M¨¢s de 3.000 familias han sido desahuciadas de viviendas p¨²blicas

Las viviendas promovidas por las administraciones p¨²blicas para satisfacer las necesidades de las clases menos privilegiadas han sido con frecuencia objeto de ocupaciones ilegales con operaciones clandestinas de traspaso que han generado toda una picaresca a la que las instituciones intentan ahora poner coto. Desde el a?o 2000, la Junta de Andaluc¨ªa ha instruido 3.277 expedientes de desahucio de casas del parque p¨²blico que estaban ocupadas ilegalmente, de los que 528 est¨¢n actualmente en ejecuci¨®n.

En Andaluc¨ªa existe un parque p¨²blico de 69.187 viviendas de promoci¨®n p¨²blica de titularidad auton¨®mica repartidas en 491 municipios, de las que se estima que unas 38.000 est¨¢n realmente ocupadas por sus arrendatarios titulares.

El 79% del parque p¨²blico de viviendas est¨¢ en r¨¦gimen de alquiler

El resto o est¨¢ desocupada, o habitada por inquilinos que no tienen derecho sobre ellas o que si lo tienen no est¨¢n en condiciones de acreditarlo. El fen¨®meno pone en evidencia las deficiencias en la gesti¨®n realizada por las administraciones p¨²blicas, que no han sido capaces de controlar el uso de las casas por parte de sus verdaderos adjudicatarios. La Junta de Andaluc¨ªa ha puesto en marcha un plan para la regularizaci¨®n jur¨ªdica de las viviendas y la reparaci¨®n del parque existente, ya que en muchos casos las casas est¨¢n en condiciones de abandono y son inhabitables.

Adem¨¢s de los 3.277 desahucios tramitados, la Junta ha concluido ya los tr¨¢mites de normalizaci¨®n de 4.552 casas y tiene en tr¨¢mite las de otras 2.581 nuevas. La mayor¨ªa de estas situaciones se localizan en barriadas con problemas de exclusi¨®n social en los que el objetivo de los planes de intervenci¨®n, adem¨¢s de depurar la situaci¨®n jur¨ªdico-registral de las viviendas y el establecimiento de un r¨¦gimen de derechos y obligaciones, son las actuaciones encaminadas a la integraci¨®n social.

Uno de los frutos, es que el 71% de los adjudicatarios de viviendas p¨²blicas en r¨¦gimen de alquiler cumple ya con sus obligaciones del pago de la renta correspondiente y adem¨¢s est¨¢n comprometidos en el funcionamiento y mantenimiento de las comunidades de vecinos, ¨®rganos exigidos por la administraci¨®n para la ejecuci¨®n de sus planes de rehabilitaci¨®n de viviendas y otras actuaciones de asistencia social.

La Administraci¨®n intenta adem¨¢s implicar a las comunidades y a los propios vecinos en el control del uso correcto de las viviendas y en evitar las transacciones ilegales de ¨¦stas. Seg¨²n datos de la Consejer¨ªa de Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio, en los ¨²ltimos ocho a?os se han invertido m¨¢s de 58 millones de euros en planes de reparaci¨®n y mantenimiento que han beneficiado a 25.720 viviendas.

De las 69.156 viviendas de titularidad p¨²blica que gestiona la Empresa P¨²blica de Suelo de Andaluc¨ªa (EPSA), la inmensa mayor¨ªa, 79%, est¨¢n en alquiler. El resto est¨¢n ocupadas por inquilinos con derecho a la propiedad, 9.844 en r¨¦gimen aplazado, que pagan plazos al finalizar los cuales obtienen las escrituras, y otras 4.759 en acceso diferido, lo que significa que la Administraci¨®n mantiene la gesti¨®n hasta que se adjudican las escrituras.

Adem¨¢s, en las situaciones con mayores problemas de integraci¨®n social, la Administraci¨®n regional impulsa en colaboraci¨®n con los ayuntamientos planes integrales de actuaci¨®n en zonas con necesidades de transformaci¨®n social que van mucho m¨¢s all¨¢ de la mera gesti¨®n de los inmuebles y persiguen la dinamizaci¨®n de las barriadas con programas de empleo y cobertura social.

Hasta el momento, se han dise?ado y est¨¢n en ejecuci¨®n planes en 10 ¨¢mbitos: El Puche (Almer¨ªa), El Saladillo-La Pi?era (Algeciras), La Constituci¨®n (Jerez), San Mart¨ªn de Porres (C¨®rdoba), Almanj¨¢yar (Granada), Huerta Carrasco (Motril), El Torrej¨®n (Huelva), Arrayanes (Ja¨¦n) , Los Asperones (M¨¢laga) y San Miguel-El Castillo.-La Coracha (Alcal¨¢ de Guadaira).