La diplomacia amordaz¨® a la justicia

Lo que no pudo conseguir George Bush y su todopoderosa secretaria de Estado, Condoleezza Rice; lo que no logr¨® el Partido Comunista Chino, ni el Gobierno de m¨¢s de 1.300 millones de habitantes y con el mercado potencial m¨¢s grande del mundo; lo que no obtuvieron gobernantes y dictadores de Guatemala, Chile o Argentina, lo ha alcanzado la ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, con una llamada telef¨®nica. Eso es poder.

Seguro que a estas alturas, se estar¨¢n preguntando qu¨¦ ha conseguido la diplom¨¢tica israel¨ª. Pues ni m¨¢s ni menos que arrancar de su hom¨®logo espa?ol, Miguel ?ngel Moratinos, que el Gobierno espa?ol realizar¨¢ "ajustes procesales", es decir, que reformar¨¢ las leyes que hagan falta, para limitar el alcance de la jurisdicci¨®n universal en Espa?a, despu¨¦s de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitiera a tr¨¢mite una querella por cr¨ªmenes de guerra contra siete militares israel¨ªes, entre ellos un ex ministro de Defensa, por la muerte de 14 civiles en Gaza, el 22 de julio de 2002. El dram¨¢tico resultado -siete de los fallecidos eran ni?os y hubo 150 heridos- fue consecuencia del lanzamiento de una bomba de una tonelada desde un caza F16 destinada a asesinar al dirigente de Ham¨¢s Salah Shehadeh.

Con una llamada, la ministra israel¨ª consigui¨® lo que no logr¨® George Bush

Es una mala noticia, no porque se trate de Israel, que tiene tanto derecho como cualquiera a defenderse de las agresiones externas siempre que emplee medios proporcionados y no viole las leyes internacionales para hacerlo, sino porque una vez m¨¢s los poderosos usan su poder para conseguir la impunidad de sus actos.

La jurisdicci¨®n universal es un intento de la comunidad internacional para ponerse de acuerdo en que hay determinados comportamientos que son tan intolerables y tan horrendos que no pueden quedar impunes y por eso constituyen delitos que no prescriben y que deben ser perseguidos sin descanso y en todo momento por cualquier Estado. El Estatuto de Roma, por el que se cre¨® la Corte Penal Internacional, recuerda que "millones de ni?os, mujeres y hombres han sido v¨ªctimas de atrocidades que desaf¨ªan la imaginaci¨®n y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, (...) cr¨ªmenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad (...) que no deben quedar sin castigo".

Es preferible que la persecuci¨®n se haga en el pa¨ªs en que se cometi¨® el delito o por la Corte Penal Internacional, pero los tratados internacionales son claros: "Es deber de todo Estado ejercer su jurisdicci¨®n penal contra los responsables de cr¨ªmenes internacionales" para evitar su impunidad. El juez Andreu pregunt¨® a las autoridades de Israel si hab¨ªan investigado los hechos para evitar juzgarlos dos veces, pero durante m¨¢s de medio a?o no recibi¨® respuesta alguna y, ante la falta de colaboraci¨®n de la justicia israel¨ª, ha abierto un proceso por un posible delito contra la humanidad. "Nos encontramos", dice el magistrado, "ante la existencia de un ataque contra la poblaci¨®n civil, ya de inicio ileg¨ªtimo, pues el mismo tendr¨ªa como objeto la comisi¨®n de un asesinato, el de Salah Shehadeh, que se torna en un hecho que ha de ser perseguido (...) desde el momento en que el ataque es producto de una acci¨®n que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva, y que si en el curso del procedimiento se prueba que responde a una estrategia preconcebida o predeterminada" supondr¨ªa un delito "a¨²n m¨¢s grave".

No obstante, los hechos ocurrieron en Gaza, por lo que el pa¨ªs al que territorialmente corresponder¨ªa su investigaci¨®n ser¨ªa Palestina, y no Israel, aunque este Estado tambi¨¦n est¨¢ facultado para hacerlo en raz¨®n de que los presuntos autores son israel¨ªes. Pero no parece que el Supremo de ese pa¨ªs vaya a hacer algo que no sea un parip¨¦ jur¨ªdico. Dec¨ªa Mahatma Gandhi: "Ganamos justicia m¨¢s r¨¢pidamente si hacemos justicia a la parte contraria", pero ?qu¨¦ tendr¨¢ Goliat que nunca es capaz de ponerse en el lugar de David! As¨ª, el ministro de Defensa israel¨ª, Ehud Barak, con la prepotencia de los poderosos, se ha apresurado a declarar que "ni Espa?a, ni nadie m¨¢s" ense?ar¨¢ "moralidad" a su Ej¨¦rcito.

Y es que los descendientes del sabio rey Salom¨®n s¨®lo han suscrito aquellos convenios internacionales que les son ¨²tiles y huyen como de la peste de los que les puedan acarrear alg¨²n perjuicio. Poco despu¨¦s de la II Guerra Mundial firmaron los cuatro convenios de Ginebra sobre protecci¨®n de las v¨ªctimas en conflictos armados, pero no los protocolos adicionales complementarios de 1977; tambi¨¦n ratificaron los de La Haya sobre protecci¨®n de obras de arte y bienes culturales en tiempo de guerra, pero no el Estatuto de Roma por el que se constituy¨® la Corte Penal Internacional.

Charles de Secondat, bar¨®n de Montesquieu, que elabor¨® la teor¨ªa de la separaci¨®n de poderes, afirm¨®: "Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa". Y la jurisdicci¨®n universal para perseguir cr¨ªmenes atroces lo es. As¨ª lo han entendido numerosos pa¨ªses que la acogen, como Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, B¨¦lgica, Nueva Zelanda o Canad¨¢, entre otros.

No es que no se pueda regular para impedir abusos -es obvio que la Audiencia Nacional no debe sustituir a la Corte Penal Internacional- pero, como en 2005 se?al¨® el Constitucional, no se debe limitar de tal forma que pierda su eficacia y la finalidad para la que fue concebida.

Lo que resulta lamentable es que el ministro Miguel ?ngel Moratinos, ante la presi¨®n de su colega israel¨ª, le avanzase que se va a cambiar una ley justa, una ley que protege al d¨¦bil frente a los que abusan de su poder, para limitarla. Fue un d¨ªa triste en el que el Gobierno de Zapatero, el de todos los espa?oles, prefiri¨® prescindir de la justicia para contentar a los amigos poderosos. Quiz¨¢ el Gobierno de Espa?a se lo pueda permitir, la justicia, seguro que no.