La justicia internacional ordena detener al presidente de Sud¨¢n
La CPI acusa a Al Bashir de cr¨ªmenes contra la humanidad en Darfur
La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha convertido a Omar al Bashir, presidente de Sud¨¢n, en un proscrito de la justicia al ordenar su arresto por cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la regi¨®n de Darfur, al oeste del pa¨ªs. Por falta de pruebas, los jueces no incluyen el cargo de genocidio, solicitado tambi¨¦n por el fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, y que podr¨ªa incorporarse m¨¢s adelante al proceso. Sin embargo, Al Bashir ya no est¨¢ seguro. Tanto los pa¨ªses que reconocen a la Corte (106 han firmado de momento el Estatuto de Roma), como los que forman el Consejo de Seguridad de la ONU, pueden detenerle en cuanto abandone Sud¨¢n.
La reacci¨®n del Gobierno sudan¨¦s lleg¨® de inmediato. En Jartum, la capital, el ministro de Justicia, Andel Baset Sedrat, calific¨® la orden de "acto pol¨ªtico que nada importa". En la calle, miles de personas aclamaron al presidente al grito de: "Estamos contigo; sigue, sigue, gu¨ªa". En Darfur, las autoridades optaron por hacer una demostraci¨®n de fuerza, e hicieron desfilar a las tropas por las calles de la capital regional, Al Fashir. El mensaje parece claro.
A Omar al Bashir le busca la justicia internacional por haber convertido en una tragedia humanitaria la lucha contra grupos de rebeldes sudaneses de poblaci¨®n negra, que se consideraban marginados por la comunidad ¨¢rabe. Desde 2003, y apoy¨¢ndose en el Ej¨¦rcito y las milicias ¨¢rabes janjaweed, la represi¨®n orquestada desde su Gobierno incluy¨® asesinatos, violaciones y torturas de miles de civiles. Seg¨²n datos de la ONU, hubo 300.000 muertos. Casi tres millones han perdido su hogar y han sido desplazados o viven refugiados en pa¨ªses vecinos. "El hecho de que sea un jefe de Estado no le exime de responsabilidad ni le hace impune ante la Corte Penal", dijo ayer Laurence Blairon, su portavoz.
Hay una aclaraci¨®n jur¨ªdica que el fiscal Moreno Ocampo llen¨® de contenido con un ejemplo gr¨¢fico. "Como en el caso de [Slobodan] Milosevic [ex presidente serbio] y Charles Taylor [ex l¨ªder liberiano], el destino de Al Bashir es sentarse ante los jueces. Ya sea dentro de dos meses o de dos a?os", dijo. En 2007, uno de sus colegas, David Crane, fiscal fundador del Tribunal Especial para Sierra Leona de la ONU, foro que juzga a Charles Taylor a pesar de una end¨¦mica falta de fondos que perjudica su trabajo, ya mostr¨® una convicci¨®n similar.
"Al principio se oye que los problemas de ?frica requieren soluciones africanas. Y que la paz en la regi¨®n, cualquiera que sea, debe lograrse antes que la justicia. Pero es a corto plazo. A la larga, tienen que afrontar las ¨®rdenes de arresto. Casi puedo garantizar que en un plazo de cinco a?os, Al Bashir comparecer¨¢ ante la justicia y en Sud¨¢n habr¨¢ paz", asegur¨® entonces.
Para organizaciones humanitarias como Human Rights Watch, no entregar al presidente sudan¨¦s "equivaldr¨ªa a decirle a los criminales que pisotean los derechos humanos que la justicia se puede negociar". Su preocupaci¨®n contrastaba con la seguridad del propio Al Bashir poco antes de saberse buscado por los jueces. "Dejemos que la Corte ponga en remojo estas resoluciones y luego se beba el agua", dijo, durante la inauguraci¨®n de una presa en Marwi, en la frontera egipcia.
Estados Unidos, que no es miembro de la CPI pero se ha involucrado en este caso, respondi¨® con contundencia. Seg¨²n Robert Wood, portavoz del Departamento de Estado, su pa¨ªs "esperaba que quienes hayan cometido cr¨ªmenes de esta ¨ªndole sean juzgados por ello". Egipto, por su parte, trat¨® de ganar tiempo. Ahmed Aboul Gheit, su ministro de Exteriores, llam¨® al Consejo de Seguridad a suspender la detenci¨®n. La Liga ?rabe expres¨® tambi¨¦n desde El Cairo su "fuerte descontento" por la orden de detenci¨®n.
En Darfur, de momento, la situaci¨®n ha empeorado en los campos de refugiados. Al menos una decena de ONG se vieron obligadas a abandonar la zona. El Gobierno les dijo que "no pod¨ªa garantizar su seguridad" tras conocerse la decisi¨®n judicial. Es el principio de un nuevo pulso con la ONU, pero en el que las v¨ªctimas son siempre civiles.
Seis a?os de horror
- La rebeli¨®n en Darfur se inicia en febrero de 2003. Guerrilleros toman posiciones pidiendo un reparto m¨¢s justo del poder y las riquezas. La discriminaci¨®n de la poblaci¨®n negra por la ¨¢rabe alimenta el conflicto
- La contraofensiva del Gobierno se recrudece en enero y febrero de 2004, con graves violaciones de derechos contra la poblaci¨®n civil
- La llegada de soldados de la Uni¨®n Africana en misi¨®n de paz, en agosto, no evita que la poblaci¨®n sufra "cr¨ªmenes contra la humanidad", seg¨²n la ONU
- Sud¨¢n se niega a que 17.000 'cascos azules' sean desplegados en agosto de 2006. Los intentos de paz fracasan por la divisi¨®n entre las facciones rebeldes y la actitud del Gobierno sudan¨¦s
- Jartum lanza una nueva ofensiva tres meses despu¨¦s. Crecen las denuncias por las atrocidades cometidas contra la poblaci¨®n. Unas 300.000 personas han muerto y casi tres millones han sido desplazadas de sus hogares
- Amnist¨ªa Internacional acusa a China, en mayo de 2007, de vender las armas usadas contra la poblaci¨®n
- La Corte Penal emite el 4 de marzo de 2009 una orden de arresto contra el presidente de Sud¨¢n, Omar al Bashir
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