El Poder Judicial avala de forma un¨¢nime la reforma que deja a los fiscales la investigaci¨®n penal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este mi¨¦rcoles el informe sobre la reforma legal que deja la instrucci¨®n de las causas penales en manos de los fiscales. El dictamen del ¨®rgano de gobierno de los jueces avala ese cambio, que implicar¨¢ un vuelco en el proceso penal, aunque considera ¡°imperativo¡± reforzar previamente la independencia de la Fiscal¨ªa para que no est¨¦ sujeta a ¡°injerencias o presiones externas¡±. Fuentes del ¨®rgano se?alan que el informe se ha aprobado por unanimidad de los 21 miembros del Consejo.

El aval del ¨®rgano de gobierno de los jueces ha salido adelante casi cuatro a?os despu¨¦s de que el Gobierno reclamara al CGPJ ese dictamen, preceptivo para poder aprobar la nueva Ley Org¨¢nica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una de las reformas legales de mayor envergadura dise?adas en los ¨²ltimos a?os. El informe del Consejo permitir¨¢ ahora al Gobierno acelerar la aprobaci¨®n de una reforma que se puso en marcha hace casi 15 a?os, durante el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, sobre la que el PP tambi¨¦n se ha mostrado favorable y que cuenta con el benepl¨¢cito de la mayor parte de las carreras judicial y fiscal, pero que se ha ido retrasando. Ya con Pedro S¨¢nchez en La Moncloa, el Consejo de Ministros aprob¨® el anteproyecto en noviembre de 2020 y, en febrero de 2021, encarg¨® al CGPJ los informes preceptivos para poder seguir tramitando la norma. Fuentes del Ejecutivo se?alan que la intenci¨®n es que la ley se vote en el Congreso en el primer trimestre de 2025.

El informe al que el Consejo ha dado luz verde es pr¨¢cticamente el mismo que emiti¨® el anterior CGPJ en junio pasado, pero los entonces vocales renunciaron a votarlo porque ya estaba anunciada la renovaci¨®n del ¨®rgano tras cinco a?os con el mandato cumplido y consideraron que deb¨ªa refrendarlo el nuevo pleno. Un grupo de cuatro vocales del actual ¨®rgano ha estudiado el texto que dejaron hechos sus antecesores, de 580 p¨¢ginas, y han optado por dejarlo tal cual y a?adirle solo unos anexos con correcciones t¨¦cnicas y adaptaciones a cambios normativos recientes, explican fuentes del ¨®rgano.

El dictamen del Consejo concluye que poner a los fiscales al frente de las investigaciones penales es constitucional, y recuerda que ese modelo es el que impera en el resto de pa¨ªses de la UE e incluso est¨¢ ya implantado en Espa?a en la jurisdicci¨®n de menores. No obstante, el Consejo advierte de que, antes de que entre en vigor, es necesario una reforma del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal (EOMF) ¡°que enfatice y fortalezca la garant¨ªa institucional de la independencia del Ministerio P¨²blico¡±.

La reforma de la Lecrim contempla adaptar el Ministerio Fiscal para su nuevo cometido, pero, seg¨²n el Consejo, las previsiones actuales del texto resultan ¡°insuficientes para dotar al Ministerio Fiscal (...) de la debida autonom¨ªa e independencia externa e interna¡±. ¡°Resulta imperativo reforzar la independencia del Ministerio P¨²blico tanto en su dimensi¨®n externa, de modo que no est¨¦ sujeto a ¨®rdenes ni instrucciones de ning¨²n tipo impartidas por terceros y quede protegido de injerencias o presiones externas, como en su dimensi¨®n interna, introduciendo contrapesos adecuados a los principios org¨¢nicos de jerarqu¨ªa y de unidad de actuaci¨®n¡±, se?ala el documento.

La redacci¨®n de un nuevo Estatuto para la Fiscal¨ªa est¨¢ ya prevista y el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, constituy¨® en abril pasado una mesa de trabajo y encarg¨® a las asociaciones de fiscales que fueran ellas las que asumieran la redacci¨®n. Pero la guerra abierta contra el jefe del Ministerio P¨²blico por un sector de la carrera, llev¨® a las dos asociaciones conservadoras (la Asociaci¨®n de Fiscales y la Asociaci¨®n Independiente de Fiscales) a levantarse de la mesa de trabajo.

El informe del CGPJ advierte de que esa futura reforma del Estatuto por el que se rige la Fiscal¨ªa debe introducir mejoras en el nombramiento del fiscal general del Estado y aumentar ¡°el espacio de inmunidad frente a la intervenci¨®n del Gobierno¡± y ¡°el r¨¦gimen de relaciones entre el Gobierno y la Fiscal¨ªa General¡±. La ausencia de dependencia del fiscal general con respecto al Ejecutivo, se?ala el texto, ¡°deber¨ªa venir reforzada con la incorporaci¨®n de una prohibici¨®n expresa y taxativa de dirigir al fiscal general ¨®rdenes, instrucciones o indicaciones de ning¨²n tipo¡±.

El Consejo propone tambi¨¦n ¡°reforzar la colegialidad en la toma de decisiones mediante el car¨¢cter preceptivo y, en su caso, vinculante del informe del Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales de Sala¡±, lo que, en opini¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces, ¡°resulta especialmente pertinente en los casos de discrepancia entre el fiscal y el fiscal jefe. El texto aconseja tambi¨¦n replantear el mecanismo de las instrucciones, el instrumento mediante el que el fiscal general dicta las directrices sobre c¨®mo deben actuar los fiscales ante determinados casos para garantizar la unidad de criterio. El CGPJ admite que esta herramienta ¡°entronca cabalmente con el principio de unidad de actuaci¨®n¡±, pero considera que las instrucciones particulares ¡°condicionan abiertamente la autonom¨ªa e independencia de la actuaci¨®n del fiscal en un asunto concreto¡±, por lo que opta por aconsejar suprimirlas o regularlas para que sean ¡°transparentes, por escrito y motivadas, y que s¨®lo puedan tener sentido positivo, (...) prohibi¨¦ndose las que tengan sentido negativo, de abstenerse de actuar¡±.

Refuerzo para la Sala Civil del Supremo

El pleno del CGPJ de este mi¨¦rcoles ha acordado tambi¨¦n por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el incremento de la plantilla de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo en dos magistrados/as, ¡°de forma imprescindible e inaplazable¡±, as¨ª como el mantenimiento de los refuerzos autorizados por este departamento y la adecuaci¨®n de la plantilla de funcionarios de las secretar¨ªas de la sala. El ¨®rgano de gobierno de los jueces ha adoptado este acuerdo, a propuesta de la presidenta del alto tribunal y del CGPJ, ante la ¡°preocupante¡± situaci¨®n de esta sala, que a 30 de septiembre de este a?o acumulaba cerca de 24.000 recursos pendientes de resoluci¨®n, seg¨²n un informe del Gabinete T¨¦cnico.

Ese documento se?ala como causas de esta situaci¨®n la plena reactivaci¨®n de la actividad de la primera y segunda instancia a finales del a?o 2020, que supuso una avalancha de recursos que pasaron a 6.584 en 2019 a m¨¢s de 10.000 al finalizar el a?o siguiente; el sostenido elevado nivel de entrada, que en los ¨²ltimos cuatro a?os se ha mantenido por encima de los 10.000 asuntos anuales; y el d¨¦ficit de medios personales, que afecta a la plantilla de la Secretar¨ªa, del Gabinete T¨¦cnico y de los magistrados que integran la secci¨®n. La plantilla actual de la Sala Primera es de diez magistrados, lo que, seg¨²n el CGPJ, no permite afrontar el volumen de recursos que son admitidos cada a?o, que en lo que va de 2024 son ya cerca de 2.300.