Viejas y nuevas historias de esp¨ªas

Si hay patriotas dispuestos al martirio por el gusto de disponer de una tasa de inflaci¨®n propia y diferenciada de las de sus vecinos, ?c¨®mo extra?arse que haya dirigentes auton¨®micos dispuestos a arriesgar su alma por el prurito de contar con un servicio de inteligencia propio, aunque s¨®lo sea para espiar a los disidentes de la propia cofrad¨ªa?

La cosa viene de lejos. El 22 de agosto de 1986, el entonces presidente de Telef¨®nica, Luis Solana, inform¨® a Carlos Garaikoetxea de que el tel¨¦fono de su domicilio en Zarautz hab¨ªa sido objeto de un pinchazo. El momento era propicio a toda clase de conjeturas, dada la ruptura latente entre los sectores del PNV que encabezaban Arzalluz, por un lado, y el propio Garaikoetxea, por otro. En declaraciones que recog¨ªa EL PA?S un d¨ªa despu¨¦s, el ex lehendakari (hab¨ªa dimitido a finales de diciembre) insinuaba claramente que el pinchazo era obra de servicios dependientes de la Consejer¨ªa de Interior del Gobierno vasco: de "ne¨®fitos que empiezan a utilizar los resortes del poder recientemente adquirido". Su hombre de confianza, Markel Izagirre, se?alaba que "este Watergate tendr¨¢ su Nixon".

Un rasgo com¨²n es la sensaci¨®n de impunidad que proporciona la concentraci¨®n de poder

La reacci¨®n de los as¨ª aludidos fue la m¨¢s rotunda negativa, seguida por insinuaciones de que pod¨ªa ser un montaje del propio Garaikoetxea. Apoy¨¢ndose en la informaci¨®n de Solana de que el pinchazo era "una chapuza elemental", Arzalluz escribi¨® que las circunstancias "hacen pensar en algo hecho para ser descubierto (...) en el m¨¢s puro estilo de quien lanza la piedra, descalabra al vecino y se pone ¨¦l mismo la venda". (Deia, 24-8-1986). El entonces portavoz del PNV, Xabier Aguirre, opinaba en el mismo diario que lo que se pretend¨ªa por parte del "sector cr¨ªtico" era "que Garaikoetxea aparezca una vez m¨¢s como v¨ªctima propiciatoria, un papel que sabe interpretar magistralmente".

Sin embargo, la investigaci¨®n judicial abierta tras las denuncias presentadas permiti¨® identificar a los autores del pinchazo: dos agentes de la Ertzaintza y el jefe de la Red de Comunicaciones del Gobierno vasco, los cuales, seg¨²n el sumario, tras presentarse en la subestaci¨®n de Telef¨®nica en Zarautz con una autorizaci¨®n judicial para intervenir el tel¨¦fono de un supuesto narcotraficante, realizaron la conexi¨®n entre el del ex lehendakari y el de otro domicilio; en teor¨ªa, el lugar desde el que se propon¨ªan realizar las escuchas, aunque se confundieron (por una cifra) en el n¨²mero, y la conexi¨®n se produjo con la casa de un vecino ajeno al asunto, lo que provoc¨® los cruces de conversaciones que alertaron a Garaikoetxea y le hicieron reclamar a Telef¨®nica.

La reacci¨®n inmediata de los tres imputados fue anunciar una querella criminal contra Garaikoetxea y su abogado por lo que consideraron atentado a su honor. Pero para cuando se celebr¨® el juicio, en abril de 1991, uno de los dos ertzainas hab¨ªa confesado los hechos y declarado que el consejero del Interior estaba al tanto. Finalmente, fueron juzgadas seis personas: las tres que montaron el dispositivo m¨¢s el consejero, un sargento de la Ertzaintza (que ser¨ªa posteriormente asesinado por ETA) y un ex miembro de ETA conocido por el alias de El Cabra, que figuraba como asesor del departamento de Interior y era quien hab¨ªa alquilado el piso desde el que se pensaban realizar las escuchas.

En su libro de Memorias pol¨ªticas (Planeta, 2002), recuerda Garaikoetxea la psicosis de escuchas que se viv¨ªa en los d¨ªas en que se detect¨® el pinchazo. El a?o anterior se hab¨ªa producido el esc¨¢ndalo del espionaje policial a partidos pol¨ªticos. EL PA?S public¨® informes sobre acuerdos de la direcci¨®n de AP llegados a la Brigada de Interior antes de que se hicieran p¨²blicos, sobre comentarios privados del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, o de Jordi Pujol, etc. Aunque el contenido de la mayor¨ªa de esos informes era banal, algunos inclu¨ªan datos susceptibles de aprovechamiento pol¨ªtico por partidos rivales. La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa amenaz¨® con querellarse contra los periodistas que hab¨ªan destapado el asunto. El PSOE, con mayor¨ªa absoluta en la C¨¢mara, impidi¨® que se crease una comisi¨®n de investigaci¨®n, y la causa abierta ante los tribunales tras querellas de AP y el PCE acab¨® siendo archivada en 1989.

No es dif¨ªcil identificar elementos compartidos en mayor o menor medida entre estos antecedentes y lo que ahora hierve en la Comunidad de Madrid: concentraci¨®n de poder en un partido, lo que crea sensaci¨®n de impunidad; obsesi¨®n por el complot, que lleva a adelantarse a descubrir enemigos internos; el ¨®rgano crea la funci¨®n: los departamentos de inteligencia, la necesidad de espiar; y nunca faltan subordinados dispuestos a complacer a sus jefes pas¨¢ndoles dossiers personales de sus rivales; la en¨¦rgica negativa de los hechos (con amenaza de querellas) deja paso a la afirmaci¨®n de que ellos los desconoc¨ªan; y a insinuaciones de que es un montaje de los espiados o del mensajero.