¢mbito departamental existentes en Francia", explicaba el texto.

- Recursos externos debidamente filtrados. El servicio secreto auton¨®mico podr¨ªa utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisici¨®n de informaci¨®n".

- Capitalizar las Brigadas de Polic¨ªas Municipales.

Los impulsores de este CNI auton¨®mico defend¨ªan la necesidad de un servicio de este tipo en la Comunidad de Madrid ante las amenazas terroristas y para "reorientar y capitalizar de forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre intent¨® crear su propia polic¨ªa auton¨®mica pero ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidi¨® subvencionar la contrataci¨®n de polic¨ªas municipales en los ayuntamientos madrile?os y englobar a ese grupo de agentes bajo la denominaci¨®n de BESCAM.

Expertos jur¨ªdicos consultados por EL PA?S aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para crear su propio servicio secreto: "El Estatuto de Autonom¨ªa de Madrid establece que las competencias de la Comunidad se circunscriben a la 'vigilancia y protecci¨®n de sus edificios'. ?mbito que, como reitera a rengl¨®n seguido el Estatuto, se ejercer¨¢ 'respetando, en todo caso, los dispuesto en la Constituci¨®n Espa?ola'. En este marco competencial es obvio, y nada discutible, que la creaci¨®n de un Centro de Inteligencia auton¨®mico, que, por definici¨®n, exige todo un conjunto de actividades, eminentemente de car¨¢cter policial, para la recogida, almacenamiento, tratamiento y an¨¢lisis de un amplio espectro de informaciones relevantes para la protecci¨®n de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones, no est¨¢ amparado en el marco competencial que la Constituci¨®n, el Estatuto y el resto del ordenamiento reconocen a la Comunidad de Madrid".