La huelga xen¨®foba crece en Reino Unido

El movimiento contra la presencia de trabajadores procedentes de la Uni¨®n Europea sigue creciendo en Reino Unido. En torno a 1.200 trabajadores de las centrales nucleares de Sellafield y Heysham, en el noroeste de Inglaterra, se sumaron a una huelga salvaje de 24 horas en apoyo de la protesta que desde la semana pasada se desat¨® en la refiner¨ªa petrolera de Lindsey. El Gobierno ratific¨® ayer su posici¨®n contraria a una protesta que no s¨®lo tiene tintes xen¨®fobos, sino que cuestiona la tradicional posici¨®n de liberalismo econ¨®mico de Reino Unido en la construcci¨®n europea.

La protesta tiene su origen en la contrataci¨®n de 400 trabajadores italianos y portugueses para llevar a cabo la construcci¨®n de un proyecto subcontratado por la petrolera Total a otra compa?¨ªa, la italiana IREM. Los sindicatos locales afirman que los trabajadores brit¨¢nicos han sido vetados por IREM porque esta empresa ha preferido traerse trabajadores del extranjero.

El Gobierno est¨¢ nervioso. Todas las salidas a la situaci¨®n parecen negativas

Los obreros locales creen haber perdido calidad de vida y culpan al extranjero

Aunque la protesta sigui¨® creciendo ayer -hubo asambleas y paros parciales de solidaridad en diversas empresas-, su verdadero calado podr¨¢ verse dentro de unos d¨ªas, cuando los sindicatos concreten una jornada de protesta ante el Parlamento que podr¨ªa ir acompa?ada de una huelga nacional y extenderse del sector energ¨¦tico al de la construcci¨®n.

El Gobierno parece muy nervioso ante un conflicto con multitud de posibles escenarios, todos negativos. La reivindicaci¨®n ¨²ltima de la protesta -empleo para los brit¨¢nicos, no para los extranjeros- germina con facilidad en un pa¨ªs con tendencia al nacionalismo y el patriotismo y en un momento de recesi¨®n econ¨®mica que ya se siente en la calle. El p¨¢nico a que la protesta no s¨®lo hunda al Gobierno laborista, sino que multiplique los apoyos al racista BNP (siglas en ingl¨¦s del Partido Nacional Brit¨¢nico), ha provocado ya divisiones en el Ejecutivo de Gordon Brown.

El ministro de Sanidad y antiguo l¨ªder sindical, Alan Johnson, ha parecido alinearse junto a los trabajadores al declarar el domingo que las directivas europeas deber¨ªan modificarse para impedir que sean utilizadas por las empresas para recortar los derechos de los trabajadores brit¨¢nicos.

El primer ministro, Gordon Brown, y el poderoso ministro de Negocios y Empresas y ex comisario en Bruselas, Peter Mandelson, se mantuvieron firmes en defensa de la legalidad vigente y aseguraron que los trabajadores brit¨¢nicos no est¨¢n siendo discriminados. Lord Mandelson asegur¨® en una comparecencia en la C¨¢mara de los Lores que "la gran mayor¨ªa" de los trabajadores en Lindsey son "brit¨¢nicos", que los extranjeros subcontratados no est¨¢n en peores condiciones laborales que los brit¨¢nicos y que Total ha garantizado que cualquier vacante en concursos p¨²blicos estar¨¢ abierta a trabajadores brit¨¢nicos. El ministro ha encargado a la mediadora laboral ACAS que realice con urgencia un informe sobre el caso "para conocer todos los hechos y, si se descubre que hay ilegalidades, actuaremos".

Detr¨¢s del conflicto palpita el descontento de la clase obrera brit¨¢nica, que cree haber perdido calidad de vida en los ¨²ltimos a?os pese al crecimiento econ¨®mico del pa¨ªs y tiende a culpar de ello a la mano de obra extranjera. La novedad esta vez, adem¨¢s del calibre de la protesta y su inspiraci¨®n xen¨®foba, es que choca frontalmente con la tradicional posici¨®n brit¨¢nica hacia Europa; aunque los sindicatos han discrepado muchas veces de ello, Reino Unido defiende una construcci¨®n europea basada en el liberalismo econ¨®mico, no en la equiparaci¨®n al alza de los derechos individuales.

Los trabajadores creen que los problemas de Lindsey tienen su origen en una oscura directiva europea que regula los derechos de los llamados trabajadores desplazados. No afecta a los trabajadores comunitarios que van a otro pa¨ªs a trabajar como empleados o auto-empleados, sino como subcontratados por una empresa de servicios para llevar a cabo determinada tarea. Y s¨®lo esa tarea.

Esa directiva fue aprobada en 1996 con el ¨²nico voto en contra de Reino Unido y la abstenci¨®n de Portugal. El Gobierno brit¨¢nico -entonces, conservador- se opuso porque cre¨ªa que se garantizaban demasiados derechos y eso perjudicar¨ªa a sus empresas y ser¨ªa una traba para extender el mercado interior de servicios, seg¨²n un informe publicado en 2003 por el Observatorio Europeo de Relaciones Industriales. La posici¨®n de los laboristas al llegar al poder un a?o despu¨¦s no ha sido distinta, y han defendido siempre que la UE no les obligue a armonizar al alza los derechos de los trabajadores en Reino Unido: lo mismo al defender la pol¨¦mica propuesta de directiva de servicios como al querer degradar el rango legal de la Carta de Derechos Fundamentales.

Tanto la exigencia de que los brit¨¢nicos tengan prioridad sobre los extranjeros como la denuncia de que la contrataci¨®n de extranjeros presiona a la baja los derechos sindicales socavan la tradicional visi¨®n brit¨¢nica de una UE sin fronteras econ¨®micas.