El PP lanza un nuevo ataque contra Garz¨®n para tapar la trama corrupta

El PP redobl¨® ayer sus ataques contra el magistrado Baltasar Garz¨®n mientras arrecian las revelaciones sobre la trama de corrupci¨®n con empresas de Francisco Correa y que afecta a cargos vitales del partido. No hubo reacci¨®n alguna de la direcci¨®n de la formaci¨®n ante la cacicada del PP de Madrid al cerrar la comisi¨®n sobre la red de espionaje, con graves acusaciones a un miembro de la direcci¨®n del PP. Tampoco hubo movimientos sobre la trama de corrupci¨®n que afecta a sus cargos de Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso s¨ª, los populares presentaron un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que piden de nuevo que se sancione al juez que lleva el caso, Baltasar Garz¨®n.

El PP acusa al juez de "dar apariencia de legalidad" a sus actuaciones

Todo, en el d¨ªa en que se conoc¨ªan nuevos detalles de la vinculaci¨®n de Correa con Jes¨²s Sep¨²lveda, dimitido alcalde de Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid), cuando era secretario electoral del PP y estaba casado con la actual secretaria de organizaci¨®n, Ana Mato.

El escrito del PP no ahorra calificativos para el juez. La estrategia de desacreditaci¨®n de Garz¨®n como juez pol¨ªtico -"es un socialista", dicen para descalificarle- ha pasado de mera defensa medi¨¢tica a verdadera estrategia pol¨ªtica del PP. En los ¨²ltimos d¨ªas se ha instalado en el partido la convicci¨®n de que la c¨²pula no depurar¨¢ responsabilidades. Y sigue haciendo todo lo posible por desacreditar la causa judicial.

"Actuaciones publicitarias"

En la queja al CGPJ, el PP atribuye al magistrado prevaricaci¨®n, desprecio a la legalidad y a las garant¨ªas, instrucci¨®n perversa, especulaciones, maniobras, y uso fraudulento del secreto de sumario. Tambi¨¦n acusan al juez de "cubrir de apariencia de legalidad sus actuaciones publicitarias".

Entre ellas, el PP cita que a Camps se le comunic¨® la resoluci¨®n telef¨®nicamente, con una llamada a su n¨²mero personal el d¨ªa que se notific¨® la resoluci¨®n. Un polic¨ªa que se identific¨® como miembro de la Unidad de Delitos Econ¨®micos pidi¨® al presidente valenciano un n¨²mero de fax para remit¨ªrsela. Al d¨ªa siguiente, otro inspector de polic¨ªa de Madrid contact¨® con el ex vicepresidente valenciano V¨ªctor Campos con el mismo objetivo. A Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo, el auto se le notific¨® en una comisar¨ªa de Valencia, seg¨²n el PP.

La causa contra los dos hombres m¨¢s poderosos del PP valenciano, Francisco Camps y Ricardo Costa, es la principal preocupaci¨®n del partido, que se ha empe?ado en defender su inocencia, aunque por tener el mismo tipo de relaci¨®n con las mismas empresas han dimitido tres alcaldes y un consejero en Madrid.

El PP asegura que esas actuaciones s¨®lo se deben a "las necesidades personales del juez Garz¨®n que ten¨ªa programado su viaje [esta semana ha participado en varios actos en Panam¨¢ y Guatemala] y concedido su permiso para asuntos propios". Sin embargo, dos magistrados especialistas en derecho penal aseguraron ayer a este diario que el procedimiento es "perfectamente legal" y "bastante usual en macroprocesos en los que son muchas las partes y los afectados". La ley, dicen, permite que se notifiquen resoluciones "por cualquier medio id¨®neo", como el fax o la comunicaci¨®n en comisar¨ªa.

Respecto a que Garz¨®n notificara a Camps el auto a pesar de que no es competente para investigar sus delitos -por lo que no es parte en la causa- los magistrados subrayan que el juez orden¨® que la resoluci¨®n se notificara no s¨®lo a las partes, sino tambi¨¦n a las "personas afectadas", entre las que se encontrar¨ªa el presidente valenciano. "Se trata de asegurar que todas estas personas, incluidas las aforadas, no sufran indefensi¨®n y tengan conocimiento de los hechos por los que en el futuro podr¨ªan ser imputados".

El PP acusa adem¨¢s a Garz¨®n de haberse ausentado de Espa?a sin haber enviado copias de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, a favor de los cuales se ha inhibido. Pero seg¨²n los jueces consultados, la labor del juez en estos casos se circunscribe a elaborar el auto de inhibici¨®n en el que se ordena remitir las actuaciones a los tribunales competentes, como hizo Garz¨®n. "La realizaci¨®n de las copias y su env¨ªo efectivo es una labor burocr¨¢tica cuya ejecuci¨®n corresponde al secretario judicial y los funcionarios del juzgado, no al magistrado".

Es la cuarta maniobra del PP para neutralizar la investigaci¨®n. Primero, intent¨® sin ¨¦xito personarse en la causa para recusar al juez. Despu¨¦s, denunci¨® ante el CGPJ la asistencia de Garz¨®n a una cacer¨ªa con el entonces ministro de Justicia, Fern¨¢ndez Bermejo. El escrito fue archivado. Antes de la iniciativa de ayer, present¨® una querella ante el Supremo acusando a Garz¨®n de prevaricaci¨®n. La fiscal¨ªa pidi¨® ayer el archivo de la querella al no encontrar "delito alguno" y desair¨® al PP al decir que los hechos denunciados "plasman una disconformidad del partido con la marcha del procedimiento, sin que constituyan el delito de prevaricaci¨®n".

En una entrevista en RNE, Rajoy dijo sobre Francisco Correa, organizador de los actos del PP cuando ¨¦l estaba en el Gobierno, que no recordaba si lo conoc¨ªa, pero s¨ª que hab¨ªa cortado los v¨ªnculos de la c¨²pula del PP con ¨¦l.

Al d¨ªa siguiente de que el secretario general del PP de Madrid acusara p¨²blicamente de mentir a un miembro de la direcci¨®n del partido, Alfredo Prada, Rajoy le quit¨® importancia y dijo que "pasa en todas partes".

Eso no le pareci¨® importante. Lo importante, replic¨®, es "?qu¨¦ hace Garz¨®n en Guatemala?". El juez est¨¢ en Guatemala desde el pasado d¨ªa 10 impartiendo un curso. Ha pedido que le descuenten los tres d¨ªas de sueldo, informa Jos¨¦ A. Hern¨¢ndez.