Dos de cada tres adjudicatarios de viviendas protegidas no las compran

"Vivenda legisl¨® el pasado pensando que los compradores de pisos eran infinitos, y no lo son". La frase de un promotor de Santiago resume el punto en el que se encuentra el sector, el primero en notar la crisis. Con el cambio de Gobierno, los empresarios del suelo han actualizado su lista de reclamaciones y quieren que el futuro presidente, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, las asuma. Una de ellas es la supresi¨®n de la norma que obliga a sortear las viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) entre los demandantes inscritos en el registro de la Xunta. Un sistema que ha adjudicado gracias al azar 2.071 pisos en las cuatro provincias, pero que tiene lagunas que los promotores est¨¢n dispuestos a explotar para volver a vender directamente. "Registro s¨ª, sorteo no", repiten, como un canto de guerra, los empresarios.

El sorteo est¨¢ pensado para evitar el fraude en la venta directa

Sus problemas, dicen, se han multiplicado desde que se puso en marcha porque "burocratiza la adjudicaci¨®n y retrasa la entrega". La Xunta, por el contrario, defiende que "evita el fraude" porque "los promotores tienen que vender los inmuebles a las personas que indica la conseller¨ªa".

"Ni se estimula la calidad, ni la buena construcci¨®n, ni al comprador se le permite comparar", asegura Juan Jos¨¦ Y¨¢?ez, secretario general de la Federaci¨®n de Promotores de Galicia (Feproga). Nadie sabe a ciencia cierta cu¨¢ntos de esos pisos adjudicados provisionalmente se quedaron sin compradores pero, como poco, dos tercios de los afortunados desisten, seg¨²n la Federaci¨®n Gallega. Algunos lo hacen porque no les gusta la vivienda, otros porque se apuntan en varios ayuntamientos para tener m¨¢s posibilidades y al final rechazan mudarse y, la mayor¨ªa, porque el banco no les concede la hipoteca. Hay m¨¢s problemas: "Como no podemos vender sobre plano, los compradores se encuentran con que deben pagar la entrada de golpe. Eso nos perjudica a ambas partes, porque se incrementan considerablemente nuestros costes financieros", asegura Javier Garrido, presidente de la Feproga. La propia conseller¨ªa admite que saber el n¨²mero de apartamentos sorteados que fueron realmente comprados "es dif¨ªcil, porque habr¨ªa que ir expediente por expediente".

El procedimiento de asignaci¨®n estaba inicialmente pensado para poner coto a los desmanes de las adjudicaciones realizadas por las empresas. En un mercado con los precios disparados, conseguir una vivienda de protecci¨®n se lleg¨® a convertir en un sue?o del que algunos promotores se aprovecharon. Ocurri¨® en Navia (Vigo) con la promotora Construcuatro, que cobr¨® por encima del precio tasado por supuestas mejoras que ofrec¨ªa a los inquilinos durante la obra. El sorteo parec¨ªa la soluci¨®n. Hac¨ªa transparente la adjudicaci¨®n de los pisos cofinanciados con fondos p¨²blicos y evitaba el fraude haciendo casar las ofertas con las demandas. "No lo ha sido", insiste Garrido. "Con el sorteo el comprador no puede decidir. No estamos en contra de que la Xunta controle el proceso, pero que nos deje vender directamente".

Sus quejas han llegado a la Confederaci¨®n de Empresarios y su presidente, Antonio Fontenla, ha tomado nota para pasarle el recado a N¨²?ez Feij¨®o. "La conseller¨ªa tiene estudios que dicen que a la mayor¨ªa de los demandantes inscritos en el registro no les dar¨ªan hoy la hipoteca. Se les est¨¢n dando falsas esperanzas porque con el sorteo hay mucha demagogia. La gente incluso se llega a creer que le ha tocado una casa, que no la tiene que pagar", a?ade Y¨¢?ez. En los ayuntamientos se han ensayado f¨®rmulas parecidas con mejores resultados. Las propias empresas promotoras ponen como ejemplo Vigo, que para adjudicar viviendas en Barreiro oblig¨® a los solicitantes a depositar 3.000 euros: "Eso asegura que est¨¢n interesados. Lo que es gratis no se valora e inscribirse en el registro de demandantes no cuesta un duro".