Anomia judicial

Saben bien jueces y magistrados que la administraci¨®n de justicia es el servicio p¨²blico peor valorado por los espa?oles. En el estudio de opini¨®n publicado por el CIS en septiembre del a?o pasado, antes pues de la demag¨®gica salida de tono del presidente y de la vicepresidenta del Gobierno con motivo de la multa impuesta al juez Tirado, s¨®lo un 0,6% se mostraba muy satisfecho por el funcionamiento de la justicia mientras algo m¨¢s del 29% cre¨ªa que no pod¨ªa funcionar peor. Ning¨²n otro servicio p¨²blico -sanidad, educaci¨®n...- merec¨ªa tan p¨¦simas calificaciones.

Este malestar ciudadano con la justicia no es de hoy ni de ayer, es de toda la vida. Si acaso, no ha hecho m¨¢s que empeorar. Y ha subido al m¨¢ximo nivel con la evidente desproporci¨®n entre una negligencia judicial con resultado tr¨¢gico y la sanci¨®n impuesta al juez por sus pares. La acusaci¨®n de corporativismo -que un magistrado del Tribunal Supremo desprecia ahora como una insidia, olvidando que hace unos meses ¨¦l mismo calificaba el "corporativismo judicial" como un mal contra el que nada hab¨ªa hecho el anterior Consejo- se ha extendido como una plaga y ha provocado una reacci¨®n en cadena, con las asociaciones judiciales actuando como aut¨¦nticos sindicatos corporativos, convocando asambleas bajo el manto de juntas para votar si los jueces van o no van a la huelga.

?Tan exasperados y revueltos andan los ¨¢nimos para nublar la raz¨®n y perder el rumbo amenazando con una huelga general al mismo Estado, del que los jueces son un poder fundamental? El lenguaje utilizado en los correos electr¨®nicos para caldear los ¨¢nimos es preocupante por su desprecio a los procedimientos legales que ellos son los encargados de administrar. La misma idea de lanzar un llamado "Movimiento 8 de Octubre" y convocar en juntas de jueces una huelga para el 18 de febrero -con lo que significa en Espa?a la voz "movimiento" seguida de otra fecha, un 18, por cierto- indica bien el extrav¨ªo inducido por una inaceptable intromisi¨®n del Gobierno contra una sanci¨®n del Consejo que sonaba a su vez como un sarcasmo.

Como es habitual desde hace unos a?os, avanzamos con paso firme por la senda de la desinstitucionalizaci¨®n. El CGPJ es un organismo del Estado, que tendr¨ªa que ser -y adem¨¢s parecerlo- independiente del poder ejecutivo. No lo es desde la aciaga ocurrencia de 1985, cuando el Tribunal Constitucional condon¨® de mala gana el m¨¦todo de su designaci¨®n. Parte no peque?a de la responsabilidad por esta deriva recae sobre las mismas asociaciones de jueces, que en su g¨¦nesis no fueron, ni en su pr¨¢ctica han sido nunca meramente profesionales, sino pol¨ªtico-sindicales, la v¨ªa para que sus dirigentes alcanzaran posiciones de poder pol¨ªtico. Ahora, cuando el Consejo ha perdido prestigio y autoridad, las asociaciones pretenden dirigir el malestar acumulado, sorprendidas y sobrepasadas por no asociados que ponen en marcha un movimiento apadrinado por los jueces decanos que, a su vez, convierten las juntas en asambleas para caucionar lo que ha nacido al margen de la ley. Todo bajo la mirada perdida del Ministerio de Justicia y la demagogia populista de Presidencia.

Y as¨ª tenemos una cadena explosiva: Presidencia, ministerio, Consejo, asociaciones, decanos, juntas asamblearias y, para colmo, movimiento. Un disparate. Ya fue bastante an¨®malo, aunque el Gobierno prefiri¨® mirar hacia otro lado, que el Movimiento desembocara en la huelga encubierta de 21 de noviembre. Pero lo que ahora amenaza es harina de otro costal: una huelga general, viejo patrimonio de la clase obrera, que convierte a los jueces en trabajadores por cuenta ajena, euf¨®ricos porque ha sonado la hora de "ense?ar los dientes". Si es que no seduce tambi¨¦n a la minor¨ªa de agitadores electr¨®nicos lo que un dirigente del sindicato de controladores a¨¦reos tuvo la desfachatez de enunciar con todas sus letras: somos los ¨²nicos con poder para derrocar a un gobierno; es lo que pasa cuando un sindicato se convierte en un gremio de detentadores exclusivos de un poder: que engendra impulsos golpistas.

El corporativismo gremial, la sumisi¨®n al Ejecutivo y la violencia sobre la Constituci¨®n, alargando sine die el mandato del anterior Consejo, ten¨ªan que pasar factura. Ya vemos el coste: jueces an¨®micos, que se ponen los procedimientos por montera y que act¨²an como los a?orados PNN de universidad en tiempos de otro Movimiento: cerrando las aulas y declar¨¢ndose en huelga. Y luego lamentar¨¢n que en Espa?a el servicio p¨²blico de administraci¨®n de justicia sea el peor valorado de todos, incluyendo los de correos y ferrocarriles. -