Marbella autoriza el pago de 72.000 euros a la empresa de un edil del PP

El Ayuntamiento de Marbella (M¨¢laga) ha autorizado el pago de 72.500 euros a una empresa de la que es socio al 50% el concejal de Medio Ambiente y Limpieza Antonio Espada. El desembolso corresponde a dos contratos de suministro de materiales de construcci¨®n que la oposici¨®n socialista llev¨® a los tribunales al entender que vulneran la Ley de Contratos del Sector P¨²blico. En sus recursos, solicitaron la suspensi¨®n cautelar de los contratos, algo que no se ha producido hasta el momento.

Las facturas, de 11.418 euros y 61.014 euros, son por materiales de fundici¨®n y construcci¨®n para los servicios operativos del Ayuntamiento marbell¨ª. Formaban parte de una relaci¨®n de facturas mayores que se aprob¨® por unanimidad el pasado 27 de enero en Junta de Gobierno Local. La sesi¨®n estuvo presidida por la primera teniente de alcalde Mar¨ªa Francisca Caracuel (PP), y, seg¨²n el acta, el edil Espada no asisti¨®.

El PSOE recurri¨® las dos adjudicaciones, que totalizan 230.000 euros

Los contratos de suministro, con n¨²mero de expediente 92/08 y 34/08, reportar¨¢n unos ingresos totales de 230.000 euros a la empresa Materiales de Construcci¨®n La Juanita, de la que es socio Espada. El edil dej¨® de ser administrador de la empresa antes de ocupar su puesto de concejal en 2007, pero figura como apoderado y sigue obteniendo el 50% de los beneficios.

Las adjudicaciones se hicieron el 30 de junio y el 12 de agosto de 2008 en dos juntas de gobierno. Saltaron a la luz en septiembre y crearon una agria pol¨¦mica municipal.

El primer contrato, de 190.000 euros, vino avalado por un informe gen¨¦rico del interventor municipal redactado un a?o antes y que no contemplaba la nueva Ley de Contratos del Sector P¨²blico, ya que ¨¦sta no entr¨® en vigor hasta el pasado 30 de abril. La segunda adjudicaci¨®n, de 40.000 euros, se otorg¨® mediante un concurso cerrado al que la empresa del edil fue invitada a concurrir.

El equipo de gobierno del PP defendi¨® su legalidad ampar¨¢ndose en un nuevo informe t¨¦cnico, pero terminaron invitando a la empresa de Espada a que no se presentara a m¨¢s concursos municipales. La empresa, constituida en 1997, era suministradora del Ayuntamiento marbell¨ª antes de la llegada del PP al gobierno. Consigui¨® alg¨²n contrato en la ¨¦poca de la Comisi¨®n Gestora y tramita el cobro de facturas de los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Seg¨²n el equipo de gobierno, el secretario y el viceinterventor llegaron a la misma conclusi¨®n, pero en el p¨¢rrafo final del informe se incid¨ªa en que se considerar¨ªa incompatible si el edil fuese administrador de la empresa o apoderado, cargo que tiene Espada en su empresa. El Consistorio afirma que el t¨¦rmino "apoderado" se incluy¨® "por error", lo que se subsan¨® con una nota al pie del informe.

La nueva normativa proh¨ªbe contratar con el sector p¨²blico a "las personas jur¨ªdicas (empresas) en cuyo capital participen" en cuant¨ªa superior a un 10% "el personal y los altos cargos de cualquier administraci¨®n p¨²blica, as¨ª como los cargos electos".

El PSOE marbell¨ª, en la oposici¨®n, interpuso dos recursos en el Juzgado n¨²mero 3 de lo Contencioso Administrativo de M¨¢laga pidiendo que se dejaran sin efecto las adjudicaciones. Tambi¨¦n pidieron al Ayuntamiento un informe espec¨ªfico sobre la situaci¨®n de Espada como contratista, que no han recibido.

En una providencia, fechada el 16 de octubre, el juez Carlos Javier Castillo reclam¨® al Consistorio los expedientes de contrataci¨®n y les inform¨® de los plazos para personarse en el procedimiento. El juzgado admiti¨® a tr¨¢mite los dos recursos, pero todav¨ªa no ha emitido veredicto alguno sobre la petici¨®n de suspensi¨®n cautelar de los contratos. "Tenemos constancia de estos pagos, los hemos incorporado al expediente del caso, pero todav¨ªa no hemos dado cuenta de ellos al juzgado", asegur¨® ayer la portavoz del PSOE, Susana Rad¨ªo.

Un informe del Consejo Jur¨ªdico de la Comunidad Valenciana (equivalente al Consejo Consultivo andaluz o al Consejo de Estado a escala nacional) encontr¨® incompatibilidad para contratar en un caso muy similar, en el que el edil pose¨ªa el 20% de la empresa adjudicataria.