Comisi¨®n de la verdad en Estados Unidos

Desde los juicios de Nuremberg y hasta los que puedan producirse en Cuba dentro de alg¨²n tiempo, un reto decisivo propio de todo tr¨¢nsito, en una etapa (b¨¦lica o pol¨ªtica) caracterizada por violaciones horrorosas (el primer caso) o simplemente reprobables (el segundo caso), a los derechos humanos ha sido el ajuste de cuentas con el pasado.

Nuremberg sent¨® precedentes -los ejecutantes no pueden invocar la obediencia debida- y en Am¨¦rica Latina se ha pasado por diversas variantes de las comisiones de la verdad en Argentina (Nunca Jam¨¢s, de S¨¢bato), en Chile, en Uruguay, en El Salvador, en Guatemala y en M¨¦xico a medias. Quiz¨¢s una de las m¨¢s conocidas y m¨¢s acreditadas haya sido la Comisi¨®n de la Verdad y de la Reconciliaci¨®n establecida por Nelson Mandela en Sur¨¢frica y presidida por Desmond Tutu, aunque no qued¨® a salvo de cr¨ªticas importantes en torno a sus disposiciones de indulto a cambio de confesiones y de debilidad de acciones punitivas. Que el tema sigue vigente me lo confirm¨® hace unas semanas un presidente latinoamericano, personalmente cercano a los c¨ªrculos gobernantes cubanos, quien me argumentaba, con resignaci¨®n, que el gran obst¨¢culo para cualquier paso a la democracia representativa en la isla reside en el terror de la dirigencia habanera ante el juicio y castigo eventual por sus posibles sucesores.

El mundo no creer¨¢ que EE UU se ha arrepentido hasta que ajuste cuentas con su pasado

Obama no oculta sus reservas ante esta iniciativa; prefiere "mirar hacia adelante"

Por eso, resulta tan interesante la idea formulada hace unos d¨ªas por el senador norteamericano Patrick Leahy, procedente del Estado de Vermont, y que adem¨¢s de presidir el Comit¨¦ Judicial de esa c¨¢mara es uno de los integrantes m¨¢s progresistas de la misma. Leahy propuso la creaci¨®n de una Comisi¨®n de la Verdad para investigar las posibles violaciones a las leyes y a la Constituci¨®n por la Administraci¨®n Bush. Dichas violaciones, que evidentemente encerrar¨ªan atropellos a los derechos humanos, se centrar¨ªan en el tema de la tortura (sobre todo el recurso al llamado water boarding, mas no limitado a ello), los centros de detenci¨®n (principal, mas no ¨²nicamente Guant¨¢namo), las llamadas entregas extraordinarias, que incluyeron aparentemente el sobrevuelo y escalas de aviones de la CIA en Espa?a (a Arabia Saud¨ª, mas no exclusivamente a ese pa¨ªs) y otros abusos cometidos o palomeados por ex altos funcionarios como el vicepresidente Cheney, el secretario de la Defensa, Rumsfeld, y el procurador general, Gonzales.

Leahy, junto con algunos senadores m¨¢s que apoyan la sugerencia como Sheldon Whitehouse de Road Island, y el representante John Conyers, presidente del Comit¨¦ Judicial de la C¨¢mara Baja, as¨ª como partidarios de la propuesta en la comunidad de derechos humanos, consideran que una Comisi¨®n de la Verdad, quiz¨¢s semejante a la surafricana, dotada de poderes de presentaci¨®n de personas y documentos, y de indulto, pero carente de la facultad del ejercicio de la acci¨®n penal, ser¨ªa a la vez deseable y necesaria. Lo ser¨ªa, en primer lugar, porque la acusaci¨®n, consignaci¨®n y juicio a trav¨¦s de los canales judiciales ordinarios, aunque sea posible, probablemente no desemboque en condenas y sentencias, sobre todo por razones de procedimiento; y en segundo lugar, porque consideran que la ¨²nica manera de estigmatizar y prohibir, en el futuro, acciones semejantes a las del Gobierno de Bush consiste en investigarlas y castigarlas de esta manera para revocarles cualquier vigencia con precedentes aceptables. Tambi¨¦n creen, con bastante raz¨®n, que el resto del mundo jam¨¢s creer¨¢ en la rectificaci¨®n y el arrepentimiento estadounidenses hasta que no se ajusten cuentas con el pasado, lo cual s¨®lo puede lograrse, en esta perspectiva, a trav¨¦s de alg¨²n tipo de catarsis de "saber y publicitar", sino de "castigar".

Abundan las objeciones, por supuesto, y algunas de ellas, sin duda, explican las reservas del presidente Obama, que ha reaccionado insistiendo en que prefiere mirar hacia adelante, que hacia atr¨¢s. La primera objeci¨®n estriba justamente en que este procedimiento hace hincapi¨¦ en el pasado, y en vista del rechazo virulento que la idea misma ha provocado entre varios miembros del Partido Republicano, resulta obvio que no ser¨ªa conducente a cualquier tipo de bipartidismo, en el tema que fuera. En segundo lugar, si una comisi¨®n de esta ¨ªndole fuera a acusar a alguien, o si sus conclusiones provocaran la consignaci¨®n de alguien, pero dichos esfuerzos fracasaran antes de llegar a la sentencia, el episodio constituir¨ªa una especie de rehabilitaci¨®n del Gobierno de Bush, y dejar¨ªa el respeto por los derechos humanos y por la ley m¨¢s desacreditado que antes. La consigna de "dejar que los muertos entierren a los muertos", tema de un enorme debate reciente en Espa?a, no carece de m¨¦ritos, aunque denigrar la investigaci¨®n del pasado alegando que EE UU no es Am¨¦rica Latina y que todo esto recoge un retint¨ªn tercermundista representa justamente el tipo de actitud que hundi¨® a EE UU en el desprestigio que hoy padece en el mundo entero.

El que escribe pudo participar directamente en los debates que tuvieron lugar en M¨¦xico a principio de la Administraci¨®n anterior sobre la creaci¨®n de una Comisi¨®n de la Verdad. Junto con Adolfo Aguilar Zinser (DEP), fuimos los ¨²nicos integrantes del Gabinete del presidente Fox a favor de este camino. Pens¨¢bamos que en un mundo ideal, las pesquisas en torno al conjunto de abusos acontecidos durante los 70 a?os del r¨¦gimen autoritario del PRI no deb¨ªan circunscribirse a las violaciones de los derechos humanos (masacres: del 68, 10 de junio del 71, Acteal, Aguas Blancas, etc¨¦tera; desapariciones y tortura), sino abordar tambi¨¦n los abusos de poder pol¨ªtico y la corrupci¨®n. Pero aun limitando la mirada hacia atr¨¢s al tema de los derechos humanos, habr¨ªa constituido un enorme paso hacia delante.

Las ventajas de una Comisi¨®n de la Verdad en M¨¦xico se antojaban evidentes. Se tratar¨ªa de castigar a los autores de cr¨ªmenes en el pasado; de establecer una ruptura con ese pasado, demostr¨¢ndole a las familias de las v¨ªctimas, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional que, efectivamente, comenzaba una nueva era en M¨¦xico en materia de respeto a los derechos humanos, reconociendo que las instituciones judiciales del pa¨ªs, precisamente porque pertenec¨ªan a la era anterior, resultaban insuficientes para enfrentar estos desaf¨ªos.

Los inconvenientes tambi¨¦n parec¨ªan evidentes: actuar de esa manera antagonizar¨ªa de manera ineludible al viejo partido en el poder, imposibilitando cualquier alianza con el PRI y condenado al nuevo Gobierno a la impotencia, dada su falta de mayor¨ªa en ambas C¨¢maras. La comunidad empresarial, la Iglesia, las fuerzas armadas, y quiz¨¢s incluso los EE UU, no contemplaban con buenos ojos cualquier intento de remover los escombros del pasado, sobre todo si se trataba de excesos de los cuales hubieran sido c¨®mplices. De cualquier manera, los retos ante el nuevo Gobierno eran de tal magnitud que los poderes f¨¢cticos mexicanos concluyeron que debiera concentrar su energ¨ªa en el presente y en el futuro, no en el pasado. Sabemos hoy que Fox, al igual que el actual presidente de M¨¦xico, y aparentemente en compa?¨ªa de Obama tambi¨¦n, no obtuvieron ning¨²n apoyo de sus respectivas oposiciones a cambio de su magnanimidad. Ah¨ª hay una lecci¨®n importante.

En esta batalla alcanzamos una especie de empate t¨¦cnico. Se cre¨® una Fiscal¨ªa Especial para investigar los cr¨ªmenes del pasado, por un periodo muy definido, con magros recursos, y con un mandato ambiguo en materia de indulto, testigos protegidos y acceso obligatorio a documentos y testimonios. Al final decepcionaron los resultados, en gran medida porque los escasos intentos de juicio (por ejemplo, del ex presidente Luis Echeverr¨ªa o contra el ex jefe de Seguridad Miguel Nassar Haro) fracasaron.

La ense?anza que el autor sac¨® de esta experiencia, que puede o no ser pertinente para EE UU -y otros pa¨ªses, por cierto-, es que si bien las medidas a medias jam¨¢s son id¨®neas, y en ocasiones pueden ser contraproducentes, son mejor que nada. La peor de las opciones reside en perpetuar la impunidad; casi siempre, las instituciones existentes, por el mero hecho de haber permitido los cr¨ªmenes del pasado, son incapaces de investigarlos y castigarlos en el presente, o de impedirlos en el futuro.

Jorge Casta?eda, ex secretario de Relaciones Exteriores de M¨¦xico, es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.