PP y PSOE dejan pudrir el Constitucional

Gobierno y PP est¨¢n a punto de retomar el Pacto de la Justicia una vez dimitido el ministro Mariano Fern¨¢ndez Bermejo. Ser¨¢ para casi todos los efectos menos para nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. El nombramiento est¨¢ pendiente desde diciembre de 2007. El proceso se puso en marcha hace siete meses y, desde finales de octubre, se pudre en el olvido de la carpeta de "asuntos pendientes" del Senado, la instituci¨®n que debe elegir a los magistrados. Ya se han batido todos los r¨¦cords de interinidad del alto tribunal.

Lo m¨¢s sorprendente es que los dos partidos mayoritarios no dan muestras del m¨¢s m¨ªnimo inter¨¦s por retomar las negociaciones y queda claro que esperan a que el actual Tribunal Constitucional, con s¨®lo 10 magistrados y un tercio en precario, falle sobre el Estatuto de Catalu?a. Las previsiones del propio tribunal y de los partidos catalanes es que esa sentencia puede demorarse a¨²n hasta despu¨¦s de las elecciones europeas de junio.

Los acontecimientos han dejado anticuado el novedoso procedimiento por el cual los Parlamentos aut¨®nomos pudieron, por primera vez, proponer candidatos al Senado. Desde que lo hicieran hay dos C¨¢maras, la de Galicia y la del Pa¨ªs Vasco, con mayor¨ªas diferentes. Del Parlamento gallego hay un candidato propuesto por el PSOE, otro por el BNG y ninguno del PP, que ahora ya tiene mayor¨ªa absoluta.

Algunos de los 23 juristas propuestos ya empiezan a quitarse de en medio ante el estancamiento de la situaci¨®n en el Senado. ?ngel Juanes, propuesto por Extremadura, opta estos d¨ªas a la presidencia de la Audiencia Nacional, igual que el presidente del Tribunal Superior de La Rioja, Ignacio Espinosa. Juan Carlos Campo, propuesto por Andaluc¨ªa, es ahora secretario de Estado de Justicia. Es decir, el n¨²mero dos del ministerio es a¨²n candidato al Constitucional.

El proceso se fren¨® porque el PP maniobr¨® para que sus ¨²nicos candidatos fueran Enrique L¨®pez y Francisco Hernando, portavoz y presidente del anterior CGPJ, enfrentados gravemente con el Gobierno y a los que el PSOE no acepta. Eso cerr¨® cualquier margen de negociaci¨®n. Ante la imposibilidad de acuerdo (los votos de PP y PSOE son imprescindibles para lograr la mayor¨ªa cualificada que exige el nombramiento), el presidente del Senado, Javier Rojo, paraliz¨® los tr¨¢mites para no ir a una elecci¨®n dividida que fracasara y desprestigiara a los candidatos y a la instituci¨®n.

Pero los portavoces de los grupos minoritarios del Senado, que aunque cumplen un papel testimonial son parte del proceso, no dudan en denunciar el esc¨¢ndalo. El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, cree que se perjudica la imagen de las dos instituciones. "Del Senado, al ser incapaz de desbloquearlo, y del Constitucional, porque se evidencia que la politizaci¨®n es absoluta". Para Vilajoana, "la situaci¨®n es grave", y no acepta que haya que esperar a la sentencia del Estatuto. "Es un tipo de c¨¢lculo inaceptable".

Carles Bonet, portavoz de ERC y del tripartito catal¨¢n, comparte la indignaci¨®n ante un proceso "hiperviciado". A?ade que "estas mayor¨ªas cualificadas han demostrado ser un desastre. Ya pod¨ªa el Consejo de Estado hacer un informe reflexionando sobre estos nombramientos, que parec¨ªa que la mayor¨ªa cualificada los blindaba ante el partidismo y resulta que sucede lo contrario". Si el acuerdo final incluye a L¨®pez o Hernando, advierte, les dir¨¢n todo lo que tengan que decirles cuando vayan a comparecer a la C¨¢mara. No habr¨¢ parip¨¦.

Joseba Zubia, del PNV, es el ¨²nico portavoz que le ha dicho las cosas a las claras al presidente del Senado en p¨²blico. El d¨ªa que Rojo anunci¨® a los portavoces que iba a frenar el proceso, Zubia le advirti¨® delante de todos que, si la situaci¨®n se prolongaba, iba a perjudicar todav¨ªa m¨¢s a la instituci¨®n que el hecho de ir a un nombramiento pol¨¦mico. De esto hace m¨¢s de cuatro meses, que le han dado la raz¨®n al peneuvista.