Un pacto econ¨®mico nacional

La econom¨ªa espa?ola, tras 14 a?os de crecimiento elevado e ininterrumpido, apoyado en dos choques externos positivos, primero la contundente ca¨ªda de los tipos de inter¨¦s reales al entrar en la Uni¨®n Monetaria y posteriormente la llegada de m¨¢s de cuatro millones de inmigrantes en siete a?os, ten¨ªa que entrar en recesi¨®n. Los bajos tipos de inter¨¦s incentivaron a familias y a empresas a endeudarse en exceso y provocaron una gran burbuja de la vivienda, reforzada por la mayor demanda de la poblaci¨®n inmigrante y de extranjeros comunitarios.

La coincidencia de la crisis financiera internacional y la explosi¨®n de la burbuja inmobiliaria hacen esta recesi¨®n m¨¢s grave y duradera que las anteriores. La primera ha hecho que la financiaci¨®n del abultado endeudamiento privado con ahorro externo se haya encarecido, cuando no secado. La segunda ha hecho que los precios de la vivienda est¨¦n cayendo progresivamente y que la construcci¨®n residencial se haya colapsado.

Bajar los impuestos y reducir los costes del despido no son f¨®rmulas m¨¢gicas frente a la crisis

Cabe congelar precios, tarifas y salarios, unificar los contratos laborales y reformar la educaci¨®n

Finalmente, dado el bajo crecimiento de la productividad entre 1995 y 2006, la econom¨ªa espa?ola ha sufrido una p¨¦rdida de competitividad, medida por los costes laborales unitarios, de un 30% frente a la Zona Euro (ZE), ¨¢rea que absorbe m¨¢s del 60% de nuestras exportaciones, produci¨¦ndose una notable apreciaci¨®n del tipo de cambio real espa?ol frente a dicha zona. Tradicionalmente, ante una apreciaci¨®n real se devaluaba el tipo de cambio nominal de la peseta (cuatro veces entre 1992 y 1994). Dado que esto es hoy imposible, la ¨²nica forma de conseguir una devaluaci¨®n real es mediante un crecimiento menor de nuestros costes de producci¨®n y m¨¢rgenes de beneficios y un crecimiento mayor de nuestra productividad que los de la ZE.

Frente a estos tres retos (financiero, inmobiliario y de productividad), una fuerte expansi¨®n fiscal p¨²blica para compensar la ca¨ªda de la demanda privada, como la que el Gobierno espa?ol est¨¢ ya acometiendo de forma contundente (2% del PIB), no es suficiente para salir de la recesi¨®n. Son tambi¨¦n necesarias pol¨ªticas de oferta para elevar la productividad y recuperar la competitividad perdida. Dado que el Gobierno ha dado a entender que s¨®lo acometer¨¢ reformas estructurales si hay consenso con los agentes sociales, parece imprescindible un pacto nacional entre el Gobierno, los Ejecutivos auton¨®micos y los agentes sociales que consens¨²e una serie de medidas que den confianza a los ciudadanos y permitan una recuperaci¨®n m¨¢s robusta.

Unas de corto plazo, comprometi¨¦ndose a que la expansi¨®n fiscal sea lo m¨¢s eficiente posible en t¨¦rminos de empleo y productividad y a conseguir una mayor estabilidad de precios y costes para ganar competitividad. El Gobierno debe explicar c¨®mo va a financiar m¨¢s adelante la expansi¨®n fiscal actual comprometi¨¦ndose a financiarla con un menor gasto p¨²blico futuro, cuando el gasto del sector privado y los ingresos p¨²blicos se recuperen, en lugar de con mayores impuestos. El FMI ha demostrado que la inversi¨®n p¨²blica directa suele ser m¨¢s eficiente que la reducci¨®n de impuestos para aminorar la recesi¨®n o evitar la depresi¨®n ya que su efecto multiplicador euro por euro es superior.

Ahora bien, una cosa es que no convenga bajar los impuestos y otra diferente es que haya que comprometerse a devolver r¨¢pidamente al sector privado todo lo que las administraciones p¨²blicas le deben y a que tanto el sector p¨²blico como el privado establezcan l¨ªmites razonables a sus plazos de pago. Asimismo, hay que comprometerse a que la expansi¨®n fiscal no s¨®lo consiga un impacto real r¨¢pido, sino que sea rentable en t¨¦rminos de aumento del empleo a corto plazo y de mejora de la productividad a largo plazo.

La experiencia muestra que, en medio de una recesi¨®n, reducir los costes de despido lo ¨²nico que consigue es que las empresas aprovechen para desprenderse de un mayor n¨²mero de sus empleados y esperen a que la recuperaci¨®n sea cierta para contratar a otros nuevos. Ahora bien, en algunos casos ha tenido ¨¦xito una reducci¨®n de la contribuci¨®n empresarial a la seguridad social para nuevas contrataciones indefinidas de parados. En este sentido, es positiva la medida del Gobierno de convertir las prestaciones por desempleo pendientes de percibir por parte de los parados en bonificaciones a las cotizaciones de las empresas que los contraten.

Otro acuerdo deseable ser¨ªa congelar, por dos a?os, precios, tarifas, m¨¢rgenes y salarios tanto p¨²blicos como privados, aprovechando que la muy baja inflaci¨®n, producida por la recesi¨®n, va a permitir que el sacrificio real sea m¨ªnimo. Se dar¨ªa as¨ª una se?al clara de que puede aminorarse la destrucci¨®n de empleo, reducirse los costes y ganarse competitividad. Tambi¨¦n habr¨ªa que conseguir una mayor empleabilidad de los parados, dando un fuerte impulso al empleo a tiempo parcial, como propone el Gobierno, as¨ª como mejorar la eficiencia de la formaci¨®n profesional reglada y ocupacional.

Para mejorar la productividad a largo plazo, habr¨ªa que consensuar asimismo algunas reformas estructurales pendientes. La primera es la del mercado laboral. La gran diferencia de la econom¨ªa espa?ola respecto a la de otros pa¨ªses desarrollados (e incluso en desarrollo) es que s¨®lo alcanza una tasa de paro razonable cuando crece por encima de su potencial, que luego duplica en las recesiones.

La causa principal es que hoy existen 17 tipos de contratos y 17 costes diferentes de despido, con indemnizaciones que van desde 45 d¨ªas por a?o de servicio, para los antiguos contratos indefinidos (57% del total) hasta 33 d¨ªas para los nuevos contratos de fomento del empleo indefinido (13%) y ocho d¨ªas, o nada, para los contratos temporales (30%). Esta mara?a hace que casi el 90% de los temporales, teniendo a menudo una mejor formaci¨®n que los fijos, nunca alcancen a ser indefinidos y que sean objeto de una enorme rotaci¨®n laboral dados sus bajos costes de despido. Es precisamente esta excesiva rotaci¨®n una causa principal de la elevada tasa de paro, de la baja productividad laboral y posiblemente de la limitada inversi¨®n empresarial en formaci¨®n e I+D, lo que explica la paup¨¦rrima productividad total de los factores en Espa?a.

Habr¨ªa que ponerse de acuerdo en fomentar un ¨²nico contrato laboral para todos los nuevos asalariados, cuyo coste de despido vaya aumentando progresivamente con la antig¨¹edad del trabajador en la empresa hasta llegar a ser similar al actual de fomento de empleo indefinido. Adem¨¢s, los niveles salariales acordados por cada sector en la negociaci¨®n colectiva son hoy un suelo obligatorio para todas sus empresas. Ser¨ªa muy conveniente un acuerdo para que puedan acomodarse a la situaci¨®n espec¨ªfica de cada empresa introduciendo cl¨¢usulas m¨¢s flexibles de descuelgue.

Por otro lado, la globalizaci¨®n y la competencia creciente est¨¢n haciendo que los pa¨ªses desarrollados tiendan a proteger cada vez m¨¢s al desempleado que al puesto de trabajo, reduciendo los costes de despido y elevando las prestaciones por desempleo, a cambio de que, tras recibir formaci¨®n y ayuda en la b¨²squeda de empleo, dichos parados se vean obligados a aceptar el trabajo razonable que se les ofrezca.

Otro grave problema estructural es el elevado porcentaje de fracaso escolar. El 30% de los alumnos de ESO no la termina, el 30% de los universitarios tampoco acaba licenci¨¢ndose en nada y s¨®lo el 30% se licencia en tiempo establecido. Este fracaso produce una p¨¦rdida anual del 1% del PIB (agregando las subvenciones que se transfieren a los alumnos objeto de fracaso escolar o universitario del sistema p¨²blico). Urge asimismo reformar la financiaci¨®n socialmente regresiva de la educaci¨®n p¨²blica universitaria en la que, a pesar de tener una rentabilidad privada tres veces superior a la social, los estudiantes, independientemente de su capacidad econ¨®mica, apenas financian un 15% de sus costes.

La experiencia de otros pa¨ªses muestra que una mayor capacidad de elecci¨®n de escuela por los padres con cheques escolares y una mayor competencia entre las entidades educativas resuelve parte del problema. La introducci¨®n de ex¨¢menes estandarizados basados en el curr¨ªculo para obtener las credenciales educativas, combinada con la publicaci¨®n de los resultados medios y de los indicadores de valor a?adido de cada centro educativo, as¨ª como volver los ex¨¢menes centralizados (recuperando las antiguas rev¨¢lidas) han tenido un efecto positivo en otros pa¨ªses.

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research, CEPR.