La urgente reforma de la patria potestad

El grado de desarrollo de una sociedad se mide, entre otros par¨¢metros, por la protecci¨®n que ¨¦sta ejerce sobre los menores. En nuestra cultura latina las familias los protegen y cuidan, pero cuando esta obligaci¨®n se incumple, surge el deber de los poderes p¨²blicos de intervenir y de velar por ellos.

Algo no va bien, cuando anualmente se declaran en situaci¨®n de desamparo una media de 30.000 ni?os, muchos de ellos "institucionalizados", es decir, que viven en centros p¨²blicos de acogida en lugar de en el seno de una familia. Se trata de menores a los que el sistema te¨®ricamente defiende pero que en la pr¨¢ctica resultan invisibles y sin voz, con la consecuencia de que muchos de ellos pasan la mayor parte de su vida internados en los centros p¨²blicos incluso hasta la mayor¨ªa de edad -momento en que dejan de estar tutelados por la Administraci¨®n-, con las secuelas que podemos imaginar.

?Debemos -la sociedad en su conjunto- implicarnos para abordar el reto de cambiar esta situaci¨®n? Indudablemente. Para ello, es preciso revisar las actuaciones y el modelo de protecci¨®n para la infancia desfavorecida desarrollado en los ¨²ltimos 20 a?os, y reconocer sus luces y sus sombras. Fijemos entre todos el modelo de protecci¨®n de la infancia desfavorecida que estamos dispuestos a elaborar y desarrollar, bajo la premisa del inter¨¦s superior del menor, que debe presidir todas las actuaciones. Las obligaciones de los padres para con los hijos est¨¢n perfectamente delimitadas en la legislaci¨®n, pero existe una gran confusi¨®n social sobre los derechos que los progenitores tienen sobre ellos.

Es ineludible y urgente realizar reformas legales, especialmente de la patria potestad, estableciendo causas tasadas de privaci¨®n (en lugar de la mera suspensi¨®n de ejercicio, como ocurre actualmente) que faculten y obliguen a los responsables de protecci¨®n de la infancia a su aplicaci¨®n. Es inconcebible un sistema como el vigente, donde un padre o madre que no se preocupa por sus hijos y permite que est¨¦n institucionalizados pueda rechazar la convivencia del menor con otra familia; y, cuando el acogimiento familiar se produce sin su consentimiento, se generan en el hijo graves conflictos emocionales y de lealtades parentales. Es imprescindible que la gesti¨®n y la defensa de la infancia desfavorecida est¨¦n presididas por las garant¨ªas de los derechos de los propios menores, diferentes a los de la familia en que nacieron. En la actualidad este control est¨¢ en manos de las fiscal¨ªas de menores con deficiencias singulares.

El sistema de protecci¨®n debe evolucionar para convertirse en estrategia de pol¨ªticas sociales de futuro. Para ello los costes deben ser considerados verdaderas inversiones y no meros gastos solidarios o asistenciales. Es preciso avanzar en modelos de gesti¨®n integral con apoyos t¨¦cnicos multidisciplinares suficientes, unidos a mecanismos de seguimiento y control efectivo para que los ni?os se desarrollen en el seno de una familia. Para ello ser¨ªa preciso modificar las leyes permitiendo que las administraciones competentes puedan establecer directamente los acogimientos familiares de los menores, sin previa autorizaci¨®n judicial, sin perjuicio del derecho de las familias biol¨®gicas a recurrirlo. Los derechos del menor no son los ¨²nicos que deben tenerse en cuenta en el nuevo marco, pero s¨ª son los m¨¢s importantes.

Mar¨ªa del Mar Calvo es abogada y presidenta de las asociaciones de padres adoptantes Daga y Laluna. www.unionlaluna.org